La petición popular para sacar del control y operación del agua potable en Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, será primeramente revisada para saber cómo darán respuesta los diputados de la XVII legislatura a los resultados de la consulta popular enmarcada en la ley de participación ciudadana, a pesar de la obligación legal de cumplirla cabalmente y sin pretextos.
El pleno del congreso del estado aprobó el pasado martes, después de una amplia discusión, la conformación de una comisión transitoria para recabar información, analizarla y emitir un diagnóstico que tiene margen para responder a los ciudadanos con una negativa sobre la petición de expulsar a la empresa y librarlos del mal servicio.
Humberto Aldana Navarro, del grupo parlamentario de Morena y presidente de esta nueva comisión legislativa, reconoció el manejo político que se ha dado al tema y la posibilidad de incumplir la petición de los ciudadanos en cuanto a rescindir los contratos ampliados en el gobierno de Roberto Borge hasta 2053.
Según dijo es evidente que existe responsabilidad moral y administrativa de parte de los diputados de la XV legislatura que aprobaron la ampliación de esos contratos de concesión, de la comisión de agua potable del estado (CAPA) en el gobierno borgista y de los ayuntamientos que en 2015 y 2016 aprobaron desde sus cabildos ese alargue a favor de Aguakan, sin embargo, no existen mecanismos para revertirlo.
“Nuestra obligación es atender el reclamo ciudadano, pero no podemos hacerlo sin mecanismos para llevarlo a cabo, no existen mecanismos para llevar a cabo la voluntad popular, es algo que tenemos que analizar, pero no en esta comisión…necesitamos tener todos los datos enfrente y todos los resolutivos que podamos tener, para decir esto es lo que se tiene que hacer, estas son las responsabilidades y entonces ver mientras que mecanismo desarrollan para ejecutar la voluntad popular”, explicó.
El diputado dijo no descartar responsabilidades hasta de tipo penal, pero insistió en que todo esto debe revisarse a fondo a partir de la información que puedan recabar, y advirtió que lo que ya se está cobrando es la responsabilidad política, pues en las calles ya saben quién aprobó y avaló la continuidad de Aguakan, y no los apoya mas en algún proyecto político o de gobierno.
En junio de 2022 los electores de Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres, cumplieron con el 30 por ciento de participación y votaron mayoritariamente por la salida de Aguakan.
En octubre de ese mismo año, el Instituto electoral de Quintana Roo, en cumplimiento de la ley de participación ciudadana y después de un litigio ante el tribunal electoral de Quintana Roo, decreto valido el procedimiento de consulta y vinculó al poder ejecutivo a través de l CAPA, a los ayuntamientos mencionados y al poder legislativo para cumplir con ese mandato popular derivado de la consulta.
Hasta la fecha los sujetos obligados a responde a esta consulta no han avanzado en su cumplimiento y se han “tirado la bolita” y hasta se declarado no competentes para poder lograr la rescisión de los contratos de aguakan, además de argumentar entre otras que se debe pagar hasta mil millones de pesos de penalización, en caso de proceder con esa cancelación.
