Consintieron diputados violación a derechos humanos.

Desde 2014 los diputados que integraron la comisión de derechos humanos del poder legislativo dejaron de procurar el cumplimiento de las garantías individuales, víctimas de abusos de parte de las autoridades, principalmente de seguridad pública y procuración de justicia.

Al interior de la comisión de derechos humanos de la actual XVII Legislatura, se han acumulado 133 expedientes en donde la comisión de derechos humanos de Quintana Roo (CDHQRoo) dio vista sobre el incumplimiento o simulación de cumplimiento de las recomendaciones de ese organismo en contra de los casos en donde se comprobó violación a las garantías de algún ciudadano.

Guillermo Brahams González, presidente de la comisión legislativa en cuestión, advirtió sobre la grave omisión en la que incurrieron los diputados que dejaron de atender y nunca cuestionaron o exhibieron a las autoridades responsables de estas ilegalidades.

Los diputados integrantes de la comisión desde la XIV legislatura dejaron de investigar las causas del incumplimiento o cumplimiento a medias de las recomendaciones y con ello, no solo dejaron de atender a las víctimas, sino que consintieron la violación a sus derechos humanos y mantuvieron impunidad a favor de las autoridades responsables de estas ilegalidades, advirtió Brahams González.

Las autoridades más incumplidas en materia de recomendaciones son la policía estatal preventiva, la policía ministerial, de la Fiscalía general del estado y las policías municipales, principalmente de Benito Juárez, solidaridad y Othón P. Blanco.

Mientras que las causas más repetidas son detención ilegal, abuso de autoridad, negativa para el acceso a la justicia y hasta lesiones.

Junto con la dirección jurídica del congreso y diputados de otras comisiones, los integrantes de la comisión legislativa de derechos humanos, se ha comenzado a llamar a las autoridades responsables y a las víctimas vinculadas con cada uno de estos expedientes, para revisar la forma de dar en lo posible la atención y en su caso la reparación del daño para casa ciudadano que haya tenido la desgracia de haber sufrido algún de parte de alguna autoridad.