El juez de control de Tulum, Luis Ernesto Gabourel García, negó el aseguramiento del folio registral ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del rancho La Caverna, del que fue despojado en compra-venta fraudulenta Antonio Manrique Mac por José María Rejón > Le niega la protección de la propiedad contra intentos de venta del contador público yucateco, a pesar de que la compra-venta fue nulificada hace nueves meses por un juzgado de Mérida, por lo que el anciano sigue siendo el legal propietario
TULUM, 26 de abril.- A pesar de que existe una sentencia que declaró nula la compra-venta, el juez de control penal Luis Ernesto Gabourel García, adscrito al Juzgado de Juicio Oral Penal en Tulum, negó el aseguramiento del folio registral del rancho La Caverna, predio de Akumal del que fue despojado mediante una operación fraudulenta el indígena maya, adulto mayor y discapacitado Antonio Manrique Mac por el contador yucateco José María Rejón de la Guerra, cuñado del exgobernador Carlos Joaquín González, durante su sexenio al frente de la administración pública de Quintana Roo.
En información dada a conocer por Fabiola Cortés Miranda, representante legal del adulto mayor maya despojado, indicó que la negativa de este cuestionado juez permitiría a José María Rejón de la Guerra disponer del rancho de 37 hectáreas como si fuera suyo y venderlo a pesar de estar sujeto el inmueble en proceso judicial penal.
El juicio contra el despojo ha tenido varios obstáculos en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial desde su inicio en 2019, y según la abogada, a esta audiencia en el juzgado penal se llegó apenas ahora, en 2026, gracias a un juicio de amparo, y sorteando la oposición de José María Rejón de la Guerra, que ha utilizado todas las posibilidades legales que ha tenido a su alcance para seguir quedándose con ese predio.
Pero además, esta audiencia penal se tiene más nueves meses después de que el Juzgado Primero Civil de Mérida, Yucatán, declaró nula la escritura pública mediante la cual José María Rejón de la Guerra se había apoderado del rancho, por ser un contrato ilegal, debido a que Antonio Manrique Mac nunca consintió realmente en vender su propiedad.
Además, en la audiencia el defensor de José María Rejón de la Guerra, que se promociona en su papel de contador en redes sociales como “Pepe Rejón”, le pidió al juez que prohibiera a la abogada del agraviado difundir y publicar cualquier parte de la audiencia que se llevó a cabo, en violación de la libertad de expresión y del derecho a la información ante un caso que es de interés público, por estar involucrada la familia del exgobernador de Quintana Roo y actual embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín.
De hecho, la abogada afirmó que es el propio exgobernador Carlos Joaquín el que realmente se apropió del predio usando a su cuñado, utilizando todo el poder que tenía como gobernador para consumar el despojo en agravio del anciano maya Antonio Manrique Mac.
Por lo mismo, la abogada consideró que es desafortunado que tengan que salir a la opinión pública a denunciar esta parcial y sesgada decisión del juez, de negar el aseguramiento de los folios del predio en disputa en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio mientras se realiza el juicio, porque se sigue dejando al agraviado sin protección cautelar contra el despojo.
Cabe recordar que la demanda marcada como FGE/QR/AMPTUL/UITUL/08/1113/2019 fue iniciada por el señor Antonio Manrique Mac el 31 de agosto de 2019, cuando tenía 72 años, por lo que ahora cuenta ya con 79 años y el Poder Judicial del Estado le obstaculiza la obtención de justicia, con todo y que se realizó una reforma judicial supuestamente para garantizar que estuviera al servicio del pueblo y de los intereses del poder económico y político, que en este caso se ven claramente involucrados.
Forzado a vender y sin que le pagaran
En abril de 2019, ante la fe del Notario Público 85 de Yucatán, Rodolfo Cerón Palma, José María Rejón de la Guerra hizo firmar un contrato de compraventa del anciano por el rancho La Caverna por 7 millones 500 mil pesos, cuando el valor real del predio es de 10 veces más, alrededor de 70 millones de pesos, debido a que es de 37 hectáreas, ubicado en Akumal, con tres cenotes (La Caverna, Aluxe y Jaguar) y un río subterráneo, por lo que su uso de suelo es turístico residencial, lo que le otorga su real alta plusvalía.
Sin embargo, aprovechándose de la discapacidad que ya padecía el anciano por un daño cerebral, así como de que habla y entiende con dificultad el español, su propia edad y su condición de campesino, se aprovechó Pepe Rejón para, en colusión con un corredor público, decirle que el terreno que tenía desde 1999 costaba sólo 20 pesos por metro cuadrado, por lo que fueron acusados de fraude en este proceso penal.
