>La ASF le emitió el pliego de observaciones por este monto, en presuntos gastos para digitalizar el Catastro Municipal en el 2023 que no se comprobaron, y reprobó su gestión >En otras dos auditorías también fue revisada el área que encabezaba el actual Auditor Superior de Quintana Roo, junto con la Oficialía Mayor y la Dirección General de Obras Públicas, resultando el requerimiento de aclaración de 4 millones 532 mil pesos por camiones de bomberos y un tractor cuya compra no pudieron comprobar >La comuna también tuvo que devolver casi un millón de pesos por realizar una obra en zona deshabitada informando falso beneficio a 2 mil 500 personas, y se iniciaron varios expedientes de sanción administrativas por más irregularidades en obras y adquisiciones
Francisco Hernández/CAMBIO 22
CHETUMAL, 24 de abril.- En la fiscalización de la Cuenta Pública del 2023, que resultó con exigencias de aclaración, observaciones y reintegros a la tesorería federal por 16 millones 98 mil pesos al ayuntamiento de Othón P. Blanco, el área de la administración pública que aparece como principal revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la Tesorería Municipal, que en ese año encabezaba Miguel Zogby Cheluja Martínez, mismo que, a pesar del evidente conflicto de intereses existente, fue promovido por el gobierno de Quintana Roo al cargo de Auditor Superior del Estado.
Como auditor superior, ha quedado patente que parte de las tareas de Cheluja Martínez son tapar y maquillar sus propias faltas como administrador; las de su exjefa, Yensunni Martínez Hernández; y las de otros alcaldes, alcaldesas y excabezas de ayuntamientos pertenecientes a la alianza Morena-PVEM, pues a todos éstos los aprobó en la fiscalización local, sin reportar las irregularidades que sí informó la ASF en los casos en que revisó los mismos fondos federales en auditorías a las obras públicas, como ya se dio mostró en dos reportajes anteriores.
Cheluja Martínez no dejó pasar la oportunidad que le brindó su posición para maquillar la fiscalización local del gobierno municipal del que formaba parte en 2023, para lo cual hasta removió a los auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) inmediatamente después de tomar posesión, a pesar de que les quedaban 5 meses de gestión, a fin de colocar a sus leales subordinados que le sirvieran como testaferros en la fiscalización de Othón P. Blanco.
Solamente que, en la primera ocasión que encabezó la revisión local de las cuentas públicas, hasta su papel como “maquillista” contable oficial quedó corto, ya que en la cuenta que preparó para el ejercicio fiscal 2023 al municipio de Othón P. Blanco, cuando trabajaba allí, hubo irregularidades muy evidentes, mismas que, de inicio, ya le costaron al erario municipal la devolución de casi un millón de pesos ejercidos ilegalmente por la administración de Yensunni Martínez Hernández en ese año, y que el mismo Miguel Cheluja aparezca como el titular del área que generó un presunto daño a la hacienda pública por más de 10 millones 600 mil pesos.
Faltas como reportar que una obra pública beneficiaba a más de 2 mil personas cuando se hizo en una zona deshabitada; dividir dos obras en cuatro contratos para evadir la obligatoria licitación de las mismas; y no poder comprobar con fotografías que el ayuntamiento realmente adquirió una maquinaria pesada y dos camiones, ni comprobar la contratación de presuntos servicios de GPS para el Catastro, son las principales que han costado a la comuna el requerimiento de aclaración de más de 16 millones de pesos, incluyendo el reintegro de recursos ya mencionado, y varios expedientes de sanción administrativa.
Y estas fallas resultaron de tres auditorías de la ASF a igual número de fondos federales, y en las tres el área auditada fue la Tesorería Municipal de Miguel Zogby Cheluja Martínez: una fue en solitario; la segunda, junto con la Oficialía Mayor, que entonces encabezaba Javier Regalado Hendricks, el actual Tesorero Municipal de Playa del Carmen, con Estefanía Mercado Asencio; y la tercera, junto con la Dirección General de Obras Pública, cuyo titular era Jorge Domínguez Urrea, todos hoy en la línea siguiente de requerimientos si la administración municipal actual no logra “aclarar” los montos señalados.
