La presidenta anunció que busca disminuir presupuestos a congresos locales y regidores en ayuntamientos, poder adelantar la revocación de mandato y mandar a consulta popular temas electorales > Todos están regulados por la Constitución y sin apoyo de PVEM y PT no podrán aprobarse, por lo que tensa de nuevo la relación con los aliados de Morena > No menciona en su Plan B recorte de la estructura del INE, que puede cambiarse con reforma a leyes secundarias y sólo con votos de Morena
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su Plan B, luego de que ayer la Cámara de Diputados rechazara en pleno su reforma constitucional en materia electoral.
Sin embargo, aunque se esperaba que su Plan B tratara de temas electorales que se pueden modificar en reformas a las leyes secundarias, como la reducción de la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo con el voto mayoritario de Morena, la propuesta que presentó no incluyó este punto.
En cambio, las propuestas que enumeró Sheinbaum en su exposición necesitan de reformas a la Constitución general, lo que hará que de nueva cuenta dependa de que los aliados de Morena, el PVEM y el PT, respalden el Plan B, o correrá la misma suerte de la reforma electoral y será desechado por no alcanzar mayoría calificada.
Sheinbaum Pardo afirmó que el Plan B tiene un mismo objetivo que el plan A: “disminuir privilegios”, con tres ejes:
1.- Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos Locales
2.- Disminuir los privilegios que persisten en municipios
3.- Fortalecer la consulta popular
En el primer punto, dijo que buscará establecer un tope máximo al presupuesto de los congresos locales y del Senado de la República, con el fin de evitar diferencias excesivas entre estados
Como ejemplo, mencionó que existen entidades con el mismo número de legisladores pero con presupuestos significativamente distintos, lo que, aseguró, refleja desigualdades en el uso de recursos públicos.
Como ejemplo mencionó que en el Congreso de Baja California el costo por legislador es de más de 34 millones de pesos y en Morelos es de más de 31 millones de pesos, aunque aclaró que no se trata que cada diputado se gaste eso, sino que entre esos gastos se incluyen los operativos, como pago de luz, agua, edificios y trabajadores.
El segundo punto también contempla reducir el número de regidores en ayuntamientos, argumentando que varios municipios cuentan con más cargos de los necesarios sólo para cubrir cuotas políticas.
Tambien dijo que “luego regidores que ganan más que la presidenta” y que algunos terminan con salarios de 500 mil pesos mensuales.
El tercer punto tiene dos vertientes, siendo la primera que se pueda flexibilizar la convocatoria a consulta de revocación de mandato, para que este mecanismo pueda realizarse tanto en el tercer como en el cuarto año de gobierno, a petición de los ciudadanos.
Respecto a la fecha para la elección, indicó que puede ser en el 2027 o en el 2028, o hasta el siguiente sexenio, dependiendo de lo que la población decida, pero se sabe que Morena había pretendido adelantar la consulta de revocación de mandato para que el nombre de Claudia Sheinbaum aparezca en las boletas en la elección intermedia del 2027.
“Esencialmente (se trata de) disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”, insistió Sheinbaum.
Adelantó que el proyecto será enviado al Congreso de la Unión el próximo lunes, una vez que termine la redacción de la iniciativa, pero aún no decide a qué cámara se enviará primero.
Pero, anticipándose a que necesitará de nuevo votos de los aliados de Morena, dijo que en caso de que se rechace de nuevo “tampoco pasa nada, pero nosotros tenemos un mandato”.
“Entonces, el plan tiene una convicción y un principio, a nosotros no se nos olvida de donde vinimos. (…) Si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados, acabar con los privilegios es dar resultados. Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar todos los partidos”, dijo.
Afirmó que con eso buscará un ahorro de 4 mil millones de pesos que se quedará para aplicación en los estados y municipios.
Asimismo, aunque afirmó que “no es una derrota”, la mandataria reprochó que solo los legisladores pertenecientes a la llamada Cuarta Transformación votaron a favor de su proyecto de reforma electoral, lo que “deja muy claro” que muchos siguen a favor de los privilegios en los partidos políticos, aunque entre estos últimos quedaron incluidos la mayoría de sus aliados del PVEM y el PT.
Y sobre su Plan B lanzó un reto: “¿Quién va a estar en desacuerdo en disminuir montos de la Cámara de Diputados locales”, y afirmó que “muchos de ellos no están dispuestos a ceder. Pero vamos a ver en ésta (iniciativa)”.
Se necesitan reformas constitucionales
Sin embargo, por el contenido que planteó, el Plan B necesitará que lo apoyen sus aliados PVEM y PT en el Congreso de la Unión o no pasa, por lo que más parece que les hace un reto de respaldo a su proyecto político, porque en realidad se trata de una segunda parte del Plan A, que excluyó a propósito de la reforma que le fue rechazada el miércoles.
La regulación mínima de los ayuntamientos y los congresos de las entidades federativas están regulados por los artículos 115 y 116 de la Constitución federal, y se esperaba que estas propuestas vinieran incluidas en su reforma electoral, porque así lo había anunciado, pero al final separó esos temas y no los incluyó en la iniciativa rechazada, lo mismo que el caso del adelanto de la revocación de mandato.
Ahora los usará para el Plan B, pero chocará con posturas federalistas, porque la Constitución establece en su artículo 40 que, por ser México una República Federal, las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo que concierne a su régimen interior, por lo que la Constitución federal sólo regula aspectos mínimos de sus tres poderes y sus ayuntamientos.
Sobre presupuestos, el artículo 116 constitucional dice que “corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente”, y como único límite ya indica que “al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución”, es decir, que no podrán ganar más que el titular de la Presidencia de la República.
Asimismo, el mismo artículo establece que el número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno y establece sus números mínimos.
Sobre la cantidad de regidores de los ayuntamientos, la Constitución federal establece que son las constituciones y leyes de las propias entidades federativas las que la determinen, por lo que la postura centralista presidencial también chocará con las posturas que defienden el municipio libre.
En su artículo 115, que establece el municipio libre, indica: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad”.
Sobre el año para realizar la revocación de mandato, que es el cuarto de un período presidencial, está regulada en el artículo 35 constitucional, donde establece que “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
Por lo anterior, con la letra vigente, la consulta de revocación de mandato de Claudia Sheinbaum sólo se puede pedir hasta después de octubre de 2027.
Finalmente, la prohibición de someter a consulta popular temas de materia electoral está contenida en el mismo artículo 35 de la Constitución, donde dice: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”.
Segundo intento después de AMLO
Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador también quiso reducir el tamaño de los congresos estatales y los ayuntamientos en su reforma constitucional electoral del 2022, su llamado Plan A, que también fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Entonces, López Obrador pedía reformar el artículo 115 para reducir los integrantes de los ayuntamientos, estableciendo un límite de hasta nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
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En reforma al artículo 116, pedía que el número de legisladores estatales no excediera de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a un millón de personas, y que sólo por cada medio millón de habitantes adicional se incrementara en un diputado o diputada hasta un máximo de cuarenta y cinco diputadas y diputados.
Redacción: diariocambio22
