El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo emitió una nueva sentencia que revoca el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del centro de población de Cancún aprobado en el 2022, y ordenó al ayuntamiento de Benito Juárez encabezado por Ana Patricia Peralta de la Peña repetir el proceso de elaboración para aprobar uno nuevo, pero garantizando que se realice la correcta consulta pública antes de emitir el instrumento de planeación.
Este nuevo amparo se suma al que emitió en el mismo sentido el Juzgado Quinto de Distrito en el 2023, pero que hasta la fecha no ha sido cumplido por el gobierno municipal.
La sentencia fue dada a conocer en sus redes sociales por la organización Defensa de un Medio Ambiente Sano (DMAS), encabezada por Antonella Vázquez Cavedon, destacando que lo que se ha invalidado es un PDU fraudulento.
El juicio de amparo que ganó la asociación civil acreditó violaciones a derechos constitucionales relacionados con la participación ciudadana y el acceso a la información medioambiental, porque no se realizó debidamente la consulta pública que es requisito para poner en marcha un PDU.
La sentencia instruyó al ayuntamiento de Benito Juárez dejar insubsistente el PDU de Cancún 2022 y les ordenó realizar el proceso para emitir uno nuevo, marcando los pasos precisos que deberán realizar.
En este sentido, instruye al gobierno de Ana Patricia Peralta a llevar a cabo nuevamente el procedimiento previsto en el artículo 63 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado, para elaborar el programa de desarrollo urbano municipal.
Y agrega que ahora, conforme a lo establecido en la sentencia, el ayuntamiento debe tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la participación ciudadana y acceso a la información medioambiental de la población de Benito Juárez, debiendo garantizar el acceso a la ciudadanía de los documentos que deliberará el cabildo municipal para su aprobación, y motivar los comentarios y aportaciones procedentes que se incluyan en el programa de desarrollo urbano que resulte.
Dicha participación deberá garantizar más aún cuando se pretenda la generación de polígonos de actuación que podrían modificar los usos de suelo o incorporar mecanismos de gestión económico a manera de compensaciones, especifica.
Para eso, se indica con precisión que en la consulta se deberá garantizar que:
a) se realice desde la etapa inicial del proceso de elaboración del programa de desarrollo urbano;
b) permita el acceso a la información de forma oportuna, clara y comprensible;
c) asegure la posibilidad real de la población de Benito Juárez de participar en su elaboración y aprobación;
d) asegure también la participación de medios adecuados de los diferentes intereses presentes en el territorio en que podrá aplicarse el plan o programa de desarrollo urbano;
e) promueva el aprendizaje entre las partes involucradas y se valore el conocimiento local; y,
f) lleve a cabo acciones específicas que permitan la participación de las personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad o tradicionalmente subrepresentados en la toma de decisiones.
La asociación civil Dmas consideró que no debe quedar lugar a dudas a la autoridad municipal cómo realizar el nuevo PDU de Cancún, porque se pusieron de manera muy clara los pasos para cumplir la sentencia.
El PDU revocado fue aprobado por el ayuntamiento de Benito Juárez el 15 de septiembre del 2022, bajo la presidencia interina de Lourdes Cardona Muza, y ya había sido invalidado en mayo de 2023 por el Juzgado Quinto de Distrito tras un primer juicio de amparo de Dmas, que también ordenó emitir uno nuevo, pero hasta la fecha no se ha cumplido.
Según las sentencias, el que debe estar vigentes y en aplicación de la comuna es el PDU 2018, emitido por la administración de Remberto Estrada.
Por otra parte, la asociación civil destacó que la jueza segunda de distrito Angélica Ortuño, fue la misma que emitió la sentencia sobre Playa Delfines a favor de los cancunenses en 2024.
Y cabe destacar que la se encuentra en campaña por su reelección en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, como jueza en funciones, por lo que también es de las juzgadoras en riesgo de ser despedidas de su cargo si no logran la votación para su continuidad.
