Hay bloqueos que desesperan, que provocan filas interminables, retrasos y molestia entre quienes solo quieren llegar a su destino, pero hay otros que incomodan por una razón distinta: porque obligan a mirar una realidad que muchos prefieren ignorar.
El bloqueo encabezado por las madres buscadoras en Chetumal no nació del capricho ni del interés político, es la consecuencia de años de expedientes acumulando polvo, de investigaciones que avanzan a paso de tortuga y de familias que siguen despertando cada día sin saber dónde están sus hijos, hijas, esposos o hermanos, cuando la justicia no responde, la calle termina convirtiéndose en la única oficina donde alguien parece escuchar.
Es comprensible la molestia de quienes quedaron atrapados en el tráfico, nadie disfruta perder horas, sin embargo, también vale la pena preguntarnos qué pesa más: unas horas de retraso o años enteros de incertidumbre para quienes viven buscando a un ser querido, porque mientras la ciudad se queja por un bloqueo de unas cuantas horas, ellas llevan bloqueada la vida desde el día en que la desaparición entró a sus hogares.
Lo verdaderamente preocupante no es que las madres busquen llamar la atención con una protesta, lo alarmante es que hayan tenido que llegar a ese punto para exigir respuestas. En un Estado de derecho, ninguna madre tendría que cerrar carreteras para conseguir una audiencia con las autoridades o para recordarles que detrás de cada ficha de búsqueda existe una familia rota. Las desapariciones no distinguen colores políticos ni clases sociales, son una herida que se extiende por todo el país y Quintana Roo no ha sido la excepción, cada carpeta sin resolver alimenta la desconfianza ciudadana y fortalece la percepción de que la impunidad sigue siendo la regla.
Las autoridades tienen la obligación de escuchar sin descalificar la protesta y de responder con resultados, no con discursos, porque una madre deja de llorar hasta que encuentra a su hijo, mientras tanto, seguirá levantando la voz donde sea necesario.
LA PENSADORA
Dicen que los bloqueos afectan la economía, el turismo y la movilidad, puede ser, pero hay algo que afecta mucho más: la indiferencia oficial.
Resulta curioso que una carretera cerrada provoque más reacciones que una carpeta de investigación olvidada, para liberar una vialidad aparecen funcionarios, patrullas, negociadores y hasta promesas exprés, ara encontrar a un desaparecido, en cambio, las familias suelen recibir silencio, burocracia y el clásico “estamos trabajando”.
Las madres buscadoras no bloquearon una carretera por gusto, la bloquearon por la impaciencia, esa que se agota cuando las respuestas nunca llegan y las carpetas de investigación parecen avanzar más lento que el tiempo.
La mirada inevitable apunta hacia la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, es ahí donde descansan las investigaciones, donde las familias esperan respuestas y donde la sociedad exige resultados, el problema ya no es únicamente cuántas reuniones se sostienen o cuántos comunicados se emiten; El verdadero reclamo es cuántas personas desaparecidas han sido localizadas y cuántos casos han encontrado justicia.
El fiscal Raciel López Salazar encabeza una institución que enfrenta uno de los mayores retos en materia de procuración de justicia, más allá de los discursos, su mala gestión es evaluada por los resultados que no entrega a las víctimas y a la ciudadanía, las madres buscadoras no piden privilegios ni favores, exigen que la ley funcione y que las investigaciones avancen con la urgencia que merece cada desaparición.
Porque cuando un grupo de madres decide cerrar una vialidad para ser escuchadas, el mensaje es contundente: sienten que las puertas de la Fiscalía permanecen cerradas, y esa percepción, fundada o no en cada caso particular, termina minando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La justicia no puede depender de un bloqueo carretero para reaccionar, si la Fiscalía quiere recuperar la confianza de las familias quintanarroenses, no bastarán las mesas de diálogo ni las fotografías institucionales, harán falta resultados concretos, investigaciones eficaces y respuestas que permitan a las madres dejar de buscar en las calles lo que el Estado tiene la obligación de encontrar.
Porque al final, una carretera bloqueada puede reabrirse en unas horas, la herida de una familia con un desaparecido permanece abierta hasta que aparece la verdad.
