En atención al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no existir alguna tradición o costumbre por encima de las leyes, diputados de la comisión de Asuntos Municipales de la XVII Legislatura Local, desecharon una iniciativa para retomar esas actividades.
Se trata de una propuesta presentada por los grupos parlamentarios de Morena y del partido del trabajo (PT) dirigida a derogar algunas fracciones del artículo 179 bis de la ley de bienestar y protección animal, que continuará intacto y prohibiendo la realización de estas actividades consideradas como usos y costumbres pero que infringen dolor y muerte a los animales.
La diputada Maritza Basurto Basurto, de movimiento ciudadano y activista defensora de los animales, dio a conocer sobre el desistimiento de los diputados de morena respecto a la iniciativa y la insistencia de la diputada Alicia Tapia para permitir las corridas y peleas de gallos.
De acuerdo con la legisladora con el dictamen para desechar la propuesta también se emite un exhorto de cumplimiento obligatorio para ya no permitir la realización de estas actividades de crueldad animal con el argumento de que el pueblo manda, es decir las corridas y peleas de gallos realizadas en José María Morelos, deberán ser las ultimas en Quintana Roo.
La diputada de MC confirmó que la fiscalía general del estado (FGE) y procuraduría estatal de protección al ambiente (PPA) mantienen una acción penal y procedimiento administrativo en contra de Erick Borges Yam, alcalde de José María Morelos por maltrato animal,
El alcalde y los organizadores de las peleas de gallos y corridas de toros en la expomor, realizada en marzo, enfrentan carpetas de investigación y expediente administrativo y podrían ser sancionados con entre seis meses y un año de cárcel y altas multas, cercanas a los 300 mil pesos.
Presuntamente como responsables de violentar el artículo 40 del código penal de Quintana Roo y el artículo 179 bis, de la ley de protección y bienestar animal.
De acuerdo con la legisladora, las carpetas de investigación y el expediente administrativo se sustentan en la omisión del Borges Yam, por no aplicar la ley y dejar de prohibir las actividades de maltrato animal en esa feria, las cuales también promovió y presenció, en claro desacato a la legislación vigente.
“El alcalde y los organizadores, no representan a la etnia maya, sino a sus intereses y por su ignorancia han violentado las leyes con el argumento de que el pueblo manda; al alcalde dijo que no otorgo ningún permiso, pero fue omiso a la aplicación de la ley, advirtió”.
Mientras que los organizadores también estarán enfrentando las consecuencias legales de argumentar usos, costumbres y tradiciones para no someterse a la legislación ya señalada.
