Desde octubre de 2022 con las reformas al código penal para despenalizar la interrupción del embarazo en Quintana Roo, las autoridades del sector salud del estado se comprometieron a brindad servicios de “aborto seguro” en la clínica integral de Isla Mujeres, el hospital de Chetumal, sin que hasta la fecha se haya cumplido esa promesa.
Ello ha obligado a promover desde el colectivo “marea verde”, de la red feminista de Quintana Roo, cinco juicios de amparo directo, los cuales se han concedido para obligar a la secretaria de salud a otorgar el servicio, según informó Yunidzilin Rodríguez Pedraza, representante local de Marea Verde.
Los amparos se promovieron y obtuvieron ante la negativa del personal encargado de esos servicios, quienes argumentan la falta de los insumos o kits químicos para inducir la interrupción de embarazo, falta de médicos o de espacios para realizar los procedimientos ya sea quirúrgicos o de otro tipo.
A pesar de los mandamientos judiciales los procedimientos se llevaron a cabo en clínicas particulares, apoyados por los colectivos feministas, dado que la resolución de los juicios tarda entre 8 y nueve meses, y para ese tiempo el embarazo ya hubiera terminado con el nacimiento del producto en gestación.
“Los pretextos y retrasos en el sector salud y el tiempo que tardan en los juzgados para resolver los juicios de amparo obligan a realizar la interrupción desde clínicas externas, pero al final los amparos sirven para sentar precedentes y generar jurisprudencias que después harán mas agiles los siguientes procedimientos jurisdiccionales”, explico la entrevistada.
Hasta le fecha y luego de las reformas legales para despenalizar el aborto, el sector salud no concedido atención a ningún caso, a pesar de las decenas de solicitudes que se presentan mensualmente.
De igual manera se mantiene la negativa del personal médico, respecto al acceso de las mujeres a procedimiento definitivos para evitar el embarazo.
En estos casos, dijo la fuente, se excusan en la corta edad de las pacientes o que se trata de personas que nunca han sido madres, además de repetir la falta de médicos, espacios o insumos para realizar esas intervenciones, con lo que también se violenta la libe decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.
Desde los colectivos feministas que conforman Marea Verde en Quintana Roo se advirtió la muy baja inversión del gobierno federal para este tipo de servicios en 2023 al destinar a penas 1.9 millones de pesos, unos 158 mil pesos al mes, por demás insuficientes.
Además, a pesar de la creciente demanda de abortos que ya acumulan unos 30 mensuales en promedio, la secretaria estatal de salud, no ha informado como y donde se invierten esos recursos.
“Mientras se acumulan las necesidades de adecuar las clínicas y hospitales en los 11 municipios para tener lo mínimo indispensable en cuanto a la atención de abortos seguros, como lo prometieron los diputados y el gobierno del estado, el presupuesto es escaso, insuficiente y nada en la opacidad, al no decirle a las mujeres y la sociedad en general que se está haciendo para poder cumplir con esos requerimientos”, dijo la fuente
Ante ello se continúa buscando desde la red feminista las reuniones necesarias con las autoridades de la secretaria de salud, para que puedan explicar del porque se continua negando el servicio y hasta cuándo podrá contarse con garantías para que las mujeres del estado puedan ejercer libremente las decisiones sobre su cuerpo.
