Carlos Barrachina Lisón
8 de julio 2017
Es difícil exagerar el grado de deterioro moral en el que la clase política quintanarroense se ha ido sumergiendo en los últimos años. Esta semana nos despertamos con la fotografía de Román Guzmán González y Juan Manuel Herrera -el priista que quiere ser candidato a presidente municipal de Bacalar por MORENA-, chantajeando a todo el municipio “clausurando” por sus pistolas el basurero de Bacalar. No es una broma macabra, ni la acción tiene nada que ver con una posible autoproyección, o con una metáfora ocurrente.
Estos dos “caciques” del ejido Aaron Merino Fernández, bloquearon de forma “indefinida” el derecho de los ciudadanos a usar este espacio como basurero municipal, señala la nota de Luis Enrique Tuz; sin embargo, no les acompañaba en ese momento Edmundo Gómez Trejo (desde el año 2002, el comisariado ejidal siempre ha estado en manos de alguno de los tres). Periodistas locales afirman que ésta es la estrategia habitual que utilizan, de tanto en tanto, para presionar y conseguir que se cumplan “favores personales” que solicitan. El día 30 de septiembre del año 2007, el ejido donó diez hectáreas de terreno durante treinta años para la instalación del relleno sanitario municipal. ¿Dónde encontramos la ambigüedad del acuerdo?
Félix González Canto y Roberto Borge Angulo los protegieron durante años, y es posible que la presencia en el gobierno de Carlos Joaquín González, de Marcelo Carreón Mundo, íntimo amigo de Román Guzmán, pueda hacerles pensar a estos políticos, que todavía pueden seguirse comportando con impunidad.
A pesar de la “ocurrencia” de esta semana, sin embargo, el “bacalargate” no tiene que ver con “basura”; por lo menos con “desechos urbanos”. Este caso de corrupción y caciquismo permitido a lo largo de los años, tiene que ver con tierras y con dinero. Bacalar no escapó a la locura transexenal de la apropiación por parte de unos cuantos del patrimonio de la mayoría. Todo ello fue cubierto y permitido por las máximas autoridades del estado. Lo más lamentable es que de forma recurrente ha salido en las páginas de la prensa local, y ha sido bien documentado; sin embargo, no ha habido hasta la fecha la voluntad política para enfrentar el problema.
El día 16 de mayo del año 2011 Roberto Borge Angulo, recibió una carta de un grupo de ejidatarios, señalándole toda una serie de irregularidades y actos supuestamente constitutivos de delito, de los líderes del ejido Aaron Merino Fernández (en otra columna detallaremos lo que se señala en ese oficio de petición, y los casos que se señalan). Félix González Canto había recibido tres oficios petitorios al respecto y nunca respondió, por lo que los agraviados solicitaron a Borge Angulo su apoyo para demandarlo judicialmente.
Poco antes, en el mes de marzo, ejidatarios “inconformes” habían presentado una denuncia en contra de la notaria 43, Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, solicitando la revocación de su patente como notaria. Las razones eran, entre otras, no “excusarse” de desarrollar su actividad profesional con el ejido, a pesar de que su suegra, Emilia Molina Castro, había adquirido en el año 2008 un terreno de 2,278 metros cuadrados, con 36.9 metros lineales de orilla de la Laguna de Bacalar, por un valor de 39 mil 600 pesos; y también, por supuestamente asesorar para cometer “ilícitos” a los líderes ejidales señalados. El que sí se recusó a resolver fue el entonces secretario de gobierno, Eduardo Ovando, por ser cuñado de la notaria en cuestión. Tampoco resolvió nada Vicente Aguilar Rojas, director general de notarías, y yerno del secretario de gobierno de ese entonces.
