- Siendo diputado federal de MORENA obtuvo una concesión de frente de playa en Tulum, que ahora pretende arrendar por 250 mil dólares al año.
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Un nuevo escándalo internacional afecta la imagen de los centros turísticos de Quintana Roo, particularmente al de Tulum, donde un hotel y 18 de sus huéspedes de origen estadounidense, recurrieron al amparo de la justicia federal mexicana porque fueron victimas de vejaciones daños materiales, robos y vejaciones por parte de policías que llevaban el rostro cubierto, hechos ocurridos el pasado de primero de octubre, de acuerdo a un reporte difundido este jueves dos de diciembre por la agencia española de noticias EFE, fechado en la Ciudad de México.
Las autoridades informaron el 2 de octubre que se trató de un aseguramiento de bienes inmuebles derivado de acciones judiciales, sobre la propiedad de los mismos. En este asunto, se encuentra involucrado nada más ni nada menos que el exdiputado federal Luis Alegre Salazar, quien se encuentra en campaña para alcanzar la candidatura al gobierno del estado de Quintana Roo por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Hasta el momento las autoridades no han informado con precisión del motivo de la incursión a las instalaciones del hotel El Pez, donde además, se decomisaron bienes privados, de acuerdo a la demanda a la que tuvo acceso EFE. https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-justicia_denuncian-allanamiento-de-hotel-en-m%C3%A9xico-que-afect%C3%B3-a-18-ciudadanos-de-eeuu/47162054
El cable informativo que recorre las redacciones de medios internacionales desde el pasado dos de diciembre, dice que la operación involucró a elementos que parecían “paramilitares fuertemente armados” porque traían el rostro cubierto sin identificación oficial y removieron “a la fuerza” a los huéspedes y trabajadores “a punta de pistola”, de acuerdo a la demanda de amparo que presentó el equipo jurídico del Grupo Colibrí Boutique Hotels.
La misma demanda se dice que posterior al operativo se identificaron los hombres armados como policías estatales de élite, por lo que la empresa hotelera señala que se trató de una incursión gubernamental ilegal a una propiedad privada.
“Mismos actos que resultan ilegales, inconstitucionales e inconvencionales, y violatorios de los Derechos Humanos y Garantías Individuales de la parte quejosa consagradas en los Artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución”, se dice en la demanda de amparo que tiene en su poder EFE.
Además, el Grupo Colibrí Boutique Hotels denunció que mientras su hotel estaba resguardado por las autoridades, hubo saqueos de muebles y vehículos tipo todo terreno (ATVs, por sus siglas en inglés).
Al ser víctimas ciudadanos estadounidenses la empresa hotelera ha determinado que llevará el asunto a instancias de Washington.
“La situación es extremadamente inusual porque no hay un título (de propiedad) en disputa y porque una fuerza policial de élite altamente entrenada y controlada por el Estado se usó para tomar posesión a la fuerza a las 3.00 horas (8.00 GMT) para desalojar a ciudadanos estadounidenses y trabajadores”, denunció John Kendall, dueño del Grupo Colibrí Boutique Hotels, de acuerdo a EFE.
Kendall, quien es ciudadano estadounidense, ha exigido a la FGE que explique las razones por las que han confiscado propiedad del hotel, que las autoridades llevan 60 días sin devolver.
“Esperamos que el sistema legal apoye nuestras peticiones para que se regresen nuestras pertenencias a la brevedad, pues este evento no puede resistir el escrutinio legal al que será sujeto por el sistema federal de justicia, que a lo largo de los años hemos encontrado incorruptible”, se dice en el cable que la agencia de noticias española EFE difundió entre sus suscriptores, entidad que tiene los derechos de autor de este contenido.
En su momento, la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que ese día asegurpo tres predios en Punta Piedra, entre ellos el hotel El Pez, donde trabajadores y turistas fueron desalojados del lugar.
Alrededor de las siete horas, unos 30 agentes ministeriales, procedentes de Playa del Carmen, realizaron el aseguramiento en el kilómetro 5.5 de la carretera Tulum-Boca Paila.
Cabe recordar, como es del dominio público y que, además, se ha publicado en diversos medios de comunicación que existe una propuesta de venta de El Pez Boutique Hotel, ubicado en Tulum, propiedad de una Sociedad Anónima al grupo Nikki Beach.
De concretarse esa venta los predios se destinarán para la construcción de un hotel de 5 estrellas, con 90 suites, albercas, bar y restaurante, por la cantidad de 18 millones 381 mil dólares.
Aquí es donde aparece Luis Alegre Salazar, porque los posibles compradores le enviaron a él la propuesta como arrendador, por ser el concesionario de la Zona Federal Marítima (Zofemat) por 15 años, por la cual se le pagaría la cantidad de 250 mil dólares al año.
En Tulum todo mundo sabe, que El Pez Boutique Hotel por mucho tiempo utilizó ese frente de playa de manera ilegal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), durante una inspección realizada en el año 2020, dijo que se “percató” de la irregularidad, por lo que sancionó al referido hotel. Sin embargo, solo unos cuantos meses pasaron para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informara de la existencia del título de concesión por este frente de playa, de 8 mil 649 metros cuadrados, a nombre del entonces diputado federal de Morena, Luis Alegre Salazar.
Mientras Luis Alegre Salazar y sus socios resuelven sus diferencias en el ámbito judicial, alguien le debe explicar al juez que revisa la demanda de amparo, así como a la embajada de Estados Unidos en México, sobre los agravios que sufrieron los ciudadanos estadounidenses al ser desalojados del hotel sin tomar en cuenta su calidad de turistas. Pero por este nuevo golpe a la imagen de Quintana Roo, alguien debe asumir su responsabilidad.
