Por medio de un programa de radio, el alcalde de José María Morelos hizo graves señalamientos de faltas sin pruebas, causando perjuicios al comercio y su reputación
JOSÉ MARÍA MORELOS, 23 de abril. – Un carnicero de la alcaldía de Dziuché presentó una denuncia penal contra el presidente municipal de José María Morelos, al señalar que declaraciones emitidas en un programa de radio provocaron afectaciones económicas, daño moral y un clima de desconfianza hacia su negocio.
Joaquín Inurreta Canul afirmó que los señalamientos difundidos en el espacio radiofónico “Radio La Presumida”, dentro del programa “Día del Pueblo”, derivaron en la caída de sus ventas, luego de que se insinuara la presunta comercialización de carne en mal estado en comunidades de la zona. El comerciante sostiene que dichas expresiones, atribuidas al alcalde Erick Noé Borges Yam, carecen de sustento legal y sanitario.
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, el denunciante asegura que previo a las declaraciones mantenía una venta constante de hasta 20 kilos diarios de carne, cifra que se redujo a cerca de 10 kilos tras la polémica.
Además, refiere que ahora enfrenta desconfianza directa de los consumidores, quienes revisan el producto antes de adquirirlo, situación que —indica—, ha impactado su reputación.
El afectado también expone consecuencias en su entorno familiar, al señalar que sus hijos han sido objeto de burlas en la escuela, mientras que su esposa manifiesta temor ante posibles repercusiones, luego de que en el mismo espacio radiofónico se hiciera referencia a una supuesta investigación en su contra.
Inurreta Canul detalló que, aunque inicialmente acudió a instancias de derechos humanos, decidió proceder por la vía penal para buscar la reparación del daño moral.
Entre sus principales demandas, exige una disculpa pública por parte del edil, tanto en el medio donde se emitieron las declaraciones como en sesión de Cabildo.
El caso abre cuestionamientos sobre el uso de espacios de comunicación por parte de autoridades municipales y los límites legales de sus declaraciones públicas, en un contexto donde el propio denunciante advierte que no se debe permitir que el ejercicio del poder derive en señalamientos sin sustento que afecten a ciudadanos y actividades económicas locales.
Redacción: diariocambio22
