La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se activó el bono catastrófico con el que se cuenta luego del paso del huracán Otis por Guerrero y dejar afectaciones en el puerto de Acapulco y municipios aledaños.
Dicho bono, lanzado en el 2020 en conjunto con el Banco Mundial (BM), tiene una cobertura de hasta 485 millones de dólares, y provee cobertura contra pérdidas derivadas de sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales.
La suma asegurada del bono, el cual vence en marzo del siguiente año, se divide en cuatro series:
- Sismos Clase A (175 millones de dólares): eventos de mayores magnitudes, baja probabilidad de ocurrencia, pero con mayor impacto económico; cobertura enfocada en zona central del país.
- Sismos Clase B (60 millones de dólares): eventos de mayor probabilidad de ocurrencia y menores pérdidas económicas; cobertura enfocada en zona de la costa del Pacífico.
- Huracanes Atlántico (125 millones de dólares): cubriendo todas las zonas costeras del Golfo de México y Península de Yucatán.
- Huracanes Pacífico (125 millones de dólares): cubriendo todas las zonas costeras del Océano Pacífico y del Golfo de California.
Previo a la activación del bono, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, explicó que el Gobierno federal cuenta con los recursos para hacer frente a catástrofes naturales como Otis, huracán que dejó estragos en la costa de Acapulco al llegar en la madrugada de este miércoles.
El funcionario destacó que existen recursos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), así como otros instrumentos que tiene el país para hacer frente a estos sucesos.
Detalló que, actualmente, el Fonden cuenta con recursos por alrededor de 18,000 millones de pesos.
“Me gustaría dar un poco de contexto sobre las decisiones que se tomaron respecto a la administración del fondo de desastres. En México, el fondo tiene dos componentes: la acumulación de reservas de efectivo, que es lo que usualmente conocemos como el ahorro del fonden y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas del ciclo de reconstrucción una vez que impacta un desastre”, explicó en las comisiones del Senado.
En este sentido, indicó que con la desaparición del fideicomiso, se retiró el sistema de gestión financiera pública, a cargo de Banobras, es decir, ya no se deja que este banco y los municipios establezcan el sistema de facturas y los proyectos de reconstrucción.
Lo que se hace ahora es transferir los recursos a los ejecutores, que pudieran ser la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) si se aplica el Plan DN3 u otro ejecutor, como un estado.
Fuente: El economista
