El cumplimiento de la ley es la aceptación de cada individuo a las obligaciones que tiene con su sociedad. Las leyes pretenden el bien común y permiten la legitimación de la autoridad. Cuando ésta falla, se rompe la reciprocidad que debe existir entre la ciudadanía y su gobierno. La Ley de Protección y Bienestar Animal en Quintana Roo, desde su creación, ha sufrido constantes infracciones a sus artículos e incumplimiento por parte de la misma autoridad. El 26 de Junio de 2019 se aprobó en el Congreso del Estado, la reforma propuesta por Opus Magnum de México y la Diputada panista, Eugenia Solís, quedando prohibidas las Corridas de Toros y Peleas de Gallos, siendo necesaria la promoción de un amparo por parte de la asociación civil, para lograr su promulgación, ante la negativa del ejecutivo estatal.
Finalmente, el 25 de Noviembre de 2019 se publicó dicha reforma en el Periódico Oficial del Estado. Las modificaciones legislativas y el debate público en México han generado una mayor literatura jurídica y diversas jurisprudencias para respaldar el Derecho Animal. Los principios y normas destinados a su protección promueven su bienestar. Sin embargo, en Quintana Roo las conductas constitutivas de delito por maltrato siguen sin ser penalizadas, ya que son los mismos ayuntamientos quienes violan la ley y los reglamentos de protección y bienestar animal, permitiendo corridas de toros y peleas de gallos que,hoy, están prohibidas en el Artículo 40, Fracción XII de la ley mencionada.
En 2018 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que “la cultura no es admirable por ser tradicional, sino tan sólo cuando es portadora de valores y de derechos que sean compatibles, en primer lugar, con la dignidad humana y, en segundo lugar, con el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos, y con el que todos debemos a la naturaleza”. En este sentido, cualquier práctica que suponga maltrato y sufrimiento innecesario de los animales, no puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución.
El Diputado Hugo Alday, principal promotor del regreso de la Corridas de Toros y Peleas de Gallos, pretendióla semana pasada, que el Congreso votara por eliminar su prohibición, con el argumento de los usos, costumbres y tradiciones mayas, cuando lo que deberían procurarles a dichas comunidades, es educación, servicios de salud dignos, seguridad y demás elementos para su desarrollo. Fue la Diputada Maritza Basurto, de Movimiento Ciudadano, quien se opuso enfáticamente a la propuesta de Alday, convocando a medios para informarles lo que estaba por ocurrir. Y aunque tanto Hugo Alday, como el diputado Julián Ricalde salieron a dar atropelladas declaraciones, negando el tema, Opus Magnum AC, hizo público el documento que demuestra lo contrario.Cabe resaltar la aclaración hecha por Julián Ricalde a un noticiero matutino, en donde expresó su preocupación por el problema de los rastros en Quintana Roo, solución que seguramente los ciudadanos le exigirán, aunque habría que aclararle, que confunde el maltrato con el sufrimiento innecesario. No tendría que hacer falta defender la Ley de Protección y Bienestar Animal de los legisladores, que deberían estarla protegiendo.
Mención especial es el caso del señor José Julio Azcorra, dueño de Calesas en Cozumel (también prohibidas por la Ley) que se niega a retirarlas y mantiene a los caballos en condiciones infames, sin que la PPA (Procuraduría de Protección al Medio Ambiente) el IMOVEQROO (Instituto de Movilidad de Quintana Roo) o el Ayuntamiento, hagan cumplir la ley.
Cada elección en el estado es motivo de angustia para defensores de animales, porque nunca falta el candidato (a) perverso que promete volver a llenar el bolsillo de unos cuantos, a costa del maltrato animal. El país exige progreso y dichas prácticas, en nuestro estado, están erradicadas. Es una ley y debe acatarse.Es importante que la Ley nos proteja, pero es más importante protegerla nosotros.
