El poder legislativo de Quintana Roo, no ha sido notificado de ninguna controversia constitucional promovida por magistrados del poder judicial del estado, o por alguna otra autoridad de órganos autónomos en esta entidad y los recortes presupuestales impuestos en el presupuesto de egresos 2023 se mantiene como se aprobaron en 2023.
No existen platicas con los magistrados o representantes legales del tribunal superior de justicia, al menos desde la junta de gobierno y coordinación política, aclaró su presidente, Renan Sánchez Tajonar, también coordinador del grupo parlamentario del partido verde.
Desmintió que existan acercamientos o negociaciones para rediseñar el presupuesto de este año para el poder judicial o alguna otra entidad pública, aunque dijo que desde el congreso local se tiene muy buena relación con el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del multicitado poder judicial.
“Lo he comentado otras veces, no hemos sido notificados de ninguna controversia al respecto…con un servidor no a habido esta platica pero soy respetuoso de compañeros y aliado, además de que hay una buena relación con el magistrado presidente…son supuestos que en este momento no están en la mesa pero estamos abiertos al dialogo, no me pronunciare de algo que en este momento no tengo conocimiento”.
Recientemente se habló sobre diputados locales que reconocen tácitamente la irregular aprobación del decreto 007, de diciembre de 2022, por el cual se autoriza al poder ejecutivo afectar los presupuestos de los poderes y órganos autónomos del Estado y reducirlos bajo el supuesto de austeridad institucional para generar ahorros con fines sociales.
Humberto Aldana Navarro, diputado presidente de la comisión de puntos constitucionales y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Dijo que desde dentro del congreso del estado los legisladores buscan un acuerdo extra judicial con los magistrados del poder judicial y ofrecen una modificación de su presupuesto para el presente ejerció fiscal, con el cual pueda garantizarse suficiencia en cuanto a realizar todas sus obligaciones jurisdiccionales, reconoció
El legislador habló sobre los supuestos acercamientos que mantienen con la presidencia del poder judicial, Encabezada por Eyden Cebada Rivas, para poder re componer el disminuido presupuesto del tribunal superior de justicia que, para este año fue de 714.6 millones de pesos, apenas 9 millones más que en 2022, cuando se les aprobó 705.8 millones de pesos.
“Hablamos de la afectación que sienten desde el poder judicial de haber sido alterados en su presupuesto, para ellos no fue bueno hacer valida la propuesta de austeridad y reducirles el presupuesto de la manera como se les redujo…estamos preparando una propuesta para reformar el tema del presupuesto judicial que contenga un fin de austeridad pero que también sea suficiente para realizar las tareas que ese poder tiene por obligacion” dijo en su momento Aldana.
Aclaró que se trata de un tema separado del juicio por controversia constitucional 227/2023 que, se mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos magistrados deberán pronunciarse sobre la queja interpuesta por los magistrados locales, aunque este puede retirarse en caso de que se logre un acuerdo fuera de la corte, deslizó el entrevistado.
Advirtió que aun cuando ambas partes muestran voluntad para resolver el asunto y cumplir la política de austeridad, no se trata de permitir derroches o dispendios, sino de otorgar lo mínimo necesario para los trabajos de impartición de justicia.
El poder judicial presentó ante la SCJN una controversia que impugna el artículo 67 del Decreto 007, aprobado en diciembre del 2022, según el cual “durante el ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles se podrán realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos durante el ejercicio fiscal que corresponda, con base en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 35 la Ley de Presupuesto y Gasto Público del estado de Quintana Roo”.
A partir de este decreto, se aprobó una reducción de 10% al gasto operativo de los órganos autónomos respecto al presupuesto ordinario para el 2022, que en conjunto representa un ahorro de 41 millones 560,668 pesos.
