La Ley Alday-Osorio-Velazco sobre imagen propia es la continuación de la iniciativa de una reforma constitucional que impulsó la morenista Jissel Castro Marcial en 2024, cuando fue presidenta de la XVII Legislatura, misma que al final no se aprobó y fue desechada > Desde entonces la diputada Susana Hurtado, del PVEM, reveló que la intensión era sancionar a los periodistas y medios de comunicación por publicación de imágenes no autorizadas o “no favorables” > Y desde entonces se ha señalado que el propósito es proteger a servidores públicos y sus familiares del escrutinio de la sociedad y hasta de los memes
CHETUMAL, 6 de abril.- La iniciativa de reforma sobre protección de la imagen propia, promovida por los diputados Hugo Alday Nieto, del PT; Ricardo Velazco Rodríguez, de Morena; y María José Osorio Rosas, del PVEM, con “fusil” incluido de la ley en la materia vigente en la Ciudad de México, es la continuación de una intensión de censurar el uso de imágenes de políticos captados en lugares privados que ya había manifestado un grupo de diputados y diputadas de la 4T de la anterior Legislatura, la número 17.
Precisamente hace casi 2 años, en abril del 2024, la XVII Legislatura intentó realizar una reforma para incluir el derecho la intimidad personal y la propia imagen en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, propuesta por la diputada Jissel Castro Marcial, entonces coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
El dictamen fue aprobado en comisiones el 4 de abril del 2024, pero nunca pasó a la aprobación del pleno, por lo que la reforma no se realizó, de modo que el derecho a la intimidad personal y la propia imagen no está reconocido expresamente en la Constitución quintanarroense, pues el documento terminó desechado por fenecimiento al quedar congelado hasta el final de la XVII Legislatura, sin que se explicara el motivo del retroceso de Castro Marcial.
Pero de la XVII Legislatura proceden los tres promoventes de la reforma al Código Civil, pues todos son legisladores favorecidos con la reelección.
Desde entonces, quedó advertido que, lo que parecía el reconocimiento de un derecho humano más, tenía dedicatoria para los medios de comunicación, pues en la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos donde fue aprobado el dictamen, la diputada Susana Hurtado Vallejo, del PVEM, reveló en su intervención los torcidos e improcedentes alcances de censura que pretendían darle respecto a la imagen de los servidores públicos.
“¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos sido afectados en nuestra propia imagen y nuestro derecho a la intimidad personal, cuando algunos medios de comunicación han abusado precisamente de alguna foto o algo y han afectado la propia imagen del individuo violentando nuestros derechos humanos?”, expresó la diputada en la reunión, siendo ella una política que por su voluntad generó una foto – que sigue circulando hasta la fecha-, donde aparece con una tanga en la mano, cuando como priista anunció que las regalaría en campaña como su limitada forma de empoderar a las mujeres.
“¿Cuántas veces, si caes o no caes bien a algún medio de comunicación te exhiben en una foto, que a lo mejor no es la mejor en tu imagen? Sin embargo, la tienen y violentan tu integridad como ser humano”, expresó, con una percepción errada que mantenían sus colegisladoras y colegisladores y que al parecer permea todavía entre los promotores de la iniciativa para introducir la herramienta legal a la sanción civil.
“Además, si hablamos del término ‘intimidad’, ¿cuántas veces en redes sociales nos hemos sentido de alguna forma agredidos porque han absorbido el tema a través de las redes sociales en nuestra propia intimidad, en nuestros propios actos personales, ya de casa, y los exhiben sin tener la previa autorización de nosotros?”, insistió.
Con lo anterior, la diputada mostró que se pretende prohibir hasta el uso de las imágenes que difunden en sus redes sociales, a pesar de que son públicas por su propia voluntad cuando así las catalogan, y precisamente por eso usan las redes sociales como medio de propaganda para promover su imagen personal con fines político-electorales y autorizan que se compartan.
También la iniciativa pretende blindar a los personajes públicos, no sólo a los particulares, contra la publicación de imágenes filtradas sobre alguna situación íntima, aunque pueda tener relevancia porque los comprometa por violación a las normas que rigen su función ante la sociedad, como por ejemplo, una escena de violencia familiar.
A eso hacía referencia la iniciativa de reforma constitucional, mencionando que ”una persona tiene absoluta libertad de compartir aspectos íntimos de su vida, incluso de su vida sexual a través de medios digitales, sin que eso signifique una autorización tácita para que los contenidos que resulten de ello sean compartidos con terceros ajenos a esa conversación que nada tienen que ver con la interacción privada con una o varias personas; ese nuevo paradigma, en el que se contempla a los medios digitales como espacios en los que de igual manera tienen que garantizarse los derechos a la intimidad personal y la imagen”.
Sin embargo, la restricción que podría operar para imágenes que sólo son compartidas con las personas que uno elige la quieren extender a cualquier imagen que los políticos o las políticas difundan en ambientes no restringidos por la intimidad y sin tomar en cuenta si el hecho graficado tiene o no relevancia para la sociedad.
También se busca utilizar esta norma como un instrumento de censura de contenidos de medios de comunicación, incluyendo la difusión de memes, con el pretexto del uso de la inteligencia artificial.
Las pretensiones tuercen el sentido del derecho a la intimidad personal y la imagen propia, pues no está hecho para proteger a los servidores públicos del escrutinio de la sociedad a través de los medios de comunicación.
Asimismo, el derecho a la intimidad y la imagen personal no tiene preferencia constitucional preestablecida sobre el derecho a la libertad de expresión y de prensa ni de la libertad de información, sino que su preponderancia depende de la ponderación de cada caso particular.
En relación a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el derecho a la vida privada no es absoluto, sino que puede restringirse en la medida en que las injerencias en este no sean abusivas o arbitrarias, además de que los gobiernos no pueden impedir a quien decide difundir aspectos de su vida privada que lo haga, so pretexto de proteger a la familia, aun cuando en las imágenes aparezca alguien que no quería compartir esos aspectos.
Estos equilibrios no son considerados en la iniciativa de reforma al Código Civil promovida por Hugo Alday, Ricardo Velazco y María José Osorio.
Cabe resaltar que no es la primera ocasión que legisladores de la 4T pretenden utilizar una reforma disfrazada como una simple protección de derechos para convertirla en un instrumento de censura e intimidación hacia los medios de comunicación y el ejercicio periodístico.
Así ocurrió con la reforma de la llamada “Ley Ingrid”, en que la XVI Legislatura pretendió castigar con cárcel a periodista, censurar contenidos y hasta establecer una “lista negra” de medios de comunicación para vetarlos de la contratación de publicidad gubernamental, despropósito que al final no pudo concretar por su improcedencia constitucional.
Asimismo, en el Senado de la República existe una iniciativa de Morena para prohibir y sancionar penalmente la difusión de memes, stickers y otros contenidos críticos o satíricos sobre servidores públicos, la cual hasta el momento no ha sido aprobada.
En el caso del derecho a la intimidad personal y la propia imagen, se trata de un nuevo intento de políticos de corte autoritario y conservador por reintroducir por otros medios los delitos contra el honor, que han desaparecido en Quintana Roo y casi todo el país con la derogación de los delitos de difamación y calumnia, utilizando la supuesta protección de la dignidad como cortapisa a los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de información en México.
Redacción:diariocambio22
