La organización Opus Magnum México presentó un recurso jurídico para notificar al Juzgado Octavo de Distrito, que la suspensión que dictó para prohibir la corrida de toros celebrada el 20 de diciembre pasado en la ciudad de Cancún, fue desacatada por el ayuntamiento de Benito Juárez, violación que podría costar a la alcaldesa, “Mara” Lezama y al secretario general de la comuna, la destitución del cargo, la inhabilitación e incluso la cárcel.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la presidenta de la agrupación, Flor Tapia, informó que ayer fue presentado un “incidente de exceso o imperfección” en el cumplimiento de la suspensión otorgada por el Juzgado.
Dicha suspensión ordenó a la presidenta municipal, a su secretario general y al director de Fiscalización, “prohibir o impedir”, la celebración de la corrida taurina que contó con la participación de Pablo Hermoso de Mendoza y de Diego Silveti, en la Plaza de Toros de Cancún.
Tapia Pastrana afirmó que notificaron a las autoridades municipales, sobre la suspensión, minutos después de las 13 horas, en paralelo a la conferencia de prensa en la que anunciaron que la corrida de toros no podría llevarse a cabo.
Sin embargo, a las 20 horas, el evento inició y se realizó hasta el final; tres de los cuatro toros utilizados, murieron como parte de la faena, mientras que el último fue indultado. Pese a que elementos de Fiscalización clausuraron las taquillas y a las 20 horas se auxiliaron de la fuerza pública para tratar de frenar el espectáculo, éste se desarrolló.
“Esto es muy delicado porque, como lo dijimos, se trata de una violación a la Ley de Amparo y, conforme a su artículo 262, fracción III, la presidenta municipal y su secretario del ayuntamiento (Jorge Aguilar Osorio), podrían enfrentar una pena de tres a nueve años de prisión, la destitución de sus cargos o la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, de así considerarlo el juez”, expresó.
A pregunta expresa, la activista dijo confiar en la firmeza del juez, para no dejarse sorprender por “simulaciones”, toda vez que el gobierno municipal desplegó tardíamente a personal de Fiscalización para cerrar taquillas y clausurar la corrida con elementos de Seguridad Pública, una vez que ésta terminó.
“No pueden decir que intentaron impedir la corrida de toros, cuando les colocaron a policías a los taurinos, para agilizar el tránsito en la Plaza y permitir que se estacionaran; o sea, distrajeron a los policías para eso, mientras la ciudad arde en sangre.
“Todo fue una simulación. La alcaldesa se deshizo en discursos asegurando que no habría corrida y al final se llevó a cabo. Lo que vimos fue un escenario de indiferencia, de inexperiencia política y se soberbia”, sostuvo.
Luego de la presentación del incidente, el Juez Octavo solicitará informes a las autoridades que presuntamente incumplieron la suspensión por él emitida y, en un plazo de nueva a 10 días, resolverá lo procedente.
Niega desacato el gobierno municipal de Cancún
Consultado sobre el tema, el Ayuntamiento de Benito Juárez rechazó haber incumplido la orden del juez y responsabilizó a los promotores de la corrida de toros, de haber incurrido en un acto ilegal.
El gobierno municipal informó que, “en estricto cumplimiento del orden legal” clausuró el evento en la Plaza de Toros de Cancún, de acuerdo a lo dispuesto, no sólo por la suspensión emitida por el Juzgado Octavo de Distrito, sino también derivado de lo dictado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que dejó sin efecto la protección que había otorgado a los promotores de la corrida taurina.
La comuna omitió precisar que la clausura se concretó, una vez que la corrida terminó.
Dos días después, la Plaza de Toros fue inspeccionada y clausurada, al incumplir con requisitos en materia de seguridad y protección civil, lo cual fue notificado al TJA, que el 19 de diciembre modifica la medida cautelar y la deja sin efecto.
El día de la corrida el Ayuntamiento fue notificado, además, de la suspensión del Juzgado Octavo, que les ordenaba impedir el evento, “por lo que la Dirección de Fiscalización y de Protección Civil procedieron a realizar las visitas de inspección levantando constancias de sus diligencias, de igual forma se les conminó a que se abstuvieran de realizar el evento y se clausuró la taquilla”.
Ante “la resistencia” de los promotores a cancelar la corrida, la autoridad ingresó a la Plaza de Toros para imponer los sellos administrativos de clausura, reiteró el área jurídica de la comuna, sin aclarar nuevamente, que ello sucedió ya que el evento estaba concluyendo.
Fuente: El universal
