PRESUPUESTO DE SEGURIDAD, A TREN MAYA Y AEROPUERTO DE TULUM: ONC

Francisco Rivas, director General del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) indicó que pese a que el gobierno mexicano asegura que se está gastando más en materia de seguridad, que en administraciones pasadas, lo cierto es que se gasta menos que países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) ya que, mientras México gasta 1.2% del PIB, el promedio de los integrantes del organismo es de 3 por ciento.

Durante su intervención en el foro “Transparencia y Ciberseguridad en los archivos para la construcción de una ciudadanía informada”, organizado por el Inai, afirmó que gracias a la transparencia descubrieron que la mitad de ese dinero está etiquetado para obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Aeropuerto de Tulum, por lo que las instituciones de seguridad únicamente reciben el 0.49% del PIB.

“Eso se traduce en reducciones que van del 30 al 60%, según las fiscalías; del 30 al 60%, según la Secretaría de Seguridad Estatal, y en 2023 las policías municipales cuentan con cero pesos y cero centavos por tercer año consecutivo”, sostuvo.

No obstante, contrastó que pese a que México enfrenta la peor crisis de violencia, los ciudadanos se sienten más seguros que nunca, en los últimos 10 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El especialista detalló que esto se debe a que el mensaje que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que en México distintos delitos han disminuido funciona muy bien.

“Que bueno que el ciudadano se sienta seguro; el problema es que si el ciudadano se siente seguro, el ciudadano no demanda seguridad”, dijo el director General del ONC.

Ciberseguridad en archivos

Por otra parte, en el mismo foro, especialistas en ciberseguridad coincidieron en que este asunto es uno de los más relevantes que tienen que atender las organizaciones tanto públicas como privadas.

Maricarmen García de Ureña, CEO de Secure Information Technologies, comentó que cuando se habla de ciberseguridad, específicamente se habla de elementos que se trasladan a nivel tecnológico en el ciberespacio.

En este sentido, destacó que las organizaciones deben poner atención, específicamente, en la protección de datos sensibles y apegarse a las leyes en la materia.

Por su parte, Salma Jalife Villalón, presidenta del Centro México Digital, explicó que en los acervos digitales existen consideraciones que no existían en los físicos, por lo que se debe de identificar la autenticidad, quién autoriza el acceso o control de los programas que se instalan para obtener los datos.

Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos Personales del Inai, aseguró que no se trata de dejar de lado las herramientas tecnológicas, sino que su implementación debe ser de una forma planeada, responsable y organizada.

“Ningún sistema es infalible, todos tienen un porcentaje de riesgo y, a mayor riesgo, mayor supervisión humana”, comentó.

Afirma Unesco

Instituto de Transparencia, pilar para democracia

Gabriela Ramos, directora General Adjunta para Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, expresó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha sido un pilar para la democracia en el país y espera que siga operando de manera efectiva.

“El Inai ha sido un pilar para la democracia en México, ha sido un Instituto de referencia en muchos sentidos y lo sigue siendo, por ello espero que sigan operando y que puedan tener las bases para seguir operando de una manera efectiva y para ello, por supuesto, cuentan con el apoyo de la Unesco”, aseguró la directora general.

Por otro lado, dijo que hoy es importante hablar de ciberseguridad en los archivos para la construcción de una ciudadanía informada, pues los datos son el “combustible de la inteligencia artificial”, y si bien las tecnologías pueden ofrecer nuevas oportunidades para resolver problemas de la sociedad, también existe el riesgo de se aumenten las disparidades para las personas que no tienen acceso.

Fuente: El economista