Por unanimidad, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado modificaron uno de los 352 artículos impugnados del Plan B electoral, a fin de eliminar la imposición presupuestal a los estados, municipios y demarcaciones políticas de la Ciudad de México, para que destinaran el 0.1% de su presupuesto a las tareas de comunicación.
De acuerdo con los registros públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este artículo ha sido impugnado por 168 municipios de todo el país, vía la controversia constitucional, porque pretendía imponer criterios presupuestales a las entidades federativas y a los municipios, o cual contraviene a la Constitución.
La modificación de este artículo del plan B fue hecha por la Cámara de Diputados, ante la petición urgente de los propios gobiermos locales, dado que altera de manera significativa su planeación presupuestal, y ahora avalado por las comisiones del Senado, con el fin de que esta misma semana lo avale el pleno y entre en vigor de inmediato, dado que esa parte del plan B no fue suspendido en sus efectos por el ministro Alberto Pérez Dayán.
LÍMITES
La reforma establece ahora que “las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite de gastos del Programa Anual de Comunicación Social” y se eliminó el párrafo que establecía que en las entidades federativas el límite de gasto que se hiciera en comunicación social no debe rebasar el 0.1% del presupuesto de Egresos Anual correspondiente.
Los senadores de oposición, el panista Damián Zepeda; la priista Claudia Ruiz Massieu; el emecista Noé Castañón y el perredista Miguel Ángel Mancera,celebraron que la mayoría morenista entendiera el exceso constitucional en que habían incurtido y aclararon que su voto en favor de este cambio busca beneficiar a las demarcaciones territoriales que se han visto afectadas.
Damián Zepeda destacó que “se puso correcramente un límite del 0.1% para el gasto de comunicación social; está bien, porque el presupuesto federal es de ocho billones y el 0.1% es un dineral, pero es un esfuerzo de limitar el gasto.
Sin embargo, se estableció que los estados y muncipios debían tener el mismo tope el 0.1% de gasto en comunicación social. Hay que señalar que no hay atribución del Congreso de la Unión para meterse con las haciendas públicas locales; uno podría regular un gasto federal, puedes decir cómo se gasta, pero nuestra Constitución protege a los estados y municipios para que ellos cobren sus impuestos; para el dinero propio tienen un Congreso local que es el que debe determinar cómo se gasta”, precisó
Claudia Ruiz Massieu dice que debió hacerse esta reforma, porque “se tenía una visión muy centralista, con la imposición de límites al gasto de publicidad.
Fuente: Excelsior
