De forma escandalosa y cínica, la Fiscalía General de la República, pretende extorsionar con 300 mil pesos a los vecinos del Polígono Pok ta Pok para que el peritaje en grafoscopía a realizarse por peritos adscritos a dicha fiscalía les favorezca. Cabe recordar que dichos vecinos promovieron una demanda de amparo, obteniendo una suspensión definitiva en contra del cambio de uso de suelo y densidad para el polígono Pok Ta Pok. Según denunciaron a la escribiente los mismos vecinos, éstos han sido contactados por personal de la FGR para exigirles dicha cantidad para que el peritaje salga “favorable”, a pesar de que los quejosos han reconocido y ratificado como suyas las rúbricas que obran en el expediente.
Lo anterior sólo expone que la corrupción en México no sólo no ha disminuido, sino que es una constante del sistema judicial, tambien en esta cuarta transformación, sin embargo, la reforma judicial no soluciona este problema, todo lo contrario, vulnera los derechos de los mexicanos de cualquier estrato social, ya que sustituye una institución defectuosa por una institución inútil, el ciudadano tendrá el mismo aparato de justicia, y el beneficio será exclusivamente para elgobierno, que tendrá jueces a modo, buscando deshacerse de la única institución que podría objetar sus intereses.
Algo que no mencionan los defensores de esta iniciativa, es que se tendrán que reestructurar las escuelas de derecho para que se pueda enseñar en nuevo sistema jurídico. En la práctica privada, los litigantes desarrollaran su práctica en un sistema obsoleto. En opinión de algunos abogados que celebran este descalabro a la justicia mexicana, esta reforma permitirá que cualquier abogado, aún sin experiencia y sin preparación pueda llegar a ser juez. Las afectaciones en materia del amparo serán de un retroceso de 200 años. Esto lo sabe perfectamente Ricardo Monreal, creador de dicha reforma, pero no le importa, lo suyo es acumular más poder, el dinero ya lo tiene todo.
Efectivamente, es necesario regular las cantidades que ganan los servidores públicos, algunos son desmedidos y deben existir topes a cierto tipo de bonos, pero una cosa es lo que ganan magistrados y ministros, y otra es que se recorte el presupuesto de la manera que pretende hacerse, ya que con esto aumenta la corrupción, fomentando un estado miserable en el poder judicial, y ocurrirá lo mismo que con todas las instituciones que no operan de manera efectiva. El gasto y el presupuesto del poder judicial no debe tocarse, porque de por sí ya es paupérrimo, basta visitar una fiscalía en cualquier estado del país y platicar con sus servidores públicos, para corroborar que trabajan en pésimas condiciones.
Las Fiscalías en Quintana Roo y de todo el país son un nido de corrupción, la fiscalía de Playa del Carmen está en pésimas condiciones, ni hablar de los demás municipios como Lázaro Cárdenas o José María Morelos que no cuenta ni siquiera con una fotocopiadora. Para infortunio del sector público, los abogados bien preparados optan por ejercer en el sector privado, lo que deja con un nivel de preparación muy bajo a la fiscalía, que además no brinda cursos, ni capacitaciones a sus trabajadores, esto aunado a los bajos salarios que percibe un ministerial, que además tiene que trabajar 24 horas seguidas, si quiere salir medianamente a flote con sus gastos. La remodelación que se ha realizado en las instalaciones de la fiscalía de Cancún, si bien era urgente para quienes ahí trabajan y para la ciudadanía que pocas veces ve sus impuestos reflejados en obras, no da celeridad ni efectividad a los casos que llegan, lo único que ha cambiado es que la corrupción y la ineficiencia de estas, ya cuentan con aire acondicionado…
