El Observatorio Legislativo de Quintana Roo buscará anular la sesión del cabildo donde se aumentaron las tablas catastrales de algunas zonas de la ciudad. A decir de Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio, dicha sesión habría sido simulada, por lo que sería nula de origen.
En el Derecho lo que se simula es nulo. Por lo tanto, simular una sesión de cabildo extraordinaria para aumentar las tablas catastrales, elevando en algunas zonas de la ciudad hasta el 500 por ciento, como son la zona hotelera, el centro y la Huayacan, está fuera de la ley”, señaló Galaviz Ibarra.
Aseveró que las nuevas tablas catastrales afectan directamente a la ciudadanía, por lo que, ya iniciaron varios amparos por las modificaciones de nuevo valor. Pese a que hace varios años no sé modificaban, no lo hicieron de la manera correcta, pues, fue un aumento que llegó de golpe.
Explicó que ingresaron el recurso de revocación en el ayuntamiento el cual fue firmado el pasado 24 de febrero, recibiendo una respuesta el 29 de marzo en donde afirman que con una supuesta sesión extraordinaria privada.
Sin embargo, el observatorio tiene pruebas que la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, estaban el 29 de marzo en actividades en la ciudad de Chetumal, por lo tanto, la sesión es falsa solo de escritorio nunca se convocó a los regidores.
Ante esta simulación de un cabildeo que no existió, interpusieron el amparo ante la Justicia Federal de Distrito Cancún, 294DJA/2023, por la omisión de una sesión que nunca se llevó a cabo y en la que involucran a todo el ayuntamiento.
La denuncia fue ingresada y deben de iniciar las investigaciones y convocar en el juzgado a los regidores y presidenta municipal para que presente sus alegatos. Asimismo, hay un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por el aumento de hasta el 500 por ciento en las tablas catastrales.
El observatorio Legislativo de Quintana Roo mencionó que lleva dos años y medio detenido el amparo indirecto ante la Fiscalía Anticorrupción, por el fraude procesal de delincuencia organizada del cartel del despojo de inmuebles, en donde hay participación del expresidente de la junta de conciliación, así como varios funcionarios del Registro Público de la Propiedad.
