Poca participación de mujeres en la Red de candidatas que ofrece blindarlas de violencia política.

A pesar de registrarse ya cuatro posibles casos, hasta el momento es menos del 40 por ciento de las aproximadamente 600 mujeres postuladas en el proceso electoral local, las que se han adherido a esta estrategia que ofrece capacitación, asesorías y acompañamiento.

A menos de dos días de poder recibir sus constancias y siete de iniciarse las campañas proselitistas, a la red de mujeres candidatas organizada por el instituto electoral de Quintana Roo (Ieqroo) solo se han inscrito menos de 240 ciudadanas postuladas por los partidos políticos en las planillas de los ayuntamientos y para las diputaciones.

La cifra representa menos de un 40 por ciento de las aproximadamente 600 mujeres postuladas, al tratarse de un ejercicio voluntario para una estrategia que busca blindarlas de la violencia política en razón de genero que lamentable se sigue presentado y que en este proceso electoral ya tiene cuatro casos abiertos, informó la consejera, Elizabeth Arredondo Gorocica, consejera electoral encargada de esta red.

La fuente comentó la imposibilidad de obligar a todas las mujeres candidatas a participar, aunque consideró que deben hacerlo ante la expectativa de una creciente incidencia de casos, cuando arranque formalmente la campaña, dado que las redes sociales son un caldo de cultivo para lanzar desde el anonimato los ataques contra las candidatas ya sea propietarias o suplentes.

Esta red opera con una incidencia acumulada de 37 casos en los últimos cuatro procesos electorales locales y el latente aumento de expedientes por violencia política de género, en cada inicio de la temporada de precampañas y campañas.

En los últimos años la gran mayoría de los casos vienen de los medios de comunicación digitales, portales de noticias o cuentas de terceros, y desde luego de militantes de partidos políticos contendientes por candidaturas o cargos, advirtió la consejera.

Ofrece, entre otros, capacitación para conocer los diferentes contextos de violencia, atención psicológica y asesoría jurídica para denunciar los posibles casos, además de brindar acompañamiento ante las autoridades y hasta gestionar protección adicional en caso de riesgos de seguridad.