Probable daño a la hacienda pública en el Catastro por más de 10.6 millones de pesos
En la fiscalización del fondo de Participaciones Federales a Municipios, la ASF verificó contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, y la única área revisada fue la Tesorería Municipal de Miguel Cheluja Martínez, con resultado de 10 millones 622 mil pesos en presuntos daños a la hacienda pública pendientes por aclarar.
Las faltas que generaron este monto irregular fue la disposición de material eléctrico que supuestamente era para el recinto de la Expofer y el polideportivo, así como luces navideñas, pero de las que se dispusieron sin sellos de salida del almacén ni indicación del área que lo recibió.
También hubo irregularidades en la contratación de servicio de control terrestre GPS y obtención de imágenes aéreas para Chetumal y Calderitas para digitalizar el Catastro Municipal, en los que no se presentó la evidencia del control terrestre, los reportes de la aplicación de procesos fotogramétrico, las orto imágenes y la digitalización de predios; ni las fotografías de frentes de predios, el machine learning, la evidencia de la digitalización de predios, el servicio de visualización web, el programa de código abierto del sistema de información catastral y la capacitación para el personal del municipio, todo lo cual dijeron que habían contratado.
Por todo lo anterior, la ASF emitió un pliego de observaciones por donde “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 10 millones 622 mil 822.17 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Municipios, por no acreditar la evidencia documental justificativa del gasto”, indica el informe final.
Además, la ASF reprobó a la Tesorería Municipal en esta fiscalización, pues al final de su informe consignó que, “en conclusión, el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2023”. En el sistema de fiscalización, el pliego de observaciones es más grave que la solicitud de aclaración, pues ésta es una medida preventiva, mientras que las observaciones ya son medidas correctivas, después de las cuales procede hacer requerimientos individuales a los funcionarios o exfuncionarios responsables para resarcir los montos de presunto daño al erario, en caso de que la administración actual no pueda presentar la documentación requerida para solventar observaciones, y en última instancia, pueden derivar en denuncias penales.
Evidente conflicto de intereses
El presunto daño a la hacienda pública constituye el 67 % de lo auditado a la Tesorería Municipal de Miguel Cheluja en este fondo federal, y las observaciones las notificó la ASF el 10 de septiembre de 2024, 10 días después de que tomara posesión como el nuevo Auditor Superior del Estado.
Poco después, el 2 de octubre de 2024 su sucesor en la Tesorería Municipal, Josué Leonardo Jiménez Herrera, apuradamente presentó documentación intentando atender lo observado, pero la ASF determinó que no cumple los requisitos necesarios para solventar el monto y la rechazó; por lo que si no logra solventarlo en la actual etapa de seguimiento, iniciada después de la entrega del informe final de la fiscalización, se exigirá el reintegro de los más de 10 millones 600 mil pesos.
Para solventar dicho monto, la comuna tenía 30 días hábiles contados a partir del 20 de febrero pasado, cuando se realizó la tercera entrega de la fiscalización de la ASF, después de los cuales transcurrirán 120 días hábiles para que la institución se pronuncie.
En el caso de que la ASF dictamine que no fueron solventadas las observaciones, iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria a servidores públicos o particulares, y en este caso en la línea de posibles responsables está el Tesorero Municipal del momento, que era Miguel Cheluja Martínez, el actual Auditor Superior del Estado.
En una situación extrema como esa, la ASF determinaría el pliego definitivo de responsabilidades con la indemnización correspondiente por daños o perjuicios, estimables en dinero, que se constituirá en un crédito fiscal, cuyo cobro efectuará la autoridad competente mediante procedimiento administrativo de ejecución.
La consecuencia final más grave sería, sin embargo, que la ASF presente una denuncia penal por los daños al erario, en caso de no resarcimiento o de que se tenga la presunción de la comisión de delitos.
