El pueblo manda y no requiere de permisos de las autoridades para continuar realizando corridas de toros, peleas de gallos y cualquier otro tipo de actividades tradicionales en las fiestas de las localidades rurales, advirtió María Magdalena Tzun Arceo.
Las lagunas en la ley de bienestar animal y 18 juicios de amparo, son el blindaje jurídico que les permite continuar operando a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se advierte que las tradiciones no pueden estar por encima de la ley, aseguró.
Se saben fuera de la ley, sin embargo advierten la existencia de ambigüedades en la legislación existen, la cual no puede sancionarlos; y con ello y el apoyo de toda la población continuaran trabajando para evitar la afectación económica, social y tradicional que conlleva esta “injusta ley de bienestar animal”
Desde hace siglos y aún cuando 2019 se promulgo la ley de bienestar animal, la gente sigue haciendo fiestas y no necesita del permiso de ninguna autoridad, el pueblo decide cuando, como y donde hace la fiesta, por respeto les avisamos, pero no les pedimos, ni necesitamos su autorización.
En representación de tradicionalistas que sobreviven de este tipo de actividades, un grupo de 30 personas se manifestó frente a la sede del congreso del estado para exigir reformas a la ley de bienestar animal que les permita sin contratiempo y de manera formal, continuar realizando la labor que le da de comer a sus familias.
Solicitaron que se consulte al pueblo para saber que es lo que conviene en las leyes y se beneficie el pueblo, para dejar de legislar solo temas que están de moda, advirtió la representante.
Una comisión de diputados integrada por Humberto Aldana y José María Chacon de Morena, así como Alicia Tapia, del PT, atendió a los manifestantes y escucho sus demandas y propuestas.
Los legisladores y promotores de peleas de gallos y corridas, acordaron que en los próximos días analizaran profundamente los alcances de la ley y la posibilidad de reformarla para flexibilizar las actividades tradicionales y no se afecte a la población que gusta de estas prácticas.
Alicia Tapia mantiene una propuesta legislativa para decretar como patrimonio cultural intangible la charreria, y es la punta de lanza para abrir la ley a las actividades culturales, al incluirlas dentro de estas propuesta y el catálogo de usos y costumbres, como lo exigen los manifestantes.
En Quintana Roo, unas 30 mil familias, depende de estas actividades al dedicarse desde la cría de toros, caballos y gallos, hasta empleos dedicados a la fabricación de jaulas, construcción de tablados o cosos taurinos, por por lo que es incuantificable el impacto económico negativo para esta actividad, Al prohibir su realización advirtió Victor agüero Sánchez, delegado de la sección nacional de criadores de aves de combate.
