>La ministra Loretta Ortiz Ahlf, allegada al gobierno de la 4T y actualmente en campaña en busca de su ratificación, hizo suya la solicitud del gobierno del estado de Quintana Roo, pero la Primera Sala se negó a atraer la resolución de un amparo de Aguakan sobre medidas de protección ante sanciones que le impuso la CAPA por incumplir inversiones físicas.
Francisco Hernández/CAMBIO 22
CHETUMAL, 29 de abril.- En el conflicto de Aguakan con el gobierno del estado existe un juicio de amparo anterior y paralelo al que finalmente confirmó la legalidad de la cancelación de la prórroga anticipada de su concesión en el norte de Quintana Roo, y en el cual una ministra en campaña y aliada de los gobiernos de Morena y el PVEM intentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interviniera, sin lograr su cometido.
En este asunto, Aguakan pelea ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México que le sea devuelta una suspensión definitiva que impedía que su concesión y su prórroga por 30 años más fueran retiradas, mientras se sigue un arbitraje por sanciones que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) le puso desde el 2022 por incumplimiento de inversiones en infraestructura hidráulica, pero en febrero pasado el gobierno del estado de Quintana Roo pidió a la Primera Sala de la SCJN que ejerciera de oficio su facultad de atracción para resolver este asunto.
El problema, sin embargo, es que el gobierno del estado no tiene legitimación para solicitar la atracción de un caso ante la SCJN, por lo que dependía de que ministro o ministra hiciera suya esa petición, y fue precisamente la presidenta de la Primera Sala, Loretta Ortiz Ahlf, quien es allegada al gobierno federal morenista, la que pidió a sus compañeros de sala atraer de oficio el caso, en el mes de marzo, pocos días antes de comenzar su campaña por la reelección en su cargo de ministra en los comicios del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, en sesión del pasado 2 de abril, la solicitud de Loretta Ortiz Ahlf recibió el rechazo de los demás integrantes de la Primera Sala, quienes alegaron que no se puede atraer el caso porque el gobierno del estado de Quintana Roo no tiene legitimación para solicitarla.
Independientemente del argumento legal, los otros integrantes de la sala son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Ana Margarita Río Farjat, todos los cuales no comulgan con la 4T ni con las posturas políticas de Loretta Ortiz Ahlf, e inclusive presentaron sus renuncias anticipadas a sus cargos dentro de este proceso electoral extraordinario, por lo que finalizarán en sus cargos el 30 de agosto.
Debido a la negativa de la atracción del expediente, será el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México el que resolverá si se devuelve a Aguakan la suspensión definitiva que ordenaba mantener intocada la concesión del agua potable en el norte de Quintana Roo mientras se termina un arbitraje entre las partes.
Este juicio deriva de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, primero, en julio de 2024 otorgó una suspensión definitiva a favor de Aguakan en los términos mencionados, con el pago de una garantía de 5 millones 500 mil pesos; pero en septiembre del mismo año, el gobierno del estado pagó una contragarantía para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionaran a Aguakan con el levantamiento de la suspensión definitiva, en caso de que se le conceda el amparo, y el juez dejó sin efecto dicha suspensión definitiva.
En este amparo originario lo que se combate es una resolución del Juez Octavo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde Aguakan había solicitado medidas cautelares contra cualquier afectación a su concesión y su prórroga por otros 30 años más en tanto termina el arbitraje, pero si bien en 2022 se las concedió, el mismo juzgado se las canceló a principios del 2024, ya cuando había terminado su concesión original y la prórroga por otros 30 años había sido cancelada por el Congreso del Estado.
El arbitraje deriva de la CAPA le determinó en el 2022 a Aguakan incumplimientos de sus obligaciones de inversiones en infraestructura hidráulica dentro de la concesión desde el 2016, generando un rezago de más de 35 % en el programa de obras, imponiéndole sanciones equivalentes al 10 % del rezago en obras de cada año, además de que le puso calificaciones reprobatorias de 4 y 0 a la empresa en evaluaciones de esos años sobre cumplimiento de la concesión.
Cabe mencionar que el rechazo de la atracción del caso Aguakan se dio varios días antes del histórico fallo del 14 de abril en el Juzgado Octavo de Distrito, que declaró legal la cancelación de la prórroga anticipada de la concesión de Aguakan y ha puesto a la empresa en la antesala de entregar la infraestructura a la CAPA.
De hecho, el caso de las sanciones y el litigio que inició en el 2022 Aguakan paralelo al arbitraje igualmente fue analizado por el Juez Octavo de Distrito en su sentencia de amparo.
Sin embargo, esta sentencia también será que ser revisada por un Tribunal Colegiado, y mientras tanto, la entrega de la infraestructura de agua potable de norte de Quintana Roo a la CAPA tendrá que esperar a la resolución de segunda instancia.
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