Las administraciones de Laura Fernández Piña, en Puerto Morelos; Laura Beristain Navarrete, en Solidaridad; Víctor Mas Tah, en Tulum; y José Esquivel Vargas, en Felipe Carrillo Puerto, son las que más irregularidades tendrán que aclarar >De la anterior administración del gobierno del estado, el Cecyte, el Ieeja, el CPTQ y la Sedarpe fueron los entes que dejaron más observaciones sin solventar ese año >La Auditoría Superior del Estado emplazará directamente a las personas presuntas responsables
Francisco Hernández
CHETUMAL, 27 de septiembre.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo aprobó el dictamen que da visto bueno al Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2021, presentado por la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) por un monto total de 25 mil 464 millones 957 pesos revisados a 101 entes públicos en 245 auditorías, por lo que fue turnado al pleno de la XVII Legislatura para su posterior puesta a votación.
En los resultados se determinó que, con corte del 30 de agosto pasado, quedaron sin solventar más de 109 millones 108 mil 694 pesos en 21 entes públicos auditados, que son responsabilidad de funcionarios de 7 gobiernos municipales finalizados ese año y varios organismos del gobierno de Carlos Joaquín.
A partir de ahora, la Aseqroo iniciará las investigaciones para aclarar estas irregularidades, en las que exigirá a esos exfuncionarios la solventación de los montos ejercidos irregularmente, y de no hacerlo, serán sujetos de denuncia penal, porque se presumirá un daño a la hacienda pública, indicó el Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, en la reunión con la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado.
Entre los entes públicos que no solventaron la totalidad de las observaciones que les realizaron destaca el Municipio de Puerto Morelos, donde de la administración de Laura Fernández Piña quedaron sin solventar 15 millones 885 mil 646 pesos en gastos y 27 millones 842 mil 924 pesos en obra pública, para un total de 43 millones 728 mil 570 pesos.
Otro es el Municipio de Solidaridad, donde la administración de Laura Beristain Navarrete dejó sin solventar 8 millones 235 mil 237 pesos en gastos y 1 millón 219 mil 12 pesos en obra pública; además de 2 millones 932 mil 364 pesos sin solventar en el Instituto de la Juventud del Municipio; 1 millón 702 mil 811 pesos en el Instituto de las Mujeres Municipal; y 12 mil 382 pesos en el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad; que hacen un total de 14 millones 114 mil 188 pesos ejercidos irregularmente.
También la administración de Víctor Mas Tah en el Municipio de Tulum dejó sin solventar 6 millones 313 mil 600 pesos en egresos y 7 millones 382 mil 414 pesos en obras, junto con 147 mil 859 pesos del DIF Tulum; para un monto total de 13 millones 843 mil 873 pesos pendientes de aclaración.
Igualmente, de la administración de José Esquivel Vargas quedaron sin solventar en el plazo legal vencido el 30 de agosto 13 millones 569 mil 886 pesos.
Del Poder Ejecutivo del Estado, entonces bajo la administración de Carlos Joaquín, destacaron el
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, a cargo de Candelaria Raygoza, que dejó sin solventar 2 millones 778 mil 258 pesos en gastos; y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), cuyo titular era Luis Torres Llanes, que dejó sin aclarar el gasto de 1 millón 566 mil pesos, siendo una dependencia que año con año cae en irregularidades.
En este caso, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo (Cecyte) fue el caso más problemático del año, con 13 millones 734 mil 989 pesos sin solventar, cuando era dirigido por Juan José Ortiz Cardín, actual regidor de Othón P. Blanco.
Además, en el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) quedaron sin solventar 2 millones 195 mil 60 pesos de sus gastos.
Otros municipios con recursos ejercidos pendientes de aclaración, pero en montos menores, son: Lázaro Cárdenas, con 742 mil 334 pesos; José María Morelos, con 307 mil 269 pesos; Isla Mujeres, con 184 mil 983 pesos; Othón P. Blanco, con 142 mil 429 pesos; y el Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, con 120 mil 631 pesos.
El Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, detalló que fueron entregados a la legislatura informes parciales en tres bloques: uno el 29 de junio de 2022, el segundo el 26 de octubre del mismo año y el último el pasado 15 de febrero de 2023, junto con el Informe General Ejecutivo; para un total de 151 informes.
Para el 15 de febrero pasado, el monto de recursos observados sin solventar ascendía a 133 millones 470 mil 461 pesos, de los cuales al 30 de agosto pasado fueron solventados más de 24 112 millones 767 pesos, por lo que quedan sin solventar 109 millones 108 mil 694 pesos al finalizar el plazo legal.
De este monto sin solventar 72 millones 479 mil 358 pesos corresponden a observaciones de tipo financiero, principalmente del ejercicio del gasto, mientras que 36 millones 629 mil 335 pesos corresponden a observaciones a obras públicas.
Ahora, los requerimientos para la aclaración de estos montos pasarán a manos del área de investigación de la Aseqroo y se harán directamente a las personas que eran los funcionarios a cargo o presuntas responsables.
franciscohcambio22@gmail.com
