CHETUMAL, Quintana Roo, 6 de marzo. — A siete meses del arranque formal del Proceso Electoral de Quintana Roo, una reforma al código civil para establecer el “derecho a la propia imagen” amenaza con restringir la libertad de expresión de cada ciudadano, y la libertad de prensa en la entidad, al convertir como un acto ilícito, con daños y perjuicios, el difundir fotografías, voz e imagen de una persona, sin su consentimiento, y cuando se trate de servidores públicos, solo se podrá usar si están en un sitio público.
El documento impulsado por lo diputados, María José Osorio Rosas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Hugo Alday Nieto del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Velasco Rodríguez de Morena en su artículo 551 Quater dice que “constituirá acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso”.
De lo contrario, el artículo 551 Sexties, plantea que la autoridad judicial “puede disponer que cese el abuso y se reparen de manera integral los daños ocasionados”.
Aunque el espíritu de la reforma asegura busca proteger los derechos de las personas a la identidad, honor y privacidad frente a injerencias o ataques ilegítimos, que sin duda son necesarios, ante la violencia digital. Quintana Roo ya cuenta con mecanismos al respecto, como la ley Olimpia, y la Ley Ingrid que sancionan incluso con cárcel a quien cometa violencia digital.
En el artículo 551 Quinquies los legisladores condicionan el uso de la imagen, en fotografía, video y archivos de voz de servidores públicos, políticos, funcionarios con cargo de elección popular, o personas con proyección pública.
“La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público”, precisa el documento.
Entonces, ¿qué pasará con los ciudadanos que, en situaciones de riesgo, y abuso en sitios privados, recurren a su teléfono celular para grabar, documentar y difundir el momento?
¿Quién podría evitar el contra ataque jurídico de los agresores con poder?
¿Qué pasará con el periodista que documenta, y rebela casos de corrupción entre familiares, amigos, o colaboradores de gobernantes en turno?
Según la reforma, ellos al no tener un cargo o proyección pública, podrían solicitar ante un juzgado eliminar las publicaciones, y además cobrar lo que logren acreditar como “daños y perjuicios”.
Ante dichos cuestionamientos, en entrevista la diputada María José Osorio, aseguró que, durante el análisis del documento en Comisiones, agregará al texto que los contenidos difundidos con carácter noticioso, periodístico e informativo, serán exentos del código vigente.
“En el momento que se sesione, con gusto hago esa puntuación para que se agregue que los contenidos periodísticos, informativos y noticiosos estén exentos, así como me lo estás diciendo”, aseguró.
Pero, eso no resuelve el problema. Porque entonces el ciudadano que no hace publicaciones periodísticas, sigue vulnerable en cualquier situación que necesite documentar, al hacerlo público “sin el consentimiento de otra persona”, constituiría un acto ilícito.
Un ejemplo sería grabar políticos en aviones de primera clase, como los videos difundidos en redes sociales del senador, Gerardo Fernández Noroña, que, en efecto, es servidor público, pero en su vuelo, no hay ceremonias de interés público.
Grabar prepotencias, abusos, humillaciones, actitudes discriminatorias de jefes tiranos, turistas mala copa, o transportistas agresivos, sería un acto ilícito para los ciudadanos y trabajadores de la industria turística porque pase lo que pase, la imagen de los abusadores, estará protegida.
María José Osorio y el diputado Hugo Alday insisten en entrevista y posicionamientos a la opinión pública que la reforma no está dirigida a medios de comunicación, y “que por lo tanto los periodistas no tienen nada que ver”.
Pero, en los fundamentos de la reforma, el documento cita que, “En lo tecnológico y lo mediático, impulsará responsabilidad ética de plataformas digitales, medios de comunicación, productores, y creadores de contenido, quienes deberán ajustar sus prácticas al marco legal”.
Entonces, ¿ya no recuerdan lo que escribieron?
También señalan que los días 18 y 25 de noviembre realizaron un “ejercicio de parlamento abierto” para construir la reforma, pero estas mesas de “trabajo” ni fueron públicas, ni tuvieron periodistas, aunque sus actividades sean descritas explícitamente en los artículos que proponen agregar al código civil. En contraste los que participaron fueron la Barra de Abogados de Quintana Roo, y el Colegio de Profesionistas de Quintana Roo.
TENTACIONES DEL PASADO
No es la primera vez que desde diputados buscan legitimar la censura en febrero de 2022, la ex diputada del PRD, Iris Mora Vallejo propuso una reforma al Código Penal de Quintana Roo para establecer de 1 a 8 años de cárcel a toda persona que publique o difunda información del ámbito personal, familiar y laboral de personas, sin su consentimiento.
Ante la indignación de los periodistas, finalmente desistió, y a pesar de lo explicitó de su texto, negó en todo momento que se tratará de un “asunto de censura”.
En agosto de 2022, el pretexto fue la “ley Ingrid” el Congreso de Quintana Roo tuvo que modificar la propuesta original para centrar las sanciones principalmente en servidores públicos que filtren material reservado, excluyendo a los medios de comunicación de las penas más severas en ciertos supuestos, tras preocupaciones de que la ley inicial pudiera limitar la libertad de prensa.
En abril de 2024, la ex diputada de Morena, Gisell Castro planteó reformar el Artículo 13 de la Constitución, quería establecer que “toda persona tiene derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, en los términos dispuestos en las leyes aplicables”. Pero, con ayuda de la ex diputada del PVEM, Susana Hurtado, la reforma tuvo que “pausarse”, y es que, durante el análisis, no dudó en expresar su repudio hacía los medios de comunicación, y periodistas que exhiben a servidores públicos con fotografías.
“Cuantas veces si caes o no caes bien a algún medio de comunicación, te exhiben en una fotografía donde no es la mejor en tu imagen. Pero, la tienen y violentan tu dignidad como ser humano. Si hablamos del término de intimidar, nos hemos sentido agredidos, porque a través de las redes sociales han exhibido actos personales sin tener la previa autorización de nosotros”, señaló en Comisiones.
Quién ha guardado silencio absoluto, hasta ahora es el diputado Morenista, Ricardo Velazco Rodríguez, mientras la inconformidad del gremio aumenta por la exclusión de los que, con una cámara de video, teléfono celular, micrófono en mano todos los días salen a la calle bajo el sol o la lluvia, a documentar el diario acontecer del estado, pase lo que pase: huracanes, pandemias, violencia, manifestaciones sociales, explosiones, y demás.
Si callan al periodista, también tu voz.
Redacción: LA PANCARTA DE QUINTANA ROO
