Organismos y activistas humanitarios indican que la cifra acumulada de personas desplazadas internamente por violencia en México pasó de aproximadamente 160 mil en 2014 a más de 390 mil personas al cierre de 2024, lo que representa un aumento superior al 140 por ciento en la cifra acumulada durante la última década.
NIÑOS Y NIÑAS SON LOS MÁS AFECTADOS EN UN DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN MÉXICO. FOTO: CUARTOSCURO.
Playa del Carmen.- Al menos 34 mil 300 personas —equivalentes a 11 mil hogares— se vieron obligados a abandonar sus comunidades en Quintana Roo debido a la violencia y la inseguridad delictiva entre octubre de 2020 y octubre de 2025, reveló por primera vez a nivel estatal la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este hallazgo confirma una emergencia humanitaria que reconfigura el tejido social de la entidad.
Durante más de una década, el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Quintana Roo permaneció fuera de los registros oficiales y en los informes de organizaciones civiles centrados únicamente en eventos masivos. Hoy, la primera medición estadística en la historia de Quintana Roo demuestra que la delincuencia organizada, las amenazas y los desastres naturales han expulsado a miles de familias de sus comunidades.
De acuerdo con la abogada Claudia Lozano — defensora de víctimas, activista feminista y de derechos humanos— la invisibilidad del problema no ha sido una falla administrativa, sino una omisión constitucional.
NO ES UNA MUDANZA, ES UNA HUIDA
La experta enfatizó en entrevista para Animal Político Quintana Roo la urgencia de llamar a las cosas por su nombre: “Lo primero que tenemos que entender es que lo que no se nombra, no se registra, y lo que no se registra corre el riesgo de no ser protegido. No estamos hablando de una mudanza. Estamos hablando de una huida”.
Entre 2014 y 2023, las mediciones sobre el desplazamiento forzado en México se concentraron en episodios masivos en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán. En Quintana Roo, al prevalecer un desplazamiento individual o de familias, el fenómeno no quedaba asentado en los censos.
De acuerdo con datos del Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno(IDMC), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO), la cifra acumulada de personas desplazadas internamente por violencia en México pasó de aproximadamente 160 mil en 2014 a más de 390 mil personas al cierre de 2024, lo que representa un aumento superior al 140 por ciento en la cifra acumulada durante la última década.
LES ARREBATAN TODO
Según los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas reconocen como personas desplazadas internas a quienes han sido obligadas a huir de sus hogares, entre otras causas, por conflictos, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres, siempre que permanezcan dentro de las fronteras de su propio país. Esos principios establecen que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de protegerlas y brindarles asistencia humanitaria.
“Desde mi experiencia acompañando víctimas, particularmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, detrás de cada número suele existir una cadena de pérdidas: vivienda, trabajo, escuela, comunidad, redes familiares, seguridad, patrimonio y, muchas veces, la posibilidad de regresar. El desplazamiento forzado es una violación multidimensional de derechos. Una familia puede salir con vida de su comunidad y, sin embargo, haber perdido prácticamente todo lo que constituía su proyecto de vida. El Estado no cumple simplemente contabilizándola. Debe reconocerla como sujeto de derechos y construir mecanismos para recuperar condiciones de seguridad, dignidad y autonomía”, refirió la experta.
MIGRACIÓN, DISFRAZ OFICIAL DEL DESPLAZAMIENTO
Dada a conocer la última de semana de septiembre del 2026, la Encuesta Intercensal 2025 midió por primera vez y de forma directa la movilidad obligada a nivel municipal y estatal de Quintana Roo. Los resultados arrojan que el 1.6 % de los hogares quintanarroenses sufrieron la expulsión de al menos uno de sus integrantes por causas ligadas al crimen y la inseguridad.
En un estado con una población de 2.1 millones de habitantes distribuida en poco más de 705 mil viviendas particulares, la irrupción de estas cifras visibiliza una problemática estructural que durante años fue tratada como migración laboral o cambio de residencia.
