ONCE PASOS
Javier Chávez Ataxca
El baño de sangre es como uno de sol en las playas de Quintana Roo, por lo habitual. Esta violencia fuera de control no sólo golpea a destinos turísticos de la zona norte –como Cancún y Playa del Carmen–, porque azota más al sur: en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto y en Chetumal, nuestra capital fronteriza con Belice.
Sea Fiscal de casa o procedente de otros confines, como ahora el Fiscal chiapaneco Raciel López Salazar, 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐚𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐲 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨 “𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐢𝐬𝐨”.
El pasado martes, familiares y amigos de una señora chetumaleña de 65 años se manifestaron a la entrada de la Fiscalía General, en demanda de una investigación inmediata que permita su localización con vida. La víctima fue sacada de su tienda de abarrotes a la fuerza por un grupo de delincuentes y su paradero es una incógnita. Y así otras desapariciones que se acumulan.
𝐋𝐚𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐲 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐫 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐟𝐫𝐮𝐭ó 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐳 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐝𝐢𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚í𝐬, por la escasa población del estado creado por el Presidente Luis Echeverría en 1974.
Los crímenes fluyeron con gotero y fueron en ascenso imparable en el mandato del último gobernador de la era PRI en esta tierra maya caribeña: Roberto Borge Angulo, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial del estado de Morelos y que gobernó de 2011 a 2016, cuando llegó la alentadora alternancia.
Borge fue conmocionado porque le mataron a balazos en Cancún a su director de Gobernación, Isaías Capeline Lizárraga; con él murió en la camioneta Ford Lobo su escolta Ángel Casillas, el 14 de julio de 2016 al mediodía. Para entonces ya era gobernador electo su enemigo Carlos Joaquín González, a quien Borge cerró todos los espacios en el PRI para orillarlo a ser candidato a la gubernatura por la coalición formada por PRD y PAN. De esas maldades que se agradecen.
Con Carlos Joaquín la violencia aumentó por el crimen organizado cuyo potencial mortífero ha sido una interminable pesadilla de la vida real, pese a la aclamada contratación de un Fiscal con notas positivas en el gobierno de la Ciudad de México: Óscar Montes de Oca Rosales, quien había sido Fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro.
Avalado por el Congreso local controlado por Carlos Joaquín, Montes de Oca debía permanecer nueve años y se iría hasta el 11 de diciembre de 2027, pero la gobernadora morenista Mara Lezama decidió su salida por los malos números de la Fiscalía.
𝐄𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥, 𝐩𝐞𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝
Pero con Raciel López Salazar el remedio resultó peor que el tumor cancerígeno, aunque el ungido ya conocía Quintana Roo porque venía de una encomienda donde fue un fantasma en reposo: delegado de la Fiscalía General de la República, con sede en Cancún.
El actual Fiscal había sido Procurador General en su natal Chiapas, delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México y Secretario de Seguridad Pública en Puebla, con el ya fallecido gobernador morenista Miguel Barbosa Huerta.
𝐓𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢ó 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐬𝐨𝐫 Ó𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐚, 𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐞𝐥 𝐋ó𝐩𝐞𝐳 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐳𝐚𝐫 𝐧𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 que no respeta a los llamados especialistas que llegan y se van, dejando al paciente en peores condiciones pese a la multimillonaria inversión para sanarlo.