El día 14 de junio del 2011 el periodista Juan Rodríguez, publicaba en el diario “Por Esto”, un artículo en relación al inicio del litigio abierto en el Tribunal Unitario Agrario, por diferentes predios costeros de Bacalar que se registraron notarialmente, de forma cuestionable en el año 2008 (entre ellos siete escriturados a nombre de familiares de Edmundo Gómez Trejo; otros siete a parientes o prestanombres de Juan Manuel Herrera; seis de Román Guzmán; y cuatro a nombre de personas que habían prestado “servicios” al ejido, como el de un hijo de Marcelo Carreón Mundo). Muchos políticos “importantes” tuvieron que declarar a raíz de este proceso, por haber adquirido un terreno en Bacalar, como documentó Miguel Ángel Fernández, en las páginas del “Por Esto”, el 5 de junio del año 2012.
Rodríguez nos recuerda, en su columna, que el domingo 12 de junio del 2011, las autoridades ejidales cancelaron una asamblea importante, en la que tuvo que estar presente la policía estatal, por no contar con la mayoría para imponerse. Curiosamente, tres días después, el día 15 de junio del 2011 Edmundo Gómez Trejo se compraba a “si mismo”, veintiocho terrenos de aproximadamente una hectárea de terreno cada uno, pertenecientes al ejido Aaron Merino Fernández. Según se relata en el acta pública levantada por la notaria Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, número cinco mil novecientos cincuenta y siete (libro cuatro, volumen XXIII) Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González vendieron a Edmundo Gómez Trejo doce terrenos con una superficie de 83 mil 097 metros cuadrados a un costo de 206 mil 850 pesos. Los testigos fueron Juan Manuel Herrera y Hermes Gómez Koyoc. Por otra parte, siendo el día, los vendedores, el comprador y los testigos los mismos; en el acta cinco mil novecientos cincuenta y seis (libro tres, volumen XXIII), se daba cuenta de la venta de dieciséis terrenos con una superficie de 145 mil 477 metros cuadrados a un costo de 350 mil 965 pesos.
Como ya se señaló, en la primera columna de esta serie; un mes después, el día 13 de julio, Juan Manuel Herrera y María Trinidad Guillén Núñez, registraron ante la misma notaria, sendos contratos de compraventa con el ejido, representado éste por Edmundo Gómez Trejo y Román Guzmán González. Juan Manuel Herrera adquirió 26 lotes, que sumaban entre todos 221 mil 064 metros cuadrados, pagando por todos ellos la cantidad de 527 mil 200 pesos. María Trinidad Guillén adquirió cinco lotes con una extensión total de 44 mil 312 metros cuadrados, pagando por ellos 108 mil 400 pesos. Poco tiempo después, el día 11 de septiembre se producía el “relevo” de las autoridades del ejido, entrando el propio Juan Manuel Herrera como presidente del comisariado ejidal, y Manuel de Jesús Poot Coboj como presidente del comité de vigilancia.
Según los ejidatarios, el dinero de la venta de estos lotes, que no fue aprobada en asamblea, nunca llegó a las cuentas comunes. Lo más grave, sin embargo, no era este hecho; sino el precio “ridículo”, en la que se vendieron estos terrenos. Mientras que, en 2010, Erasmo Barrera, precedente en estas ventas, pagó 69.08 pesos por metros cuadrados; Herrera y Guillén no pagaron más de 2.41 pesos por metro cuadrado; afectándose con ello severamente el patrimonio de la comunidad ejidal. Edmundo Gómez Trejo había pagado más o menos lo mismo por sus terrenos un mes antes.
Los dos caciques del ejido Aaron Merino Fernández, adquirieron en estas “operaciones”, una cantidad similar de terreno, por un precio parecido; lo que evidencia que había un acuerdo de reparto de tierras a un precio privilegiado, sin el conocimiento, ni beneficio de los ejidatarios.
Estos hechos lamentables, pareciera que se han hecho frecuentes en el estado de Quintana Roo. Esperemos que por lo menos en estos aspectos, el cambio político que demandó la gente, cuando sacó al PRI del poder, se visualice con la actuación de las autoridades, clarificándose estos casos y haciéndose justicia. Tendremos que ver si estos personajes logran seguir desarrollando su influencia política desde otras plataformas electorales, como pretenden, o si todas estas situaciones irregulares les pasan factura.
