En Quintana Roo, regresar a clases no solamente significa comprar uniformes, zapatos, mochilas, útiles y todo lo necesario para que los hijos puedan estudiar, para muchas familias también significa prepararse para una auténtica peregrinación de cuotas escolares, porque aquí la palabra “voluntaria” parece haber adquirido un significado bastante particular: Voluntaria… pero hay que pagar, voluntaria… pero todos cooperan, voluntaria… pero si no lo haces, empiezan las preguntas.
Y ahora aparece una nueva modalidad que merece, por lo menos, una buena explicación: la cuota para la propia asociación de padres de familia, sí, leyó bien, la asociación que supuestamente debería representar a los padres, escuchar sus problemas y defender sus intereses, también puede terminar convirtiéndose en otro gasto que sale directamente del bolsillo familiar.
Y aquí es donde la cosa deja de ser simpática, porque mientras en los discursos se habla de educación, inclusión, derechos y bienestar de los estudiantes, en las casas de Quintana Roo los padres hacen malabares para pagar uniformes, útiles, transporte, alimentación y todo lo que implica mantener a un hijo en la escuela, y encima hay que cooperar, una cuota para mantenimiento, otra para necesidades de la escuela, otra para actividades, y ahora, una para la asociación, ¡qué eficiencia!.
En lugar de crear mecanismos que protejan a las familias, pareciera que estamos perfeccionando el sistema para que cada necesidad tenga su propia cuota, y no, el problema no es que los padres quieran colaborar, muchísimas familias lo hacen de corazón porque saben que las escuelas necesitan recursos, el problema aparece cuando la cooperación deja de sentirse como cooperación y comienza a sentirse como una obligación disfrazada.
Porque si realmente es voluntaria, entonces debería poder decirse “no puedo pagar” sin miedo a señalamientos, sin presión y, sobre todo, sin que el alumno termine cargando con las consecuencias de la situación económica de sus padres, y todavía falta hablar de los uniformes, los cuales en medio de este regreso a clases todavía no están confirmados para todo Quintana Roo, únicamente han sido confirmados por el municipio de Benito Juárez y ¿Los demás municipios para cuando?, las expectativas están en cientos de familias que ya están haciendo cuentas para saber qué comprar y qué pueden esperar de las autoridades.
Los padres necesitan certeza, necesitan saber si deben comprar uniformes, si habrá algún programa de apoyo, en qué municipios aplicará, cuándo se dará a conocer oficialmente, Y, sobre todo, cuánto terminará saliendo de su bolsillo. Porque cuando una familia tiene que administrar cada peso, una información a medias también cuesta.
Y aquí hay otra pregunta que en Quintana Roo debería hacerse con absoluta seriedad:
¿Dónde están las asociaciones de padres cuando los padres necesitan ser defendidos?, porque una verdadera asociación debería ser la primera en exigir transparencia: ¿Cuánto dinero se recauda? ¿Quién lo administra? ¿En qué se gasta? ¿Quién autoriza los gastos? ¿Dónde están las cuentas?, y, sobre todo, ¿Qué pasa con las familias que simplemente no pueden aportar?, porque no todos los padres tienen la misma capacidad económica.
Mientras algunos pueden pagar una cuota sin siquiera pensarlo, hay otros que tienen que decidir si ese dinero se va para la cooperación escolar o para completar la despensa de la semana, y ahí es donde las autoridades educativas de Quintana Roo deberían poner atención.
La educación pública no puede convertirse en una carrera de obstáculos económicos para las familias, si las escuelas tienen carencias, que se transparenten, si necesitan recursos, que se atiendan institucionalmente, si las asociaciones recaudan dinero, que rindan cuentas, si existen apoyos para uniformes, que se informe claramente dónde, cuándo y para quiénes aplican, y si las cuotas son voluntarias, que esa palabra se respete de verdad.
Porque resulta bastante curioso que en Quintana Roo se hable tanto de defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, mientras algunos padres tienen que enfrentarse prácticamente solos a una estructura escolar donde cada ciclo aparecen nuevas necesidades… y nuevas cuotas.
Y ahora, además, tienen que navegar entre información confirmada, rumores, anuncios parciales y decisiones que todavía no son generales para todo el estado, no vaya a ser que un día tengamos que pagar también una “cuota voluntaria por el derecho a no pagar cuotas voluntarias”, eso sí sería innovación educativa.
LA PENSADORA
En Quintana Roo las cuotas escolares son voluntarias, tan voluntarias, que hasta la asociación que debería defender al padre parece necesitar una cooperación para poder defenderlo.
¿Y quién vigila a quienes supuestamente están ahí para defender a los padres?, si las cuotas son “voluntarias”, ¿por qué tantas familias sienten que no pueden decir que no?
A las asociaciones de padres habría que preguntarles: ¿Cuánto recaudan, en qué lo gastan y quién vigila esas cuentas?, porque pedir cooperación es fácil, lo difícil es rendir cuentas y defender también al padre que no puede pagar.
Y a las autoridades educativas: ¿Dónde están cuando una cuota “voluntaria” termina convirtiéndose en presión? ¿Quién protege al alumno para que la situación económica de sus padres no tenga consecuencias dentro de la escuela?, los padres ya cargan con uniformes, útiles, zapatos, transporte y alimentación.
Entonces, ¿hasta dónde llega su responsabilidad y dónde empieza la de las autoridades?, porque si cada carencia de una escuela se resuelve pasando la charola entre los padres, entonces habrá que preguntarnos: ¿Para qué pagamos impuestos?
Y si una asociación existe para representar a las familias, que empiece por defender a quienes no pueden cooperar, porque representar al que puede pagar es fácil, defender al que no puede, ahí está la verdadera prueba.
