La disputa legal iniciada en enero por magistrados del poder judicial de Quintana Roo contra de las reformas a los artículos 67 y 109 constitucionales en materia de disminuir los presupuestos a los poderes y órganos autónomos del Estado está llegando a su fin y resolviendo a favor de la austeridad promovida desde el gobierno del estado y avalada por los diputados, cuando menos en lo que se refiere al ejercicio fiscal 2023.
Humberto Aldana Novelo, diputado presidente de la comisión de puntos constitucionales en la XVII Legislatura, adelantó que la SCJN resolvió desechar en lo particular el reclamo de los integrantes del pleno judicial, respecto a la conformación del presupuesto 2023 por lo que este se mantendrá sin cambios.
Además, con las reformas aprobadas el 29 de mayo, en donde se garantiza que a partir del 2024 el presupuesto del poder judicial será de cuando menos el dos por ciento del presupuesto general del estado, se ha quedado sin materia la controversia constitucional promovida en contra de las reformas constitucionales de origen, aprobadas en diciembre de 2022.
Aldana Navarro reconoció el derecho de los magistrados para haber impugnado las reformas constitucionales, ante el derecho y el trato especial que la constitución general le otorga al ejercicio de la impartición de justicia para poder ejercerla de manera pronta y expedita a favor de la población.
Aclaró que en ningún momento se trató de un pleito con los magistrados, y de parte del legislativo solo falta conocer el resolutivo final de parte de los ministros de la SCJN, que según insistió será en los mismos términos de la primera para que el presupuesto del presente año se quede como esta y a partir del 2024 garantizarle al poder judicial un 2 por ciento del total del presupuesto general del estado.