Aunque la inseguridad es el detonante principal del éxodo en la entidad, los datos oficiales del Inegi confirman que los eventos climáticos y antropogénicos también juegan un papel expulsor.
Desplazamiento por violencia e inseguridad: 11 mil 800 hogares (34 mil 300 personas) abandonaron su residencia habitual tras ser víctimas de amenazas, extorsión o disputas territoriales del crimen organizado.
Desplazamiento por catástrofes naturales: 2 mil 800 hogares (8 mil 100 personas) se desplazaron de forma intempestiva debido al impacto de desastres naturales o de origen humano.
REPUNTE ACELERADO DE EXPULSIONES
La inclusión de Quintana Roo en la cartografía del DFI muestra que el fenómeno dejó de ser exclusivo de zonas rurales en conflicto para asentarse en los principales polos turísticos y urbanos del país.
Claudia Lozano precisa que, de acuerdo con el Artículo 1º constitucional y los estándares de las Naciones Unidas, la obligación de brindar protección inmediata recae en el Estado mexicano, sin importar si el agresor fue un agente público o la delincuencia organizada.
“La delincuencia organizada no sustituye las obligaciones constitucionales del Estado […] Si un grupo criminal amenaza a una familia y le dice que se vaya o la mata, esa familia no está ejerciendo libremente su derecho a cambiar de residencia: está siendo expulsada por la violencia“, explicó.
Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, la defensora resalta que el impacto del desplazamiento es profundamente desigual. Las mujeres que huyen solas con sus hijas e hijos enfrentan riesgos severos de precarización económica, violencia sexual y pérdida de sus redes comunitarias de cuidado.
ESCONDERSE CON TEMOR A REPRESALIAS
La llegada masiva de familias desplazadas a nuevos municipios transforma la dinámica de las comunidades receptoras, generando presión sobre los servicios públicos de salud, educación, transporte y vivienda. La falta de acompañamiento institucional puede propiciar estigmatización y violencia hacia quienes buscan refugio.
Al respecto, Claudia Lozano subraya que larespuesta gubernamental no puede reducirse al asistencialismo temporal. “El problema no es que lleguen. El problema es que lleguen solas, sin protección institucional y obligadas a reconstruir desde cero aquello que la violencia les arrebató”, aseveró.
“Las personas desplazadas llegan frecuentemente con miedo, duelo y desconfianza. Muchas veces no quieren decir de dónde vienen ni por qué huyeron porque temen ser localizadas. Mientras tanto, las comunidades receptoras no siempre conocen lo ocurrido y pueden interpretar la llegada de nuevas familias como competencia por empleos, escuelas o apoyos sociales. Ahí pueden aparecer discriminación, estigmatización y conflictos comunitarios”, subrayó.
A RECONSTRUIR SUS VIDAS
Frente a la urgencia de contar con una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno dotada de presupuesto obligatorio, registros seguros y mecanismos de reparación integral, la activista concluye que las autoridades deben cambiar de perspectiva frente a las estadísticas presentadas por el INEGI.
“Una ley seria sobre desplazamiento forzado no puede ser una declaración de buenas intenciones. Tiene que tener instituciones responsables, presupuesto, procedimientos, obligaciones exigibles y mecanismos de rendición de cuentas. México ha discutido durante años una legislación general específica. En septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que fue enviado al Senado. Con posterioridad se han presentado otras iniciativas y exhortos para avanzar en la materia. Esta ausencia de una ley general plenamente consolidada demuestra que existe todavía una deuda normativa e institucional”, detalló.
Para concluir, la abogada puntualizó: “Para mí, el verdadero cambio de paradigma consiste en dejar de preguntarnos solamente: ‘¿Cuántas personas se desplazaron?’ y comenzar a preguntar: ‘¿Quiénes son?, ¿por qué huyeron?, ¿qué perdieron?, ¿quién las está protegiendo?, ¿qué necesita cada familia para reconstruir su vida y qué estamos haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? Porque nadie debería perder su casa, su comunidad y su historia simplemente para poder seguir con vida”.
Redacción: GRUPO ANIMAL