Con el Auditor Superior del Estado involucrado en el señalamiento de este probable daño a la hacienda pública federal, también se comprueba el evidente conflicto de intereses que existe al haber sido nombrado Miguel Cheluja Martínez cuando estaba en el cargo de Tesorero Municipal de un ente que él mismo tendría que auditar.
Él negó con perjurio la existencia de dicho conflicto ante el Congreso del Estado en el proceso de su nombramiento, pero la primera acción que realizó después de haber tomado posesión fue remover a los tres auditores especiales que estaban en la Aseqroo, a pesar de que su nombramiento terminaba 5 meses después, para nombrar otros nuevos que le fueran completamente subordinados.
Luego, el 30 de septiembre del 2024, les delegó formalmente la facultad de realizar la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 al ayuntamiento de Othón P. Blanco en su nombre, precisamente porque de acuerdo a la Ley General de Servidores Públicos, de aplicación nacional, está prohibido “conocer de asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en las que hubiesen prestado servicios, toda vez que pudieran generar conflicto de intereses en la aplicación de los principios y directrices en el actuar de sus funciones como Auditor Superior del Estado”.
Sin embargo, información de la propia Aseqroo indica que los nuevos auditores especiales sólo actuaron de nombre en la fiscalización de Othón P. Blanco, porque el que realmente llevó la batuta intramuros fue el auditor superior Miguel Cheluja Martínez.
Sin demostrar la compra de dos camiones de bomberos y un tractor para la comuna
Además de ese caso en el que su área es la única involucrada, en la fiscalización del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) ejercido por Othón P. Blanco en el 2023, la ASF revisó a la Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, que en ese año encabezaron Miguel Cheluja y Javier Regalado Hendricks, respectivamente.
La ASF encontró que la administración municipal reportó la compra con esos recursos de 2 máquinas extintoras para bomberos y una retroexcavadora, con montos de 928 mil, un millón 189 mil y 2 millones 415 mil pesos, respectivamente, para un total utilizado de 4 millones 532 mil pesos, pero no fue posible verificar los números de serie de las unidades porque la evidencia fotográfica entregada no permitía verlos, los vehículos tampoco estaban registrados en el Programa Anual de Adquisiciones, y de la retroexcavadora no se presentó el resguardo.
La ASF solicitó la aclaración del uso de esos 4 millones 532 mil pesos, por concepto de no presentar evidencia fotográfica donde se puedan constatar los números de serie de las dos unidades extintoras y la retroexcavadora.
Además, promovió la apertura de un expediente de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Contraloría Municipal contra servidores públicos de la Tesorería Municipal de Cheluja Martínez y la Oficialía Mayor de Regalado Hendricks, porque en el procedimiento de compra estas áreas tampoco realizaron la investigación de mercado; no las incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2023 del municipio; no integraron las propuestas técnicas y económicas de los proveedores adjudicados ni los documentos de la presunta licitación; y la adjudicación tampoco fue aprobada por la mayoría del comité de adquisiciones respectivo; además de que un vendedor no estaba en el padrón de proveedores.
Una segunda promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria se inició por no contar con el avalúo de un perito para los contratos de las máquinas extintoras ni el resguardo de la retroexcavadora.
Por esta causa, la ASF reprobó a la administración municipal de Othón P. Blanco en esta auditoría, señalado que “en conclusión, el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023”.
La solicitud de aclaración se formalizó el 19 de diciembre del 2024, y para el 9 de enero del 2025 las áreas auditadas presentaron información y documentos para atender lo observado, pero la ASF los desechó porque no eran adecuados para justificar el monto, por lo que todavía tiene que aclararlo la comuna.
Pavimentación en zona sin viviendas informando falso beneficio a 2 mil 500 personas
En la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun) se auditó de nueva cuenta a la Tesorería Municipal de Miguel Cheluja, ahora junto a la Dirección General de Obras Públicas, encabezada por Jorge Domínguez Urrea.
