La Ministra Yasmín Esquivel propuso a sus colegas de la Segunda Sala fallar contra ese impuesto que se creó en Nuevo León en 2017, y que en los últimos años fue adoptado por múltiples entidades, incluida la Ciudad de México, donde entró en vigor en 2020.
Actualmente Nuevo León cobra a los clientes 10 por ciento del monto de sus apuestas, y a los casinos, 6 por ciento sobre valor total de apuestas recibidas, por lo que en su Ley de Ingresos 2020, espera recaudar 520 millones de pesos por el primer impuesto, y 98 millones por el segundo; ambos equivalen al 5.5 por ciento del ingreso previsto por impuestos locales.
Además de que las empresas ya no tendrían que cobrar el 10 por ciento a sus clientes, ni pagar el 6 por ciento que les corresponde a ellas, el Gobierno de Nuevo León tendría que devolverles lo que pagaron por este último impuesto desde 2017, con intereses.
La Ciudad de México solo cobra el 10 por ciento a los apostadores, y en 2020 espera obtener 431.8 millones de pesos, equivalentes al 0.7 por ciento de su ingreso por impuestos.
El proyecto de sentencia de la Ministra argumenta que la Constitución reserva a la Federación, desde 1947, la facultad de legislar sobre juegos con apuestas y sorteos.
De ser aprobados estos planteamientos, los amparos en trámite beneficiarán a Apuestas Internacionales, filial de Televisa que opera tres casinos en N, y a Players Palace, operadora del Casino Revolución. El pasado 11 de septiembre, la Sala desechó, por tres votos contra dos, un proyecto del Ministro Fernando Franco que avalaba el impuesto de Nuevo León.
En esa ocasión, votó en la mayoría el ahora ex Ministro Eduardo Medina Mora, por lo que ahora, el voto decisivo lo tendría el Ministro Luis María Aguilar, quien se reintegró a la Sala en enero.
La Ministra ponente plantea ahora que el impuesto estatal sobre casinos tiene una contradicción de origen.
“Por una parte, se crearon los impuestos reclamados al identificar una industria en crecimiento económico que permitiría incrementar la recaudación; pero por otra, se crearon para desincentivar el juego con apuestas”, explica el proyecto.
“Es clara la contraposición entre medios y fines”.
En 2017, cuando se implementó el impuesto, en Nuevo León fue asesinado Rogelio Garza Cantú “El Diablo”, apoderado legal del Casino Revolución y quien en investigaciones locales fue vinculado con el crimen organizado.
Fuente: Reforma
