CANCÚN.- La iniciativa de reforma al Código Civil de Quintana Roo para regular el derecho a la propia imagen podría afectar libertades y además reproduce prácticamente textos de una ley vigente en la Ciudad de México, advirtió el Observatorio Legislativo, al analizar la propuesta presentada recientemente en el Congreso del estado.
“Se puede considerar entonces que es un plagio”, señala el análisis difundido por el organismo, al comparar el contenido de la iniciativa con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, aprobada en la capital del país en 2006.
De acuerdo con el documento, la exposición de motivos de la iniciativa argumenta que busca proteger la imagen de sectores vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, pero esa justificación no se refleja en el articulado propuesto para incorporarse al Código Civil del estado.
El Observatorio expone que varios artículos planteados en la reforma —como el 551 Quáter, 551 Quinquies y 551 Septies— reproducen prácticamente las mismas disposiciones de la legislación capitalina en materia de difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento.
Entre esas disposiciones se incluye la prohibición de publicar o reproducir la imagen de una persona sin autorización, salvo en casos de funcionarios públicos, actos públicos o acontecimientos de interés público, supuestos ya previstos en la legislación utilizada como referencia.
El análisis también advierte que en la práctica judicial de esa legislación se ha aplicado el criterio de “malicia efectiva”, adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver conflictos entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, especialmente cuando se trata de información relacionada con servidores públicos.
Asimismo, el Observatorio señala que ya existen diversas normas federales y locales que protegen el derecho a la imagen y la privacidad, entre ellas la Ley Federal de Derechos de Autor, disposiciones del Código Penal y legislación relacionada con la protección de menores y personas vulnerables.
Por ello, concluye que incorporar esta regulación en la legislación estatal podría generar interpretaciones judiciales subjetivas y afectar libertades, particularmente en el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Redacción: Caribe Peninsular