Pero no sólo eso, entonces llegaron al hogar de Antonio Manrique Mac varios hombres armados que él identificó como policías, encabezados por Cecilia Yvette Castillo Parra, quien se convirtió en la intermediaria de la fraudulenta operación, pues lo convenció y logró sacarle un poder notarial para esa operación, que luego el anciano revocó al desistirse de vender.
Por eso, bajo amenazas lo subieron a un vehículo y así a la fuerza lo llevaron a la notaría en Mérida, donde le hicieron firmar documentos sin permitirle leer ni explicarle plenamente su contenido.
Todo esto sucedió porque a la esposa del gobernador Carlos Joaquín González, Gabriela Rejón de Joaquín, “le gustó tu rancho Las Cavernas, está enamorada del predio y ella lo quiere para ella”, según le dijo la intermediaria Cecilia Yvette Castillo Parra, por lo que queda claro desde entonces que los verdaderos poseedores del rancho con cenotes de explotación turística serían Carlos Joaquín y su esposa, usando al cuñado del gobernador, Pepe Rejón, solo con prestanombres y triangulador de la compra-venta final.
El otro elemento del fraude es que el dinero escriturado no lo pagaron realmente al anciano maya, sino Pepe Rejón sólo lo simuló, concretando el despojo.
Los 7 millones 500 mil pesos sólo fueron asentados en le escritura pública sólo para dar apariencia de legalidad, pues José María Rejón depositó parte del dinero en una nueva cuenta bancaria abierta a nombre del señor Antonio Manrique Mac, pero esa cuenta la controlaba la intermediaria que Cecilia Castillo por el desconocimiento del anciano.
Con esos fondos, los defraudadores pagaron los impuestos de la operación y los honorarios del notario y, acto seguido, retiraron el resto del dinero, pues Castillo Parra transfirió 4.5 millones de pesos desde la cuenta del señor Antonio Manrique Mac hacia una cuenta personal suya, y también expidieron cheques a nombre de Rejón.
El proceso por obtener justicia
Por todo eso, el anciano maya demandó penalmente al presuntuoso contador yucateco José María Rejón por fraude, robo y despojo; sin embargo, la FGE, entonces encabezada por Óscar Montes de Oca Rosales, que fue traído al cargo desde la Ciudad de México por Carlos Joaquín, dio carpetazo a la denuncia, pues en tres meses y dos días fue concluida, sin recibirle ni una prueba al señor Antonio Manrique Mac, y determinó el no ejercicio de la acción penal.
Y además, José María Rejón de la Guerra denunció penalmente a Antonio Manrique Mac en abril de 2020, acusándolo de supuestas “denuncia falsa” y “falso testimonio”, en una maniobra para intimidar y frenar su búsqueda de justicia.
Sin embargo, en 2025, un juez federal y una jueza civil de Yucatán fallaron a favor del anciano maya, ordenando reabrir la investigación penal y declarar nula la compraventa fraudulenta que lo despojó de su patrimonio y de los cenotes que había cuidado durante décadas.
Primero, en diciembre de 2021, el Juzgado Tercero de Distrito en Cancún falló a favor de Antonio Manrique Mac otorgándole un amparo que ordenaba reponer el procedimiento penal, y aunque José María Rejón lo impugnó, finalmente, después de años, el Tercer Tribunal Colegiado del Circuito confirmó el amparo a favor del anciano maya en agosto de 2025, revocando el auto de no ejercicio de la acción penal.
En paralelo al proceso penal, los defensores legales del Antonio Manrique Mac promovieron un juicio civil en 2021 en Yucatán, donde se solicitó la nulidad de la compraventa fraudulenta del rancho La Caverna.
Este juicio llegó a su fin en julio de 2025, cuando la Jueza del Juzgado Primero Civil de Mérida dictó sentencia declarando nula la escritura pública número 45 del 25 de abril de 2019, mediante la cual José María Rejón de la Guerra se había apoderado del rancho.
La resolución reconoce que aquel contrato de venta fue ilegal, pues Antonio Manrique Mac nunca consintió realmente en vender su propiedad, por lo que, en consecuencia, la propiedad debe volver jurídicamente a su legítimo dueño.
Sin embargo, a pesar de que existe la sentencia que declara la nulidad de la compra y reinstaura al anciano maya la propiedad de la tierra, el juez de control penal de Tulum, Luis Ernesto Gabourel García, se niega a reconocer la preponderancia de esta resolución jurídica y negó la protección del rancho sujeto a proceso penal en su juzgado.
Este es otro de los muchos casos de resoluciones sesgadas por intereses políticos y económicos en el Poder Judicial, que encabezó Heyden Cebada Rivas precisamente desde el sexenio de Carlos Joaquín, quien lo hizo magistrado, y que pretende seguir controlando a pesar de que la reforma judicial le quitó atribuciones legales sobre los jueces.
Redacción: diariocambio22
