A menos de siete meses de haber asumido funciones, cerca de diez personas juzgadoras y defensores públicos en Quintana Roo fueron cesados de sus cargos tras detectarse actos de corrupción y malas prácticas en el ejercicio de la justicia.
Los funcionarios formaban parte del grupo conocido a nivel nacional como “juzgadores del bienestar”, quienes resultaron electos en el proceso judicial de junio de 2025 y comenzaron a desempeñar sus funciones a partir del 1 de septiembre del mismo año.
El magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Heyden Cebada Rivas, confirmó que las bajas se dieron luego de acreditar irregularidades como la aceptación de sobornos, la dilación en la impartición de justicia y la emisión de fallos irregulares en casos relacionados con delitos graves.
En Playa del Carmen, algunos defensores públicos que habían ingresado recientemente fueron sorprendidos en flagrancia solicitando dinero a cambio de favorecer procesos, lo que derivó en su destitución inmediata.
Las sanciones fueron determinadas por el Tribunal de Disciplina Judicial, tras denuncias ciudadanas que evidenciaron conductas indebidas. Esta instancia mantiene abiertas diversas investigaciones contra servidores públicos, incluidos algunos que asumieron funciones tras la renovación del Poder Judicial derivada de la elección de 2025.
El caso pone en entredicho la eficacia de los mecanismos de selección y supervisión de los nuevos perfiles judiciales, al tratarse de funcionarios que no alcanzaron siquiera siete meses en el cargo antes de ser separados por irregularidades.
Redacción: GRUPO PIRÁMIDE
