LA LEY A “CHALECO”

Estudios especializados señalan que hay una “fuerte” o “muy fuerte” vinculación entre robos de motocicletas y homicidios dolosos en México. Para el caso de Quintana Roo, en el Registro Público Vehicular -hasta febrero de 2024-, hay un padrón de 313 mil 892 de estos vehículos, pero la autoridad reporta tan sólo 150 mil motociclistas ¿quién maneja y dónde están la mitad de esas unidades? La urgencia de la regulación es evidente.

Que no haya confusión, la XVII legislatura de Quintana Roo aprobó, con opacidad, sin socializar y a “rajatabla” -como suelen actuar los legisladores locales-, modificaciones a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, para hacer obligatoria la utilización de chalecos a personas que transiten en motocicletas. La medida ya generó movilizaciones en las principales ciudades del estado, pero cree el escribiente, y aquí van los datos concretos, que son por las razones equivocadas. Saber quiénes tienen una motocicleta, quiénes las manejan y cuándo, permitirá inhibir, en lo inmediato, los actos criminales que en ellas se cometen. En el reporte 2023 de Algotive, denominado “Actividades delictivas en motocicletas y su impacto en la inseguridad en México”, se destaca que, para mayo de ese año, 36 mil 902 robos con violencia y 31 mil homicidios dolosos cometidos en México están relacionados con la utilización de este tipo de vehículos y, además, con el robo en sí, de estas unidades. ¿nota ahora el enorme “hueco” de información y la impunidad que genera?

El error de los/las legisladores/as locales, consiste en la falta de análisis de las iniciativas que aprueban, la doble opacidad que generan con ello -al obedecer a pie juntillas- al no fundamentar y acotar lo aprobado y en no medir el impacto negativo que, es obligado reconocer, sí existe -por lo pronto, en lo económico- con este tipo de modificaciones normativas. Primero, aprueban un artículo transitorio en el que establece la entrega, por parte del gobierno estatal, de chalecos identificatorios para los choferes; pero no se especifica que, a futuro, el usuario deberá adquirirlo y, además, que deberá modificarlo cada tres años, cuando haya nuevos procesos de emplacamiento, ni se explica el procedimiento para adquirir otro en caso de robo, ni la sanción a que se hará acreedor quien robe o “clone” un chaleco para delinquir, entre otros muchos casos no previstos o explicados.

Tan mal hacen el trabajo los legisladores -por lo menos sin análisis o cuestionamiento-, que la misma secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, tuvo que salir a amainar las protestas ocurridas en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, y a decir que “afinarán” la ley, ante la amenaza, además, por parte de los motociclistas, de promover amparos para evitar la aplicación de la norma. Y entonces, se confunde una cosa con la otra: Identificar a los conductores de motocicletas -cualquiera que sea el método para ello- es urgente y necesario; aclararle al usuario que es también para su beneficio es una obviedad y, cuidar los procesos en los que se involucran recursos públicos es una exigencia.

Deberá aclararse la inversión total, el proceso de licitación, si se trata de algún proveedor local, la experiencia que se tiene en la elaboración de materiales y, también, la vigencia que tendrán los chalecos. Esto último porque, a menos que se cancele el emplacamiento vehicular, deberá ocurrir de nuevo en 2026.

Si esto fuera así, entonces, debiera cancelarse, por lo menos, el reemplacamiento de motocicletas, para permitir mayor vigencia de los chalecos, o la inversión de 42 millones de pesos anunciada por la legislatura, servirá sólo para año y medio y sólo para los motociclistas existentes hasta este momento. Nótese pues la manera en que deben separarse los temas. Las protestas por los cobros pueden estar fundamentadas, pero no por los beneficios que sí genera el “enchalecamiento”, la seguridad patrimonial que brinda, hasta para los motociclistas, es clara, sino estrictamente por  la afectación económica, aunque no es tema menor. Por cierto, esto va mucho más allá de un “club de bikers”, también daña al campesino, al padre de familia, cuyo único medio de transporte es la motocicleta, entonces, tampoco debe haber una visión reduccionista, como tampoco una exacerbación por parte de los conductores, no, por lo menos, insiste el redactor, por las razones equivocadas.

Ahora bien, no debe perderse de vista -porque también se han esgrimido los casos de éxito de otros países- que los beneficios son en corto plazo y muy difíciles de sostener; particularmente porque la delincuencia encuentra siempre la manera de evadir la ley. Falsificando chalecos, robándolos para delinquir, “clonando” números auténticos y entonces se vuelve al estado original de cosas. ¿cuál es entonces, la solución? Complementar estas acciones, con otras que ya realiza el gobierno estatal, como la instalación de cámaras, la actualización de todo tipo de padrones y la creación de otros tantos, como los de mototaxistas y motoservicios en Quintana Roo, así los resultados serán posibles de sostener en el tiempo.

Luego entonces, como reza el dicho: “El diablo está en los detalles”; la medida es atinada, pero debe ser acotada -bien por el anuncio de la secretaria de Gobierno-; las protestas deben en todo cambiarse por actos racionales y como acciones ciudadanas, más que por la vía del amparo, por la exigencia y gobernanza de cuidar que el proceso no se convierta en un acto recaudatorio meramente y que contribuya de manera auténtica a bajar la incidencia criminal y que, las instancias que más incidan en la acción, sean aquellas relacionadas con la Seguridad, antes que las de Finanzas. Así de claro, concreto y directo.

Por cierto, en materia de movilidad, la entidad tiene un retraso marcado, con respecto a las reformas nacionales aprobadas en 2023, por ello extrañó que se impulsaran las aprobadas en lo local recientemente, antes que las obligadas por la Ley General que ya existe, pero la “ley del chaleco” ya está aquí, es “a chaleco” y hay que cumplirla, pero también vigilar el sentido que se le dé. Al tiempo.

A las actuales administraciones municipales les quedan menos de dos meses de labores; durante las campañas electorales y, casi, para salirse por la “tangente”, candidatos y candidatas que buscaron la reelección -y que la lograron- aseguraron que ya analizaban el estado de sus finanzas para otorgar el llamado “bono trianual” a la base trabajadora que, si se consideran en su totalidad, superan varias decenas de miles de posibles beneficiarios o afectados.

El tema no es menor, la burocracia es siempre el mejor “termómetro” de aprobación de la administración pública y, aunque el bono no es una prestación contemplada por ley, los “usos y costumbres” -malas, si se quiere- han mantenido ese pago cada fin de gobierno. Para el caso, se prometió en campaña, ahora que ya ganaron, habrá que ver si cumplen (¿y los que perdieron? Pues esos no, ¿o sí?) o sólo fue eso, promesa para buscar votos; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.