Como un tema bastante grave calificó el diputado Hugo Alday, presidente de la comisión de justicia del congreso, el involucramiento del magistrado, Carlos Alberto Lima Carvajal, en los planes para ejecutar a Juan de la Luz, asesor del ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
Consideró que los señalamientos de participar en la planeación de un acto que puede tipificarse como un delito, pueden llevar al magistrado a perder su cargo, por el simple hecho de reunirse para confabularse para atentar contra a vida de una persona, y hasta una pena de cárcel podría recibir en caso de comprobarse su participación, advirtió.
El legislador local, advirtió que en lo local y para aclarar el tema corresponde a las autoridades administrativas en primera instancia y a la fiscalía general de la república, en caso de que exista alguna carpeta de investigación iniciado por la planificación de algún atentado.
“Es muy grave esta acusación, pero nadie tiene el monopolio de la acción penal que la fiscalía y pues es por haya donde debe atenderse y ojalá pueda se resuelva de la mejor manera”, comentó.
De primera instancia el congreso no puede intervenir, ante el riesgo de invadir facultades constitucionales, respecto al ejercicio de la acción penal, al ser exclusiva del ministerio público, insistió el diputado.
Hay que esperar los resultados de la investigación, en caso de que exista una denuncia, pues el trabajo del ministerio publico es lo que va a llevar a lo que corresponda legal y administrativamente.
Dijo conocer que los señalamientos en contra del magistrado Carlos Lima Carvajal tienen un soporte legal, fundamentado en las pruebas de un perito experto en el análisis de audios, que trabajo sobre las grabaciones filtradas por el propio Florián Tudor, empresario rumano, detenido e investigado por delitos federales y quien presuntamente tiene problemas con Juan de la Luz Enríquez.
