- Rubén Delfino Almorejo falsificó título y cedula de abogado, pero asegura que la edil lo sabía
- Además, reconoció ante Cabildo usar dos nombres
- Evidente corrupción tolerada por Beristain Navarrete
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitará a un Juez la orden de aprehensión en contra de RDAL, ex contralor municipal de Solidaridad, con base a la carpeta 284/2019, por los delitos de: falsificación de documentos y uso de documentos falsos, así como usurpación de profesiones.
El día de hoy 08 de octubre, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la audiencia inicial relativa a la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/OPB/08/088/2019, en contra del ex funcionario municipal, sin embargo, éste no se presentó y fue tuvo que ser representado por un defensor de oficio.
Al tomar el uso de la voz, el Ministerio Público realizó las manifestaciones por la ausencia del imputado en dicha comparecencia, previa lectura de las constancias de notificación.
El Juez resolvió que estaba debidamente notificado, pero no se justificó su ausencia y, bajo las condiciones de incomparecencia, dejó en salvaguarda los derechos de la representación social, a fin de que pueda solicitar, con base al numeral 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la conducción del imputado ante el órgano jurisdiccional, ya sea por orden de aprehensión o comparecencia.
En esta audiencia, a través de la defensa de RDAL, se advirtió que se cumplieron los requisitos del Artículo 82, fracción I, inciso d, del CNPP, razón para la cual la representación tuvo a bien recibir las indicaciones para conducir al imputado a la audiencia mediante dichas formas establecidas.
Falsificación y uso de documentos falsos, usurpación de profesión y el falseo de declaraciones son algunos de los delitos que habría cometido el supuesto abogado Rubén Delfino Almorejo López, a quien la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete impuso como contralor del Ayuntamiento de Solidaridad.
“La presidenta municipal sabía de los problemas que tenía con mi documentación y me ayudó a entrar como titular de la Contraloría”, afirma el propio Almorejo López, quien ayer arrastró en su mentira al Cabildo y a la alcaldesa, quien el 30 de septiembre de 2018, en la primera sesión solemne, propuso su nombramiento, al hacerlos corresponsables de diversos ilícitos en los que incurrió.
Además, dejó en evidencia su falta de conocimiento y preparación como fiscalizador. Lo más grave, según diversas fuentes, es que todos los documentos que firmó como abogado y contralor quedarán invalidados.
En rueda de prensa, en la que no lo acompañó ningún otro funcionario municipal, y con evidente nerviosismo, dejó en evidencia otras irregularidades, como el manejarse oficialmente con dos nombres: Rubén Delfino Almorejo López y también Rubén Fidencio Almorejo López, con los cuales obtuvo su RFC y la CURP, respectivamente.
Las inconsistencias se agravan con su cédula profesional, pues si bien dice ser egresado de la de la Universidad La Salle en la Ciudad de México, no pudo exhibir su título. Sin embargo, en la página de transparencia municipal estaba su cédula 1632102, que corresponde a María Rosa Guadalupe Meléndez Pacheco, de la Universidad del Norte, quien en 1992 se tituló como Contador Público y Auditor, cuando Almorejo López señaló en su ficha curricular ser Licenciado en Derecho y, como tal, incluso se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal.
Ahora, sin embargo, en Transparencia Municipal aparece un Currículum Vitae diferente se indica que su título y cédula profesional están en trámite.
Como contralor municipal su función era la de “garantizar una adecuada fiscalización en el manejo de los recursos públicos, impulsando la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas claras”. Sin embargo, es evidente su falta de conocimiento y preparación como fiscalizador.
Los hechos, hasta donde se sabe, ya fueron denunciados ante la Contraloría del Estado (Secoes), que encabeza Rafael Antonio del Pozo Dergal.
Según el artículo 243 del Código Penal Federal Capítulo IV, el delito de falsificación se castiga, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 300 días de multa. En caso de documentos privados, con prisión de hasta seis meses a cinco años y 180 a 360 días de multa, con el agravante de que, si se trata de un servidor público, como en este caso, se aumentará a más de la mitad.
En el capítulo V, artículo 247, en lo que se refiere a la falsedad de declaraciones, se impondrán otros cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Además en el capítulo VII, artículo 250, en el caso de la usurpación de funciones públicas o de profesión, se sancionará con uno a seis años de cárcel. Y especifica en el apartado II todos los actos de corrupción en los que incurrió el aún contralor municipal de Solidaridad.
