El Gobierno de Solidaridad que dirige la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, está listo para el nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Así se constató ayer, en una sesión que tuvo lugar en Playa del Carmen, y en donde, de acuerdo a informes de la secretaria de Justicia Cívica y Convivencia Humana, Miriam de Ita Hernández, se analizaron los mecanismos correspondientes y los avances para la implementación de este nuevo modelo, entre los cuales se encuentran: la presentación del proyecto de la construcción del Centro de Justicia Cívica y Mediación, el área de mediación y las celdas para infractores.
En dicha reunión acudieron el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), David Pérez Esparza; la directora ejecutiva de INSYDE, Laura Díaz de León; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Robles Aguilar, y Alfredo Paz Cetina, Secretario General del Ayuntamiento, quien participó en representación de la presidenta municipal.
Al respecto, la comisión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoció la implementación de estas medidas, así como los operativos y esfuerzos de profesionalización de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como que Solidaridad sea uno de los pioneros de la implementación del nuevo sistema de Justicia Cívica Municipal a Nivel Estatal y del Sureste de México.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jorge Robles Aguilar, indicó: “La implementación del modelo homologado de Policía y Justicia Cívica, fortalecerá el trabajo conjunto entre la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General tanto del Estado como de la República”.
Se propone que con esto la justicia cívica pase de ser un esquema de reacción, sancionador y hasta recaudatorio, a un instrumento social para transparentar la justicia, construir capital social, y, al mismo tiempo, fortalezca las capacidades de las policías municipales y estatales, y abone esto a prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, disminuir la incidencia delictiva e incrementar la confianza de la población solidarense en las instituciones de seguridad pública.
