La nota rosa
Por Flor Tapia
El problema migratorio tiene a la población fronteriza del país en una situación de angustia que no acaba de resolverse. La presión que el gobierno del presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha impuesto al gobierno mexicano es un factor importante. A la orden de detener a los migrantes como sea, López Obrador respondió inmediatamente recurriendo a su ejército, cerrando las fronteras del país y forzando un hacinamiento que ha hecho victimas a los mexicanos en su propia tierra. La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) repatrió a 70 haitianos en septiembre pasado, no se aclaró las condiciones políticas acordadas entre ambos países, pero se difundió que fue de manera voluntaria, a pesar que, apenas horas antes, el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmara que los haitianos “no podían regresar a su país de origen debido a la vulnerabilidad de su situación”. Inmediatamente se anunció la mesa de diálogo permanente “para atender a las necesidades de las personas de origen haitiano”, amabilidad que no se hizo extensiva a los hondureños, la segunda nacionalidad que más llega a nuestro país con el propósito de cruzar a Norteamérica, tal vez, porque si algo dejaron en claro los haitianos es que vienen de la muerte y no temen enfrentarla. Los soldados dan cuenta de ello. A Quintana Roo han llegado este diciembre 500 haitianos que ya se encuentran instalados esperando la documentación que permitan su estadía en México. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que hay 244 millones de inmigrantes en el mundo, de los cuales el 65% son hombres y mujeres que han abandonado la fuerza laboral de sus países de origen. El aumento de conflictos, persecuciones y hasta el cambio climático son factores que provocan el éxodo de un país. Lo que el migrante busca en muchos casos, más allá de una mejor vida, es sobrevivir. La migración que enfrenta México es una crisis humanitaria y el canciller Marcelo Ebrard en carrera por la sucesión, no ha considerado merecedor de su atención este conflicto. Mientras otros países con el mismo problema han puesto sobre la mesa el tema para realizar políticas públicas que controlen mejor el flujo migratorio, nuestro gobierno se convence de que no hablar del tema lo erradica. La migración es parte del proceso demográfico del mundo y un derecho ejercido por muchos de nosotros. Quintana Roo está conformado de migrantes de todas partes del país y del hemisferio, pero no todos los que entran a este destino lo hacen con buenas intenciones, y esto se convierte en un factor que incrementa la criminalidad. Durante años, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha hecho un enorme negocio permitiendo el ingreso ilícito de cientos de migrantes que engrosan las filas de organizaciones delincuenciales en complicidad con autoridades de los tres niveles. Algunos de estos personajes figuran como operadores de este gobierno estatal, constan las denuncias de empresarios que fueron defraudados. Es una situación irresoluble porque la autoridad migratoria, aduanas, poder judicial federal y estatal, corporaciones policiacas, congreso, guardia fronteriza, altos mandos del ejército y el gobierno estatal, lejos de combatir la crisis, la fomentan.
