Los 19 sindicatos de taxistas de Quintana Roo podrían cerrar el 2023 sin alcanzar un aumento en el costo de sus pasajes, al incumplir la presentación de los requisitos dentro de la solicitud planteada ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).
Rodrigo Alcázar Urrutia, director de Imoveqroo, dio a conocer que desde el primero de octubre venció el plazo para que los taxistas completen el procedimiento de solicitud, sin embargo se les ha otorgado tiempo abierto para solventar los faltantes de requisitos y en su caso puedan entrar en la etapa de evaluación en la viabilidad de autorizar algún aumento a las tarifas.
De acuerdo con Alcázar Urrutia, ninguno de los 19 gremios presentó el estudio de factibilidad para determinar si existen las condiciones sociales y económicas para imponer mayores cobros a la población sin causarle impacto significativos.
Ese estudio debe contener información sobre los consumibles, gasolinas refacciones, en el tiempo, un análisis de la situación financiera de los concesionarios y operadores, así como la oferta y demanda del servicio, entre otros datos, dijo el titular de Imoveqroo.
Aseguró que todos los sindicatos han sido notificados de sus faltantes de documentación y la posibilidad de solventarlo hasta el 31 de diciembre, advirtiendo que mientras más se demore el cumplimiento de todos los requisitos, menor será la posibilidad de que puedan recibir la autorización que han perseguido hasta por tres años, lapso en que han sido rechazadas hasta en tres ocasiones sus solicitudes.
A finales de diciembre cada uno de los 19 sindicatos de taxistas presentaron ante el Instituto de Movilidad las solicitudes individuales de incremento tarifario, pero ninguno presentó el mencionado estudio que es la base y el documento más importante para el análisis sobre la situación de cada ciudad y saber si procede o en que porcentaje puede darse el aumento a los cobros para el servicio de taxi, explicó.
Los incrementos de tarifas solicitados por los gremios de ruleteros son de hasta el 40 por ciento, y el principal argumento es el aumento en el precio de los combustibles, las refacciones y el tiempo transcurrido de hasta cuatro años, respecto a la última autorización otorgada para este mismo tema.