En ésta, la ASF encontró que pagaron 941 mil 442 pesos en la pavimentación de un tramo de calles en una zona deshabitada y sin viviendas, como parte de la tercera etapa de la obra de construcción de pavimentos en diversas calles de Chetumal, pero la comuna había reportado falsamente que beneficiaba a 2 mil 500 habitantes en la cédula de registro ante el Consejo de Planeación del Estado de Quintana Roo (Copladeqroo) y en la cédula de validación de recursos ejercicio 2023.
El hecho se constató con una visita al lugar en noviembre del 2024 y provocó que la administración municipal tuviera que reintegrar ese dinero a la Tesorería de la Federación antes de que concluyera la auditoría, lo cual se reportó en el informe final como recuperación de recursos con motivo de la intervención de la ASF.
Además, la ASF promovió ante la Contraloría Municipal el procedimiento para determinar sanciones administrativas de servidores públicos de la Tesorería Municipal y la Dirección General de Obras Públicas involucrados en estas faltas.
División de obra pública para evadir la obligación de licitarla
Una segunda irregularidad cometida fue que se dividió en 5 proyectos dos obras de construcción de alumbrado público para pasar por encima de la obligación de licitarlas, repartiéndolos en 4 contratos a fin de burlar el tope financiero que obliga a licitar, que era de 4 millones 927 mil pesos.
Los proyectos, que con esta argucia fueron adjudicados por invitación restringida, fueron la construcción de alumbrado público en la colonia Bicentenario y en la avenida Independencia del Boulevard Bahía a la avenida Insurgentes, para cada uno de los cuales se realizaron dos contratos por montos menores a ese tope, pero al final el primero realmente costó 8 millones 922 mil pesos y el segundo, 5 millones 430 mil pesos, para un total de 16 millones 649 mil pesos incluyendo el IVA pagado.
La ASF concluyó que la comuna no respetó los montos máximos de adjudicación autorizados, debido a que dichas obras correspondieron al mismo tipo de proyectos, en las mismas colonias y con la misma temporalidad, pero se formalizaron diversos contratos para evitar realizar los procesos de licitación pública.
Por eso, la ASF promovió otro procedimiento para determinar sanciones administrativas a servidores públicos involucrados en esta componenda.
En la fiscalización la ASF encontró un paso peatonal con hundimientos y concreto fracturado, lo que provocó que se comenzara a disgregar, pese a estar recientemente hecho dentro de la obra denominada Rehabilitación de pavimentos en diversas calles de la ciudad de Chetumal, segunda etapa, con un oneroso importe pagado de 439 mil 211 pesos, aunado a que no se realizaron los obligatorios estudios de laboratorio para corroborar las especificaciones técnicas de la obra o que fueran las adecuadas para el tipo de uso.
Esto obligó a la comuna a demoler y reconstruir el paso peatonal antes de que finalizara la auditoría.
También hubo 6 expedientes técnicos de 9 obras públicas en los que faltó documentación, pues 6 no contaron con bitácora de obra, 4 carecían de oficio de conclusión, 2 no tenían acta de extinción de derechos y obligaciones, uno no tuvo el acta finiquito y en otro faltó el acta de entrega-recepción, por lo que la ASF también promovió un expediente para sancionar administrativamente a los servidores públicos responsables.
Este fondo y las mismas inversiones fueron fiscalizados por la Aseqroo ya encabezada por Miguel Cheluja Martínez, pero en su informe no existe mención alguna a estas irregularidades y los efectos que tuvieron, e inclusive algunas obras cuestionadas por la ASF fueron omitidas, como parte del maquillaje contable que realizó a la cuenta pública 2023 de Othón P. Blanco y a sus propias fallas.
Pese a todas estas irregularidades que involucran a Miguel Cheluja Martínez, el gobierno del estado impulsó su designación como titular de la Aseqroo, mientras otro de los involucrados, Javier Regalado Hendricks, fue premiado con su colocación como responsable de los recursos públicos del ayuntamiento de Playa del Carmen, en calidad de Tesorero Municipal de la alcaldesa Estefanía Mercado Asencio.
