La comunidad cristiana de Quintana Roo, rechazó la iniciativa de la diputada de la XVII por Morena María Fernanda Cruz Sánchez, de aplicar penas corporales de 2 a 6 años a las personas que realicen terapias de conversión en la entidad, en tanto que los padres de familia incluso podrían perder la patria potestad de sus hijos.
La comunidad cristiana de Quintana Roo, rechazó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el título cuarto denominado delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, y se adiciona el capitulo 7 denominado delitos contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, artículo 195- OCTIES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
Esta iniciativa busca prohibir y sancionar las terapias de conversión.
En representación de las asociaciones religiosas la abogada, Lorena Gómez Palma, pidió a la diputada de la XVII, María Fernanda Cruz Sánchez, así como a las comisiones unidas que tienen en análisis está iniciativa rechazarla, en razón a qué no contó con las particularidades para su presentación, la más importante el escuchar a todos los sectores sociales.
Indicó que como personas deben tener la libertad de poder elegir sus preferencias y se les permita a los padres de familia enseñarle a sus hijos el camino a seguir en los aspectos importantes de sus vidas, principalmente las preferencias sexuales.
A consideración de la abogada, la propuesta legislativa de castigar de dos a seis años de prisión y multas económicas de miles de pesos para quienes practiquen la “terapia de conversión” es una sería amenaza para las más de siete mil familias cristianas de la capital del estado integradas en las 650 asociaciones religiosas con representación en Chetumal.
En conferencia de prensa representantes de los grupos religiosos consideraron un abuso y una violación a los derechos de humanos el perseguir penalmente a quienes a través de la terapia psicológica, retiros religioso y hasta hasta consulta jurídica, aconsejen a los ciudadanos renunciar a realizar cambios de sexo y eviten el disfrute libre de sus preferencias sexuales.
Las penas aumentan cuando sean los padres de familia quienes incurran en estas acciones y podrían hasta perder la custodia y patria protestad de sus hijos, según la iniciativa rechazada.
En rechazo a esta iniciativa, Los Grupos religiosos convocan a la población para marchar el 21 de marzo en contra de la propuesta de hasta seis años de cárcel para quienes eviten el libre desarrollo sexual de las personas, presentada por el grupo parlamentario de Morena en el congreso local el 15 de diciembre del año pasado.
