Aun cuando no queda claro cual será el impacto del “plan b” de la reforma electoral a los organismos públicos electorales locales (OPLEs) desde el Instituto electoral de Quintana Roo (Ieqroo) se acompañará al INE en los recursos legales que se interpongan contra la pretendida legislación.
La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ruby Pacheco Perez, consideró de nueva cuenta que esa reforma atenta contra las instituciones y su espíritu democrático, además de sesgar la participación ciudadana en la organización directa de los procesos electorales.
Reconoció que aún no existe claridad en la afectación al Ieqroo y la expectativa es una adelgazamiento de la plantilla del personal y la compactado de la estructura al reducirse a dos de las siete direcciones que actualmente la integran.
Aseguró que con el presupuesto ordinario aprobado para este año por 119 millones de pesos se asegura que cuando menos en 2023 no se requerirá ninguna modificación y será hasta 2024, cuando en su caso deban realizar los cambios que podrían dejar fuera de nomina a gran parte del personal actual.
Entonces la parte más importante del proceso electoral en 2024, deberá llevarse a cabo con un OPLE más compacto y con menor personal, que también representará una carga económica por las indemnizaciones laborales que deberán pagarse, sin embargo aun no llegan al análisis de esa situación, explicó Pacheco Pérez.
“Debemos tener en firme la ley para saber cual es impacto, cuales son las tareas que nos van a corresponder y hasta cuales serán las materias legales que deberemos combatir para defender las instituciones electorales con toda la carga y beneficios democráticos que representan, advirtió la consejera presidenta local.
