Dicen que el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (#Suchaa) enfrenta una crisis al interior, todo porque que su actual dirigencia se pretende prolongar a toda costa, con estrategias que van desde la manipulación hasta la abierta coerción. Julio César “Durazo” Castilla Zapata, secretario general, insiste en aferrarse al cargo, aunque su directiva sigue sin obtener el reconocimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. A pesar de sus intentos de vender la narrativa de un supuesto fallo a su favor en un juicio de amparo, la realidad es que su administración opera en una absoluta irregularidad jurídica.
Mientras tanto, el Grupo de Lucha para la Unificación, Transparencia, Legalidad y Respeto Sindical (Porque denominarse “Grupo de los Hartos” no era muy institucional) denuncia que la directiva no solo se resiste a la transición, sino que ha convertido el proceso en un campo minado de obstáculos, recurriendo a un manual de supervivencia sindicalista donde la democracia es solo un concepto decorativo.
El padrón de socios registrados en el Suchaa es de 2,230 y se requieren 780 firmas para forzar nuevas elecciones. Hasta el momento 300 agremiados han expresado su respaldo a la remoción de la directiva, cifra que sigue en aumento a pesar de las maniobras del dirigente. Castilla Zapata ha optado por la ruta del engaño burdo, inflando el padrón con socios ayudantes que no tienen derecho a voto y diseñando un proceso electoral que haría sonrojar a cualquier dictador aficionado: boletas sin cargos específicos, omisión del balance de género y una reelección disfrazada de formalidad. Como si no bastara, su administración ha dilapidado el patrimonio del sindicato con la discreción de un saqueo bien ejecutado, perdiendo bienes y concesiones en operaciones cuya transparencia es inexistente.
La negativa reiterada de los tribunales laborales a validar su mandato no es un detalle menor: es la confirmación de que su permanencia en el cargo no se sostiene en la legalidad, sino en la imposición.
Y ante todo esto el ÚNICO dueño de las concesiones no dice ni pío. Gobierno de Quintana Roo ¿En algún momento se van a pronunciar?
