La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputados el 18 de abril pasado y sólo requiere el voto mayoritario de los legisladores de la Cuarta Transformación para ser aprobada. Fue turnada hoy para su dictamen a la Comisión de Hacienda y a la de Turismo, para que emita una opinión. La iniciativa propone reformar el artículo 43 de la Ley General de Turismo, que habla de la composición del patrimonio de Fonatur, y el artículo 18-A de la Ley de Derechos, en el que se establece el cobro y la distribución del Derecho de No Residentes (DNR), que se cobra a ciudadanos de otros países a través de los boletos de avión. El DNR, que ascendió el año pasado a más de $10,000 millones de pesos, se estableció en 1999 y se decidió que el 20% se destinara para mejorar las instalaciones que tiene el Instituto Nacional de Migración en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. El otro 80% se destinó a financiar tareas de promoción turística a cargo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Al desaparecer este organismo en 2018, esos recursos se canalizaron a Fonatur para “estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal con objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad, iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, entre otros”. La mayor parte de esos recursos se destinaron al proyecto del tren Maya, que fue puesto bajo la responsabilidad del Fondo. La iniciativa de decreto propone reformar el artículo 18-A de la Ley de Derechos para que los recursos que actualmente se destinan al Fonatur se redireccionen a una empresa paraestatal propiedad del Ejército, para destinarlos a la “planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura” relacionados con la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros, así como para la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios y adquisición de bienes. La mencionada empresa paraestatal es la que se anunció hace meses que integrarán las Fuerzas Armadas para operar aeropuertos como el Felipe Ángeles o el de Chetumal y Tulum; el tren Maya y una aerolínea.
En el artículo segundo del proyecto de decreto se propone reformar la fracción I y derogar la fracción IV del artículo 43 de la Ley General de Turismo, en el que se describe la composición del patrimonio del Fonatur.
Al eliminar los recursos que se redireccionarán a la nueva paraestatal, el Fonatur únicamente se quedaría con los productos de sus operaciones e inversiones, lo que significaría su virtual liquidación, pues ya no cuenta con tierras para desarrollar y prácticamente sólo se dedica a prestar servicios públicos en los cinco destinos turísticos que desarrolló, entre ellos Cancún, el más importante. La iniciativa presidencial establece que, con los recursos que se obtengan mediante esta reforma, la empresa paraestatal militar podrá crear un nuevo fideicomiso que, según la propuesta, desarrollará y fortalecerá su infraestructura, brindará mejores servicios a la población y fomentará acciones para atraer turismo a todas las regiones de México. En el transitorio tercero se establece que las reformas entrarían en vigor a partir del 1 de enero próximo y a partir de entonces habrá un plazo no mayor a los 120 días para crear al nuevo fideicomiso.
La iniciativa asegura que así se generarán empleos y oportunidades de educación, acceso a servicios de salud y bienestar, mediante la creación de fuentes de trabajo e inversión que beneficiarán la actividad económica, la captación de divisas, las inversiones y el desarrollo sostenible de la nación.
Fuente: La palabra del caribe
