El gobierno de Othón P. Blanco busca ejercer las facultades y autonomía que le conceden la ley general de movilidad de mayo de 2022 y la ley de movilidad del estado de Quintana Roo, de abril de 2023 para regular todo lo que se refiere al servicio público de transporte urbano pasajero en autobuses de ruta establecida.
Se trata de una iniciativa del regidor Jorge Herrera Aguilar, para un nuevo reglamento de transporte urbano de pasajeros en el municipio capitalino, en el que básicamente se elimina la necesidad de autorización del poder legislativo del estado para concesionar este servicio a un particular, aun cuando la temporalidad del permiso sobre pase los 3 años del gobierno que la otorgue.
El regidor promovente aseguró en su iniciativa, ya en estudio del cabildo de Othón P. Blanco, que al contar con la autonomía otorgada por la ley general de movilidad en su articulo 43, se han superado las reglas que limitaban el otorgamiento de una concesión por mas de tres años, ya que se dejará de acudir al congreso para ratificar la temporalidad de un servicio que demanda la ciudadanía, que quedaba a protestad de un poder y control político que no le daba solución, pero si abonaba a la corrupción.
Esta autonomía se apuntala también desde el artículo 38 de la ley de movilidad para el estado de Quintana Roo, en donde se apunta que son facultades de los ayuntamientos regular, aplicar y resolver todo lo relativo a las concesiones, tarifas inspección y vigilancia y sanciones en el ámbito de sus competencias, la prestación del servicio público de pasajeros, explicó el concejal.
En la argumentación para este nuevo reglamento también se consigna el articulo 178 de la ley de los municipios de Quintana Roo, que refiere la posibilidad de que ayuntamiento concesione total o parcialmente las funciones de un servicio publico municipal, lo que hace posible otorgarla a una persona moral o física bajo las modalidades que permita la ley en su caso el pretendido reglamento
Jorge Herrera Aguilar, consideró una realidad lo complicado para que la prestación del servicio público de transporte lo preste directamente el ayuntamiento capitalino por falta de recursos, y es necesario acudir al esquema de concesión coadyuve con el servicio, pero en todo momento vigilando que se garanticen los derechos de los y las othonenes en materia de Movilidad.
