Necesariamente incomoda
Graciela Machuca Martínez
Mientras en México, quienes integramos el gremio periodístico estamos enfrentando una serie más de agresiones orquestada desde los poderes formales y sus aliados, este 2 de noviembre se conmemoró a nivel global el Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, declarado por la Asamblea General de la Organizaciones Unidas (ONU).
Es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la ONU (Unesco), la agencia internacional de promover esta fecha y organizar actividades tendientes a que este flagelo del Derecho a la Información, la impunidad, pueda superarse en todos los estados miembros de la ONU.
Como parte de estas actividades, la UNESCO, en coordinación con el gobierno mexicano, desarrollarán en la Ciudad de México, el próximo 7 de noviembre, el Seminario Internacional sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Regional para poner fin a la impunidad de los crímenes y a los ataques contra periodistas en América Latina.
Este encuentro de expertos tratará de determinar estrategias para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad en América Latina, haciendo hincapié en la cooperación intrarregional.
De acuerdo a la información oficial, el seminario, reunirá a representantes del poder judicial, los mecanismos de protección, las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad civil y los medios de comunicación de México, así como a otros actores regionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los trabajos se desarrollarán en el Museo Nacional de Antropología.
La Unesco al realizar una recapitulación de la violencia contra periodistas en el mundo sostiene que el 90 por ciento de los responsables del asesinato de 1.109 periodistas en todo el mundo entre 2006 y 2018 no han sido condenados, de acuerdo al informe Intensified Attacks, New Defences [Ataques intensificados, nuevas defensas], publicado con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, conmemorado el 2 de noviembre.
El documento advierte un aumento del por ciento en los asesinatos de periodistas en los últimos cinco años (2014-2018) en comparación con el quinquenio anterior. Según el informe, la región de los Estados Árabes es la más mortífera para los periodistas (30% de los asesinatos en el mundo), seguida de América Latina y el Caribe (26%) y Asia y el Pacífico (24%). El informe muestra además que en los últimos dos años (2017-2018), el 55% de los asesinatos de periodistas ocurrieron en zonas no conflictivas. Esta tendencia ejemplifica la naturaleza cambiante de los asesinatos de periodistas, que a menudo son blanco de ataques debido a sus reportajes sobre política, crimen y corrupción.
Cifras en México, según la CNDH
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), volvió a hacer un llamado “a las autoridades de procuración de justicia para que resuelvan los casos de crímenes contra periodistas que permanecen en la impunidad –incluyendo los 13 homicidios ocurridos en los últimos once meses—por falta de investigaciones prontas, diligentes, profesionales y eficaces por las procuradurías y fiscalías del país, que no han tomado en cuenta como línea de investigación el ejercicio periodístico de las víctimas”.
El organismo público nacional defensor de los derechos humanos, advirtió que “la impunidad lacerante en el 90% de los casos de crímenes contra periodistas –solo en el 10% de los casos existe sentencia condenatoria— y las agresiones contra medios de comunicación tendrán solución si se atiende un problema multifactorial que pase necesariamente por disminuir la violencia e inseguridad que azotan algunas regiones del país, y se capacita y forma eficazmente en derechos humanos a quienes desempeñan un cargo público para que eviten descalificaciones y estigmatizaciones hacia quienes ejercen el periodismo”.
A través de un comunicado, en ocasión del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la CNDH puntualizó que si bien las personas que ejercen un cargo público gozan de la libertad de expresión, “ésta se encuentra sometida a diversas restricciones, una de las cuales es ejercerla con pleno respeto a las opiniones diversas, ante el riesgo de generar ataques contra periodistas por los sectores que ven tales descalificaciones como un permiso para agredir a la prensa”.
Cifras del mismo organismo indican que desde el año 2000 se han cometido 153 homicidios de periodistas (16 eran mujeres), 21 más se encuentran desaparecidos desde 2005 y se han perpetrado 53 atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde 2006, datos que dan cuenta del alto nivel de violencia que en México enfrentan los comunicadores.
Las entidades federativas con mayor número de homicidios contra periodistas son Veracruz, con 23 casos; Guerrero, 17; Tamaulipas y Oaxaca, 16 cada uno, y Chihuahua, 14, por lo que en estos cinco estados se concentra más de la mitad de asesinatos de periodistas.
SOS, autoritarismo contra periodistas en México
En la agenda para evitar y prevenir la violencia contra periodistas en México se encuentran en desarrollo actividades para legislar y elaborar políticas públicas eficientes a nivel federal estatal. Por ejemplo, en Quintana Roo se trabaja porque la ley de protección periodistas y personas defensoras de derechos humanos que abrogó la XV Legislatura, vuelva a entrar en vigor reformada y acorde a la realidad quintanarroense de Siglo XXI.
En esa agenda nacional también es la la lucha política y jurídica en contra del sistema judicial, que se ha convertido en vocero de los poderosos y ha sentenciado a varios periodistas e investigadores a que paguen por daño moral millonarias cifras a poderosos hombres de la política y de la iniciativa privada, sin tomar en cuenta el daño que se le hace al ejercicio de la Libertad de Expresión.
Los casos más recientes son la sentencias en contra del investigador y defensor de Derechos Humanos, Sergio Aguayo, quien fue demandado por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira; el juicio iniciado contra la Revista Proceso por Ricardo Salinas Pliego, empresario y asesor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
También quedó acreditado el acoso judicial del exgobernador del estado de México y ahora senador de la República, Eruviel Ávila, quien demandó por daño moral al periodista Humberto Padgett. Sentenciado en primera y segunda instancia, acudió a la justicia federal, la cual lo absolvió.
Pero mientras estos asuntos se discuten para evitar que se vuelvan a presentar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le echa más gasolina a la hoguera, cada mañana al construir un discurso de odio contra el gremio periodístico a nivel nacional.
Pero la semana pasada llegó a un nivel de autoritrismo muy grave para el quehacer periodístico y para la democracia en la que dice creer, al hacer uno más de sus berrinches por la cobertura informativa sobre el operativo militar en Culiacán, Sinaloa, luego del cual se dejó en Libertad a uno de los hijos de El Chapo Guzmán.
Durante la conferencia mañanera del jueves 31 de octubre, López Obrador, al recordar un episodio relacionado con el asesinato del expresidente de México, Francisco I. Madero y con el papel de la prensa antes y después de esos acontecimientos.
“De ahí surgió una frase fuertísima, que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda: ¿saben que llegó a decir Gustavo Madero (hermano del presidente). Le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca. Por eso se ensañaron con él, primero en Gustavo Madero y luego con su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de ls historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México”.
Al llamar a los medios de comunicación a actuar con ética y ser rigurosos con la información, manifestó: “Ya basta de amarillismo y espectacularidad”.
*Periodista en el estado de Quintana Roo, defensora de derechos humanos y consejera suplente del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.
