>Los exservidores públicos de la dependencia en la administración anterior fueron omisos en el seguimiento de varios expedientes de faltas cometidas en el gobierno de Roberto Borge >La Secoes del gobierno de Mara Lezama los denunció penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción y buscará que reparen el daño patrimonial
Francisco Hernández
CHETUMAL, 21 de octubre.- La Secretaría de la Contraloría (Secoes) de Quintana Roo dio a conocer que denunció penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción a funcionarios de la administración de Carlos Joaquín González por omisiones graves que provocaron la prescripción de plazos legales de expedientes administrativos por faltas detectadas en el período 2011-2016, correspondiente a su antecesor, Roberto Borge.
Entre las denuncias no se encuentra alguna dirigida al exgobernador, sino sólo contra los exfuncionarios de la Secoes de la administración anterior, que encabezó Rafael del Pozo Dergal, indicó la secretaria de la Contraloría del Estado, Reyna Arceo Rosado, en compañía del Fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, y el Consejero Jurídico de la Gobernadora, Carlos Felipe Fuentes del Río, en la Fiscalía General del Estado.
Debido a que no se dio seguimiento a estos expedientes se dejó sin resolver un daño a la hacienda pública por 7 mil millones de pesos, por lo que las denuncias van encaminadas contra exfuncionarios de la Secoes del gobierno de Carlos Joaquín, de nivel superior y medio, que tenían esa responsabilidad.
Por otra parte, la contralora informó que existen 47 funcionarios inhabilitados durante la administración de Mara Lezama Espinosa, de los cuales 41 ya tienen firmes las sanciones.
Explicaron que, por los procedimientos administrativos prescritos debido a las omisiones en la anterior administración, se buscará en las denuncias penales la reparación del daño patrimonial causado.
Arceo Rosado dijo que la actual administración recibió 513 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales 184 estaban activos, pero algunos expedientes del 2011 al 2016 revelaron una preocupante falta de ética y profesionalismo en la atención de asuntos críticos para el bienestar del estado, puesto que los responsables de tramitar y resolver dichos casos actuaron de forma negligente, perdiendo una oportunidad clave de investigar desvíos de recursos simulados entre contratos, mal manejo de fondos y varios de ellos destinados a programas sociales.
“Millones de pesos quedaron sin explicación clara, y los plazos legales para sancionar estos delitos han prescrito en su mayoría”, dijo la contralora.
Dijo que desde noviembre de 2023 se han puesto denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción y se han aportado pruebas contundentes para robustecer las carpetas de investigación contra esos exfuncionarios.
El Fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, dijo que se tienen 847 carpetas de investigación, algunas de las cuales incluyen sanciones a exfuncionarios de nivel medio y superior de la misma Secoes, por las omisiones que permitieron la prescripción de los delitos.
Por su parte, el Consejero Jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, dijo que la principal omisión fue la falta de sanciones adecuadas, aprovechando los vacíos legales de la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, que marcaba la prescripción de expedientes a los 3 años, y manifestó que los nombres de los denunciados no se pueden dar a conocer, debido a la secrecía y reserva que deben llevar las investigaciones.
Conforme a una tabla presentada por los funcionarios, los 7 mil millones de pesos en daño al erario del período 2011-2016 se cuantificaron en expedientes sobre faltas en las siguientes dependencias:
-55 millones 232 mil 390 pesos de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
-526 millones 890 mil 537 pesos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
-12 millones 200 mil pesos de la Secretaría de Salud (Sesa).
-52 millones 57 mil 285 pesos de los Servicios Estatales de Salud (Sesa).
-97 millones 268 mil 299 pesos de la Universidad Politécnica de Cancún.
-161 millones 810 mil 627 pesos del IPAE-Agepro.
-139 millones 608 mil pesos de la Secretaría de Gobierno.
-1,850 millones 495 mil 900 pesos de la Sefiplan y la Sedaru.
-47 millones 254 mil 204 pesos de la Sefiplan.
-20 millones 880 mil pesos de la Sefiplan.
-40 mil 491 pesos de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra).
-2 millones 199 mil 912 pesos del Ipae.
-806 millones 616 mil 882 pesos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
-161 millones 206 mil 527 pesos de Sefiplan y Gobierno del Estado.
-26 millones 104 mil 283 pesos de Sefiplan.
-142 mil 372 pesos de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo).
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