A TIRO DE PIEDRA
Por Julian Santiesteban
Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más
fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones
Georges Clemenceau
En la semana que inicia, se definirá, en gran parte, el destino político electoral de México por los próximos años, pues el Senado de la República, aprobará el llamado Plan B de la Reforma electoral, y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por su parte, anunciaron que combatirán a fondo lo modificado, además de esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifieste con respecto al tema, esa sin embargo, será una batalla que no pelearán los actuales integrantes del órgano comicial, pues concluirán su encargo para el mes de abril. La fecha clave es el 02 de junio, en la misma se determinará si la reforma aplica o no, en la elección del próximo titular de la Presidencia de la República.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que aprobar la reforma impulsada desde el Ejecutivo federal es uno de los objetivos y que esperan lograrlo el primer día de sesiones, es decir, el miércoles de esta semana; a la par, este domingo, en Mérida, Yucatán, y luego de haber hecho el anuncio de combatir la reforma en cuestión, se reunieron el viernes pasado, en un acto privado, realizado en un hotel de la avenida Colón, nueve de los 11 consejeros INE y los integrantes de la Junta General Ejecutiva, con más de 400 funcionarios de este organismo asignados a Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz. La batalla se prepara comienza.
Sin embargo, en abril de este 2023, concluirán su encargo cuatro de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, eso es en tres meses. Esa situación, pone al diferendo con presidencia de la República en una circunstancia bastante desfavorable para el organismo electoral, pues el proceso para su sustitución ya inició. De hecho, en la semana que concluyó, el mismo presidente de la República solicitó, desde su habitual conferencia matutina, que los elegidos “sean gente decente y no como los que están.” Pero fue más allá, pidió que “sean afines a la libertad a la democracia, a la honestidad, porque los que están no son honestos, eso es lo que buscamos, que sea gente incorruptible”, con ello, podrá advertirse que la selección será en función de la afinidad con su Cuarta Transformación Republicana (4T).
Y es aquí donde la batalla legal puede ser útil, pero no necesariamente alentadora en términos del resultado final, pues aun cuando la SCJN se pronunciara en contra de la reforma a punto de aprobarse ¿qué impide que, después de abril, el organismo opere en función de las instrucciones desde Palacio Nacional? Más aun ¿quién impedirá que el nuevo Consejo General inicie una selección de consejeros, a nivel de las entidades federativas, con los mismos principios e ideología? Nadie, simplemente porque la tramposa selección de funcionarios electorales, tanto locales, como federales, se ha realizado por décadas. El más reciente caso de designación de funcionarios en Quintana Roo, es tan sólo una muestra evidente.
¿Qué pudiera ser entonces diferente y por qué el escribiente señala la trascendencia de lo que ocurrirá en la presente semana? Primero, porque es muy probable que la reforma quede firme; segundo, porque si hubiera la ordenanza de revisión por parte de la SCJN, nada implica que, con la reconformación del órgano comicial, las modificaciones hechas sean combatidas nuevamente y, tercero, porque, como ya se expresó, aun cuando el próximo proceso se lleve a cabo con la norma actual, operar en favor del poder siempre es posible. Así, si los cambios implican retroceso en la democracia nacional, se verá a posteriori, por lo pronto, esta misma semana comenzará el camino hacia una realidad que será bastante “gatopardiana”: Cambiar todo, para que nada cambie… en favor de los que detentan el poder.
Por cierto, en lo local, lo que ocurra este miércoles con la reforma electoral en el Senado, tendrá también profundas implicaciones, pues el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) deberá compactarse a tan sólo dos direcciones. Su consejera presidenta, Rubí Pacheco Pérez, ha dicho que operarán todo 2023 con el personal actual, pues el presupuesto 2023 ya les ha sido aprobado por el Congreso de Quintana Roo; pero resulta evidente que, si la norma modificada es avalada por la Suprema Corte, la modificación estructural será obligatoria. Pero lo importante no es sólo la reducción de personal, sino de funciones. Para el caso del INE, habrá una reducción importante de personal y una modificación a su servicio profesional de carrera. En suma y como podrá advertirse, cualquiera que sea el camino, nada volverá a ser igual en el futuro cercano para los órganos electorales, tanto el nacional como los estatales.
Por último, hay quienes afirman -y así lo cree el escribiente- que la reforma impactará profundamente al INE, pero no implicará ni su desaparición ni la posibilidad de que las elecciones se anulen, como lo ha afirmado el aun consejero presidente, fundamentalmente, porque el régimen actual no pondrá en riesgo su propia sucesión. En suma, la reforma electoral, aun cuando la recorten más, permanecerá, pero además, la futura integración favorecerá a quienes actualmente detentan el poder. Peores cosas se han hecho para mantener el control, a lo largo de la historia nacional, esta será tan sólo una batalla más… ¿cuándo ha sido diferente? Sólo que, esta, será una batalla que no le tocará concluir, aunque la inicie, Lorenzo.
COMENTARIO MORBOSO
La situación interna de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) en Quintana Roo es verdaderamente insostenible. Hay corrupción comprobada en sus directivos; hacinamiento y mezcla de reos de alta peligrosidad con los del fuero común, autogobiernos y, sobre todo, una profunda falta de justicia y evidente ineficiencia por parte del Poder Judicial del estado.
En la semana que concluyó, 197 reos de alta peligrosidad fueron trasladados a cárceles fuera de Quintana Roo, pero eso ni siquiera alivia la situación, pues la sobrepoblación se estima en más de cuarenta por ciento en todos los centros penitenciarios locales. Más aun, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de su encargado de despacho estatal, Felipe Nieto Bastida, reveló que esa mezcla entre reos hace que las cárceles sean todo, menos un lugar para reinsertar a la sociedad a los presos, recalcando además que en las mismas siguen existiendo los autogobiernos que, en la administración estatal anterior, aseguraban se habían terminado.
Esos autogobiernos no sólo imponen el orden, sino disponen además de los lujos a los que pueden accederse y los “productos” que pueden comprarse. Así de grave es la situación. Por cierto, el actual titular de Seguridad en Quintana Roo,
Rubén Oyarvide Pedrero, aseguro al escribiente, en reciente entrevista telefónica, que los directivos de los centros penitenciarios serían sustituidos antes de que concluyera el mes de enero. Esta semana es clave pues, para ver si se cumplirá.
Pero hay un dato más lapidario: de los tres mil 117 reos de las cárceles estatales, tan sólo 334 cuentan con sentencia condenatoria; es decir apenas el 10 por ciento. El rezago es brutal, terrible. Habla de una absoluta incapacidad para brindar justicia. Ciertamente, la mayoría son criminales detenidos y alejados de la sociedad a la que, en teoría y solo en teoría, no pueden dañar desde los centros penitenciarios. Pero ¿qué pasará con todos los que han sido detenidos y son inocentes? Cree el lector que esa situación es muy lejana, se sorprendería lo común que es. Así, lo único que no puede seguir ocurriendo, es que no ocurra nada. La situación es de suma emergencia; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
