LA CUENTA REGRESIVA Y EL RECUENTO DE DAÑOS

A partir de hoy, faltan diez días para las elecciones del 02 de junio, más de 20 mil cargos de elección se renovarán y, si algo puede afirmarse en esta recta final, es que la 4T y sus aliados seguirán siendo los partidos más votados, pero con una oposición que creció mucho más allá de lo que esperaban en el oficialismo, a grado de que importantes derrotas pueden proyectarse también, en esa fuerza política que, hasta inicios del presente año parecía imbatible.

Además de la renovación de 31 de 32 legislaturas estatales y el Poder Legislativo federal, en 10 días se elegirán 9 gubernaturas y la Presidencia de la República. En aritmética simple, hay cinco estados clave para ganar la Presidencia, pues concentran el 38 por ciento de los votos del país: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. A excepción del Estado de México, las demás tendrán elección de todos los cargos y, en 3, las proyecciones no favorecen a la 4T. Dato nada despreciable. Las otras cinco gubernaturas en juego son Yucatán, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Morelos. 3 están ya en manos de la 4T, pero de manera endeble en casos como Morelos… a principios de este año, “la maquinaria” guinda proyectaba llegar a 30 gubernaturas en México (actualmente tiene 23, si se considera a San Luis Potosí, gobernada por el Partido Verde Ecologista, PVE).

En lugar de crecer, este proceso electoral parece representar la contracción de la 4T. Veracruz, Morelos, Puebla y Chiapas no reportan buenas cifras en sus mediciones; por lo que, en lugar de crecer a 30, la representación morenista nacional pudiera reducirse a 19 entidades. Esos son los datos que pasan desapercibidos en la discusión de campaña o en las mediciones de encuestas usadas más para propaganda que para proyecciones de actuación. Esto, porque además de los estados que renuevan gubernatura, hay otros 10 que son fundamentales para el triunfo, porque su padrón de electores supera los dos millones: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y en estos la oposición ha avanzado con diputaciones locales y presidencias municipales.

En suma, Morena y aliados seguirán siendo la principal fuerza política, probablemente ganen la presidencia y hasta mayorías en Congresos locales y presidencias municipales, pero el avance “molecular” de la oposición a nivel de las entidades y esos más de 19 mil cargos de elección municipal (obviamente con las regidurías incluidas), muestran un avance “de la periferia al centro”, la oposición crece de abajo hacia arriba. Esa dinámica, ya identificada por la 4T ha llevado a un ajuste en la difusión de las campañas, para que todos sus abanderados/as hagan un urgente llamado a “votar todo Morena”, pues habría que recordar que, ni en 2018 ni el 2021, alcanzaron las curules necesarias para obtener mayoría calificada, que les permitiría aprobar, incluso, reformas constitucionales en el Congreso de la Unión. Si fuera el caso que tampoco ahora lo consiguen, deberán -de nuevo- establecer alianzas con otros partidos. Aquí es donde la estrategia de fuerzas como Movimiento Ciudadano toma sentido. En esa dinámica, se aprueban presupuestos, se mantiene el gasto de programas sociales, se modifican normas, de acuerdo a los intereses del régimen… ¿a cambio de qué? Pues de obtener mas espacios en las entidades. Se avanza abajo, para negociar arriba, ¿ya lo notó?

Y así, en lo que respecta a Quintana Roo, la oposición también crece. Algunos municipios serán gobernados por partidos diferentes a Morena y sus aliados -actualmente sólo uno, Solidaridad, con Lily Campos Miranda, que al parecer logrará la reelección-, y en el Congreso del estado habrá también crecimiento en la representatividad opositora. Pudiera no representar ningún riesgo para la gestión de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, pues actualmente la oposición en el Congreso prácticamente es inexistente (tienen dos, de 25 diputaciones) y en los municipios las negociaciones son posibles, en aras de la gobernabilidad, pero, sin duda, los “tambores de guerra” están ya sonando para las elecciones del 2027, cuando se renovará la gubernatura quintanarroense. La alternancia también es posible “negociarla”, así como lo ha planteado aquí mismo el escribiente.

Así, en la recta final de las campañas y luego de ese inesperado crecimiento opositor, los ánimos están “al rojo vivo”, los ataques y presiones de quienes detentan el poder son cada día más evidentes y menos “disimulados” y, el elemento que no puede perderse de vista en este proceso electoral particularmente en el país y Quintana Roo, es la violencia que ha estado desde hace años presente, pero que, sin duda, ahora fue mucho más, con víctimas colaterales como periodistas, como siempre. Pero esa será materia de otro análisis; por ahora, a esperar el desenlace en las urnas… o tribunales.

Graves, aunque seguramente serán ignorados, los señalamientos en contra del fiscal general del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, de estar involucrado con narcotraficantes. La trayectoria del funcionario, llegado al estado en 2023, ha estado plagada de este tipo de señalamientos, pero por alguna extraña “buena suerte”, sus “caídas en desgracia” no han pasado de las destituciones.

Ha sido fiscal en el Estado de Chiapas, al calor de Manuel Velasco Coello, secretario de Seguridad en Puebla, diputado federal por el Partido Verde Ecologista (PVE) del Estado de Chiapas (de nuevo, al calor de Velasco Coello). No es que no se haya discutido antes la polémica trayectoria, solo que, después de que, en los últimos días, surgiera un escándalo que involucra a uno de sus subordinados, de nombre Pedro León Toro Peña, director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQR), que tuvo la “ocurrencia” de organizarle una fiesta de cumpleaños amenizada por Los Tucanes de Tijuana, cuando su sueldo registrado no supera los 67 mil pesos mensuales, pues, de nuevo las sospechas sobre el involucramiento en actos ilícitos toman importancia.

Lo “curioso”, es que el aun funcionario brinca de un cargo a otro, siempre relacionados con cuerpos policiacos. Por ejemplo, luego de que Miguel Barbosa Huerta (DEP), siendo gobernador de Puebla, destituyera a López Salazar y a Toro Peña (secretario y subsecretario de Seguridad, en ese entonces), acusados de tejer una red de protección a la delincuencia, el primero fue designado delegado de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo (FGR). Antes, al terminar su periodo en Chiapas, se fue a la tierra de los camotes… y bueno, de allá llegó al Caribe, siempre sorteando aguas turbulentas. Entendibles serían los ataques y “campañas mediáticas”, pero si los resultados brindados pudieran acreditarse. ¿sabe el lector, cuál fue la policía estatal más corrupta del país, cuando el ahora fiscal estuvo en Puebla? Exacto… la de ahí; datos por cierto que pueden consultarse en el INEGI.

¿Y qué tiene que ocurrir, entonces, para dejar de “importar” mandos policiacos? No lo sabe el escribiente, pero lo que sí puede afirmarse es que, mientras esos cargos sigan asumiéndose como espacios políticos y no técnicos, cambio, no habrá…o tal vez sí, pero solo en discurso; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.