Casos como éste se registran en un año en el que se espera una mayor participación de las mujeres en la contienda, sin embargo, hasta el momento se registran 21 sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género fue abierto en diciembre pasado por el INE, como un instrumento que permite verificar a los aspirantes a un cargo de elección popular.
De acuerdo con esta base de datos, de diciembre a la fecha, 21 personas han sido sancionadas por incumplir los lineamientos en materia de violencia política en razón de género.
El registro muestra que 17 de los infractores son hombres y cuatro mujeres; ocho corresponden a aspirantes a un cargo de elección popular, cuatro a servidores públicos y ocho a “otros”.
Además, 12 de los casos son del ámbito municipal y nueve a nivel estatal. Por entidad, se tiene que Veracruz es donde más asuntos se han reportado (9), seguido de Campeche (5), Quintana Roo (3) y Yucatán (2); en tanto que Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sonora tienen un caso.
La mayoría de las denuncias fueron resueltas por tribunales electorales locales y los organismos públicos de las entidades federativas (OPLES).
El registro de sanciones se abrió con dos personas en la lista: Felipe Mora Hernández, alcalde de Campeche acusado por una síndica por obstrucción a sus funciones, y Alejandro Ochoa Valencia, exedil de Colón, Querétaro, señalado por una diputada de hostigamiento.
De los casos que destacan en este registro es el mencionado de los tres funcionarios de Isla Mujeres, Quintana Roo, contra Atenea Gómez Ricalde.
Se trata de Merced Ortiz Maya, director de Protección Civil de Isla Mujeres, su sobrino Ángel Antonio Ortiz Franco y un amigo identificado como Cristian Alberto Ojeda Chuc. Estas fueron las primeras sanciones que se resolvieron en materia de violencia política contra las mujeres en el actual proceso electoral.
Las otras personas que aparecen en la “lista negra” del INE son:
- Blanca Guadalupe Lizzet Uc Martínez, consejera de Morena en Campeche.
- Carlos Enrique Ucán Yam, consejero de Morena en Campeche.
- Dezert Iván Martín Barrera, tesorero del Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán.
- Ernesto Ruiz Flandes, alcalde de Altotonga, Veracruz (con cuatro sanciones).
- Javier Castillo Vivero, alcalde de Alto Lucero, Veracruz.
- José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, director del Diario de Acayucan, en Veracruz.
- Lázaro Avendaño Parrilla, alcalde de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.
- Magdaleno Luis Camacho Fuentes, periodista local en Hidalgo.
- María del Carmen Molina Chable, consejera de Morena en Campeche.
- Mildred del Jesús Can Hernández, consejera de Morena en Campeche.
- Natividad Matías Morales, alcalde de Santa Cruz Amilta, Oaxaca.
- Samuel Uc Poot, alcalde de Chichimilá, Yucatán.
- Sergio Jesús Zaragoza Sicre, creador de un perfil de Facebook en el que ejerció violencia política contra la actual senadora Lilly Téllez.
Todas estas personas permanecerán en el registro de tres a seis años, dependiendo la falta o si es reincidente.
Los lineamientos del INE establecen que las sanciones aumentarán cuando la violencia política en razón de género sea ejercida por funcionarios, aspirantes a una candidatura, precandidatos, candidatos y profesionales de medios de comunicación.
También cuando la violencia se ejerza en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, afromexicana, de la tercera edad, de la comunidad LGBT+ o con discapacidad.
En el caso del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que cometió violencia política en contra de la legisladora Adriana Dávila, no figura en el registro de personas sancionadas del INE.
Esto es porque al momento de los hechos y de la resolución aún no se aprobaban los lineamientos. Sin embargo, el Tribunal le ordenó ofrecer una disculpa pública y, de no hacerlo, podría ser incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Fuente: Expansión
