Por Carlos Barrachina Lisón
8 de marzo 2018
El día 8 de diciembre del 2017 se volvió a demandar por parte de un grupo de ejidatarios, ante el Tribunal Superior Agrario, en este caso, al recién nombrado Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. El expediente 624/2017 solicita la nulidad del acta de asamblea de 10 de septiembre de 2017, demandando a las autoridades ejidales integradas por Juan Manuel Herrera, Helberth Felipe Lavadores Moo y Linda Argaez Calderón (Presidente, Secretario y Tesorera del Comisariado Ejidal). Las razones de esta petición son que, en el traspaso de poderes, de una administración a la otra, no hubo rendición de cuentas del comisariado ejidal saliente respecto a la venta de diversos terrenos entre el 24 de agosto del 2014 y el 10 de septiembre del 2017. Además, se solicita la nulidad del poder otorgado al Presidente del Comisariado Ejidal y al Presidente del Consejo de Vigilancia para que en nombre del ejido realicen ventas a terceros (ello ya había sucedido en la asamblea del 5 de diciembre del 2014 y anteriormente). La primera audiencia de este expediente abierto, debía haberse realizado el pasado 6 de marzo, pero se pospuso por la inasistencia de los demandados, y ahora se está esperando la fecha de la nueva convocatoria. Hay que señalar que en este momento Juan Manuel Herrera es precandidato a la Presidencia Municipal de Bacalar representando a MORENA y Linda Argaez es precandidata a la Segunda Regiduría representando al Partido Acción Nacional en el mismo municipio.
El día 11 de diciembre, como se ha señalado en otras columnas se celebró finalmente la primera audiencia del expediente 402/2011, en el que se impugnaba el acta de asamblea de 30 de noviembre del 2008, por la que se parcelaba un importante sector del Ejido. Éste juicio del Tribunal Agrario puede tener notables consecuencias por la importancia política de muchos de los que compraron terrenos en la orilla de la laguna de Bacalar. El último nombre que se ha añadido a la lista de “notables” que compraron terrenos es Alberto Pérez Blas, padre de Giselle Pérez Blas Pérez, del despacho Auguru Estrategia y Comunicación, y colaboradora muy cercana de Carlos Joaquín González, que adquirió un terreno a orilla de la Laguna el 20 de agosto del 2016. Éste es uno de los casi 215 actos de compraventa que se estima se han realizado sin rendir cuentas a los ejidatorios del Aaron Merino Fernández.
Los ejidatarios quieren claridad y rendimiento de cuentas. La importancia política de muchos de los compradores, hace sospechar, en algunos casos, del intento de compra de favores políticos. En cualquier caso, los beneficios económicos de la venta de estos terrenos no han llegado a los ejidatarios, que no tienen información sobre lo que ha estado sucediendo.
En las siguientes líneas voy a documentar tres casos de compraventa que evidencian situaciones muy disímiles, y que hacen presumir a los ejidatarios de que las cosas no se están haciendo de forma adecuada.
El 20 de agosto del 2016, en la notaría pública 60 de Playa del Carmen, de la que es titular Maria Cristina Torres Gómez, actual Presidenta Municipal de Solidaridad, se elaboró la Escritura Pública número 1773, registrada en el Volumen 8, Tomo C. En este documento se hacía constar la compraventa de un terreno por parte de Alberto Pérez Blas a Román Guzmán González y Braulio Yam Cohuo (apoderados especiales del ejido en su calidad de presidentes del Comisariado Ejidal y del Comité de Vigilancia). El predio ubicado en el Lote 224, manzana 1, de la Región 5 tiene 20 metros de orilla de la Laguna de Bacalar y 100 metros de profundidad. Su superficie es de 1,740.19 metros cuadrados. Con clave catastral 01020150001000224 el avalúo del terreno ascendió a un valor de 469,927.96 pesos, y el de una construcción que se encuentra en el lote a 25,200.00 pesos. Pérez Blas, al que representaba en el juicio del 11 de diciembre el licenciado Alfredo Caamal Huchin, representante del partido joaquinista “Confianza”, pagó un total de 497.000.00 pesos en efectivo.
Por otra parte, el 9 de junio del 2017, en la notaria 43 de Chetumal, de la que es titular la cuñada de Eduardo Ovando, Dolores Rivera, se inscribió la escritura pública número 3,414 (Libro cinco, volumen XVII). En este caso Román Guzmán y Braulio Yam Cohuo (del que se señala que designa al primero para que le asista porque no sabe leer ni escribir), hacen una operación algo más compleja. Le venden a Alejandro Fernando Apellaniz Campo un terreno del que se señala que desde el día 7 de diciembre del 2005 había un contrato de cesión de derechos; para posteriormente en el mismo documento vender el mismo lote por un valor muy superior a Francisco Javier García García, Alfredo Medina Chemor, Carlos Eduardo Alcocer Lamm y Ricardo Medina Chemor.
En este caso el Lote número 236, perteneciente a la manzana 1 de la Zona 5, que tiene 33 metros de laguna y 100 metros de fondo (3,304.94 metros cuadrados) es evaluado por el municipio por 654,500.00 pesos. La clave catastral del Lote es 01020140001000236. Se determina que Apellaniz compre al ejido este terreno por un valor de 600,000.00 pesos; y éste lo vende en 3,020,000.00 pesos a los señores anteriormente señalados.
El tercer caso es del año 2013, y contrasta con los dos primeros de una forma muy interesante, porque pareciera que el avalúo de los terrenos fuera mayor en años anteriores, de lo que es en la actualidad.
Nuevamente en la notaría 43 de Chetumal, en este caso Juan Manuel Herrera y Manuel Jesús Poot proceden a la venta de un lote. La escritura pública que ampara el contrato de compra venta es la 1,261 (Libro Cinco Vol VII), y la operación se realiza el día 10 de abril del año 2013. Los compradores son Luis López Antunez Hassey e Irma Hassey Pérez Cano.
Los líderes ejidales proceden a vender la segunda parcelación de un terreno que originalmente tenía 30 metros de Laguna y 100 de fondo de 3,587.31 metros cuadrados. El Lote 163 de la manzana 1, correspondiente también a la zona 5 y con clave catastral 01020140001000163, había sido subdividido el 5 de julio del 2011. Vendida una parte, quedada en manos del ejido el nuevo Lote 279, con 100 metros de fondo y 15 de laguna (2,087.81 metros cuadrados), y con clave catrastal 01020150001000279. El avalúo realizado por un perito certificado del Gobierno del Estado de Quintana Roo fue por un valor de 2,090,000.00 pesos; que es lo que pagaron los compradores.
Este es un pequeño ejemplo, perfectamente documentado, de las razones por las que un grupo de ejidatarios desconfía, y están interponiendo demanda tras demanda, tratando de que se aclaren las cosas y de que los beneficios ejidales lleguen a todos los integrantes del núcleo ejidal. El poder político ha estado siempre cerca de los líderes ejidales, que llevan años reeligiéndose de forma alterna, y ello posiblemente ha dificultado que muchas de las quejas hayan prosperado.
